Cortina de humo. Perspectivas sobre la toma y retoma del palacio de Justicia.

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cabezaMuy seguramente en el momento que salga esta editorial la noticia del momento habrá dejado de ser las lágrimas de cocodrilo de algunas representantes de la oligarquía criolla frente a los hechos acontecidos algunas décadas atrás con la toma del Palacio por parte del M-19 y la retoma del mismo por parte de las Fuerzas Militares en aquel momento.

Ahora llenarán los titulares de los noticieros y la prensa, el concurso nacional de “Belleza”, El partido de la Selección Colombia en Chile, el morbo explotado con la tragedia de Armero, entre otras. Y no podía ser de otra manera ya que en nuestro país todo se diluye en el sagrado manto de la banalidad mediática.

No es de extrañar entonces que atrás hayan quedado los titulares sobre el Holocausto del Palacio, las razones del M-19, la “financiación” del Cartel de Medellín a la Toma, o la “injusta” pena que recae sobre personajes como los Generales Plazas Vega y Arias Cabrales.

El Anuncio de la entonces Ministra de Comunicación, Noemí Sanín, en el cual ratificaba su soberbia al no pedir perdón por los hechos ocurridos el 5 y 6 de Noviembre de 1985, destacándose en su papel de censura por parte del Estado a los medios de Comunicación que estaban transmitiendo los hechos en la Plaza de Bolívar y sus alrededores, nos demostró una vez más como el Estado a través de los medios de comunicación pueden llegar a tergiversar la historia de los sectores en resistencia convirtiendo en enemigos del pueblo a los sectores más beligerantes, que en mayor o menor medida, buscan un cambio en la situación Social, Política y Económica de las millones que sufren la violencia capitalista a través de la pobreza y la miseria a la que han sido sometidas.

No es papel de nosotras criticar “La operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, Ni el accionar del M-19 en dicha oportunidad. No obstante, cabe hacer un pequeña reflexión del contexto en el que esta operación se produjo y la respuesta que tuvo por parte del Estado: la retoma acaecida por parte de las Fuerzas Militares, en cabeza del Ejercito Nacional, el F2 y el DAS.

Para aquel entonces, Colombia enfrentaba 20 años de Conflicto social y armado, en donde varios actores tomaban un rol preponderante en la lucha por el poder, entre ellos se encontraba el M-19, una guerrilla Nacionalista surgida desde la pugna electoral, en la cual, la socialdemocracia representada por la Alianza Nacional Popular –ANAPO- reclamaba el fraude ante unas elecciones “irregulares” en la década de los 70’s, que como en todas las colombianas, fue el circo ideado para legitimar a la oligarquía de siempre en Cabeza de Misael Pastrana quien se desempeñaba como dirigente del Partido Conservador.

En su momento, el país se encontraba afrontando unas conversaciones de paz con varios actores insurgentes en los cuales se destacaban varias de las guerrillas que actualmente se encuentran desmovilizadas, propendiendo por un cambio dentro del sistema político en el marco de la democracia burguesa. Todo esto en el escenario que siempre hemos conocido, millones de pobres desplazadas por el conflicto enraizado en las disputas por el capital engordando los cinturones de miseria en campos y ciudades. Lo anterior, rubricado en un estado de sitio que restringía derechos ciudadanos básicos, al mismo tiempo que aumentaban las deudas adquiridas por el gobierno con la Banca internacional para cumplir estándares impuestos por entidades multilaterales. Igualmente importante, la consolidación de la oligarquía criolla que disfrutaba a sus anchas de los beneficios que representaba tener el respaldo del imperialismo Norteamericano en su lucha contrainsurgente, razón que lleva a comprender porque el gasto militar era de los más altos de la región con uno de los ejecitos más gruesos del continente, entre otras medidas.

A nivel continental, es importante no perder de vista que a ello se le sumaba los primeros indicios del proyecto neoliberal que en Chile estaba surtiendo sus últimos experimentos para replicarlo con la directriz de los Chicago Boys por toda Latinoamérica con su nefasto referente de dictadura militar.

Referencias a estos hechos los podemos encontrar en cualquiera de los análisis que las grandes empresas de formación –especulación- de opinión hicieron la semana pasada. El registro de 40 hombres y mujeres, que osadamente se tomaron el tercer símbolo en importancia de los poderes estatales: el Palacio de Justicia. La intención era lograr desde allí expresar en la palestra pública sus demandas frente a la “traición” por parte del Gobierno de Belisario Betancourt-que curiosamente en su candidatura de 1982, fue apoyado ampliamente por el sector de la ANAPO, partido político de los principales fundadores del M-19.- en el incumplimiento de los pactos de Paz firmados en Corinto, El Hobo y Medellín el 24 de agosto de 1984.

Versiones por parte de los medios de comunicación de esa época, si ningún atisbo de investigación o de ética, comenzaron a crear y difundir la versión oficial en la cual se culpaba de las muertes y desapariciones a la célula guerrillera encargada de la acción, donde se decía, que el Comandante del Operativo se había amarrado junto a varios Magistrados para inmolarse con varios explosivos atados a su cuerpo. Asimismo, de forma irresponsable se dijo que los guerrilleros habían ejecutado a sangre fría a los rehenes que quedaban en la mañana del 7 de Noviembre, entre otras tonterías típicas del arrodillado periodismo criollo que tenían por finalidad eximir al Estado de cualquier responsabilidad de los asesinatos a manos del ejército nacional, el DAS y el F2 en el proceso de retoma, buscando por carambola, nublar cualquier razón política de la guerrilla del M19 frente a su proceder en miras de forzar su futura desmovilización.

En ese marco, el papel de censura asumido por la Ministra Sanín fue fundamental para que este hecho no desencadenara una reacción por parte de sectores afines a la forma de hacer política del M-19, aprendiendo de la experiencia del Bogotazo en la que los medios fueron un factor fundamental en el desencadenamiento de la insurrección popular. El ministerio de Comunicaciones, en cabeza de Noemí fue uno de los primeros en tomar decisiones dentro de la Casa de Nariño, tomando la posición de no negociar con los “terroristas”, justificando su accionar bajo el sofisma de que unas cuantas jóvenes pusieran en Jaque a las instituciones democráticas y Republicanas.

Contado esto, es evidente la labor de los medios de comunicación junto con las políticas estatales de censura frente a unos acontecimientos que de manera parcializada pudieron llegar a representar un riesgo para su legitimidad. Paradójicamente, la censura de este suceso fue asumida de forma solapada por varios sectores de la sociedad, mientras otros tantos fueron desviados y diezmados con un partido de fútbol acompañado de la posterior versión oficial replicada y amplificada por las fabulas de los medios de desinformación.

Valdría la pena reflexionar que si el mecanismo que se pretende como reparación a la victimas es la verdad y la Justicia, es impajaritable encontrar a las culpables y responsables en las más altas esferas del Estado de por aquel entonces, que casualmente, son las mismas castas políticas que nos gobiernan hoy en día. Es una responsabilidad ética e histórica encontrar en el funcionamiento mismo del Estado a los culpables de esta tragedia que no es más desesperanzadora que la muerte de niñas por desnutrición en la Guajira o el Chocó, las ocho millones de pobres que sufren día a día la miseria y la explotación de un Estado que siempre ha servido a los intereses de los mismos Betancourt, Pastranas, Santos, y toda la ralea reaccionaria que detenta el poder en el país.

De la misma forma, debemos reconocer el aporte de una generación que logró asumir su época y condiciones de lucha con acciones marcadas por la creatividad y su cercanía a las demandas de las explotadas. Es por esto que las generaciones presentes deben continuar con una actitud más avezada y astuta frente a un Estado que tiene en sí mismo la capacidad de atropellar la dignidad de cualquier ser humano que se le interponga. El momento actual exige una generación que sea capaz de analizar las condiciones en las que el poder se afianza por medio del autoritarismo y las prácticas violentas. Tenemos que promover una actitud capaz de anticiparse a la reacción por parte de los aparatos represivos que no mediaran en la defensa de la institucionalidad y las condiciones de opresiones que el estado inherentemente conlleva.

Visto así, no resulta descabellado afirmar que estas fechas nos sirven para recordar, pero también, nos ayudan a darle cara a los problemas que persisten en un nuestro entorno y las razones que han permitido su permanencia. Son a su vez, una invitación a la reflexión en cuanto al poder y su persistencia en nuestras vidas ratificando que este sistema no va a ser destruido tan fácilmente. La tarea de construir una conciencia colectiva capaz de desterrar de nuestros corazones cualquier atisbo de autoritarismo y opresión, es la ocupación que debe fundamentar nuestro accionar en todas nuestras relaciones y territorios.

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