Acuerdos

Las víctimas más allá de los acuerdos

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Plantilla-ImagenEl tema de la reparación de víctimas, ha sido un tema recurrente no solo en la mesa de negociación de la Habana sino en el grueso de la población colombiana. En el meollo del asunto la interrogante constante es cómo asegurar los mecanismos necesarios para que posterior a la firma de los acuerdos se cumpla con los estándares exigidos por la corte institucional como lo son: Verdad, Justicia, reparación y garantías de no repetición.

Según los estándares internacionales establecidos para la aplicación de justicia transicional en la finalización de un conflicto, se firmó en septiembre del presente año un acuerdo de justicia transicional bajo un tribunal especial para la paz que se encargará de diseñar los mecanismos por medio de los cuales se darán las garantías del cumplimiento del proceso, así como de la aplicación de los estándares establecidos. A partir de ello, se acordó que se establecerían amnistías e indultos lo más amplias posibles, determinando tentativamente penas punitivas que van desde el indulto absoluto hasta 8 años de condena. Todo esto enmarcado en el eje central de la reparación: La verdad. Una de las características a resaltar, no solo desde la firma del acuerdo de justicia sino desde la propuesta de la FARC-EP, es la de instalar una comisión de la verdad, que ha logrado establecer algunos elementos que marcan la pauta en el avance del reconocimiento de las víctimas para su posterior reparación, incluido en ello el “castigo” a sus victimarios de las que serían parte las penas punitivas acordadas.

Con estos anuncios, los pronunciamientos de diferentes sectores políticos y sociales no se hicieron esperar, uno de los más controversiales ha sido del ex presidente y senador de la república Álvaro Uribe Vélez, quien a partir de una comunicado público el mismo día de la firma de estos acuerdos manifestó su descontento. Su pronunciamiento se enmarco en la indignación por la equiparación de las fuerzas armadas y la población civil con “los terroristas de las farc”, así como su rechazo, como lo ha manifestado desde el inicio de los diálogos, sobre la presencia de la “Dictadura de Venezuela” entro otros temas. Por otra parte el grueso del movimiento social y la izquierda colombiana así como los aliados del gobierno celebraron esta firma, evidentemente enmarcados en diferentes intereses y desde diferentes puntos de vista.

Y entre tanto pronunciamiento ¿En dónde están realmente las víctimas?

La justicia consensuada en estos acuerdos es de carácter restaurativo, es decir, que busca restablecer las relaciones entre las víctimas y los victimarios a través de una reparación integral que pase por la reconciliación de toda la sociedad. Dentro de este punto, es importante resaltar que cuando se habla de reparación de víctimas a partir de sus victimarios, se habla también de cómo el gobierno reparará a la población que ha sido víctima de sus intentos de combatir la insurgencia, bien sea estatal o paraestatalmente.desplazados

En ese marco, el gobierno nacional crea en el año 2012 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cual bajo la firma de estos acuerdos y la próxima firma (en caso de que así sea) de los acuerdos en general, será afianzado como mecanismo de registro y control de reparación de víctimas en el país. Estableciendo su misión, visión, enfoques y objetivos tanto estratégicos como tácticos, podemos leer en estos últimos, planteamientos como: “Retornar y/o reubicar a las víctimas del conflicto en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad.” Y “Adelantar acciones de pedagogía social encaminadas al reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos y al ejercicio pleno de su ciudadanía.”, así como toda una estrategia de reparación enfocada en la restitución de tierras y construcción de vida digna – al menos en el discurso – para las víctimas y la población en general, buscando la reconstrucción social, política y económica de la nación.

En datos concretos esta unidad de reparación tiene en el registro único de víctimas 7´758.935 personas afectadas, de las cuales según esta misma plataforma han sido sujeto de asistencia y reparación 5´932.213 de ellas. A primera vista, estas cifras nos hacen preguntarnos ¿cómo ha sido el proceso de registro de las más de 7 millones de personas mencionadas teniendo en cuenta la dificultad en términos de acceso qué tendrían ellas a estas plataformas virtuales reconocimiento las condiciones de la ruralidad colombiana de donde mayoritariamente provienen estas personas? , y por lo tanto, sin atrevernos a especular sobre cifras ¿Qué cantidad de víctimas hay realmente en el país? Y ¿Cuáles han sido los parámetros en esta supuesta reparación a más de 5 millones de ellas? Para esto hemos querido contrastar con pequeños ejemplos la situación del reconocimiento de víctimas en estas apuestas gubernamentales en prácticas concretas.

El 21 de septiembre de 2015 el periódico El Tiempo titulaba: “Con gases lacrimógenos ESMAD se toma edificio con desplazados”, así pues en casos como este, observamos cual es la verdadera atención que se le ofrece a la víctimas, en ese sentido tratando de dilucidar una respuesta un poco más clara a nuestra segunda pregunta, nos remitimos al mencionado articulo en donde Ruby Teresa Mosquera, desplazada de Caucasia, Antioquia afirma: “Llevo doce años con dos subsidios aprobados, con tutelas y ni así cumplen”. De esta manera, casos como el suyo abundan en el país como muestra de las condiciones de “reparación” con que cuentan las mas de 5 millones de personas atendidas por las medidas estatales según sus propias cifras.

En los datos de la plataforma de víctimas, en el departamento del Caquetá, municipio de Albania, se registran para el año 2015 un total de 24 personas expulsadas y 25 personas recibidas en la unidad. No obstante, en la actualidad, se encuentran asentadas en una de las tantas zonas periféricas de Bogotá más de 75 personas, la mayoría de la vereda de Aguas Claras, perteneciente al mencionado municipio. Estas 75 personas pertenecientes solo a una vereda, que se encuentran en la ciudad hace casi 2 meses, manifiestan haber asistido a reuniones realizando peticiones al Estado en busca de ayuda sin respuesta alguna. Lo anterior es contrastable con las 24 personas que dice el gobierno han sido expulsadas en el presente año del municipio completo, siendo el 1 de Noviembre la fecha de la última actualización de la base de datos de la unidad.

Igualmente, el 11 de noviembre de 2015 Agencia Prensa Rural titulaba: “Casas campesinas ocupadas ilegalmente por Ejército en Cauca” denunciando como desde el 23 de octubre se han venido haciendo saqueos a predios campesinos en diferentes municipios de dicho departamento en donde se han registrado gran cantidad de víctimas del conflicto armado y social en Colombia. Con estos tres ejemplos, que aunque se quedan muy cortos, es posible evidenciar las verdaderas intenciones de reparación de las que se mofa el gobierno. Preguntamos entonces nosotros: ¿Esta es la reparación de Santos?

Con el intento de ilustrar algunos casos que reflejan la situación actual de las víctimas, parece bastante paradójico que sean personas que desde la comodidad de sus computadores generen oposición o apoyo férreo teniendo en cuenta que nunca han sido objeto ni conocen de primera mano las condiciones que millones de víctimas del conflicto social en Colombia han padecido en el desenvolvimiento de la guerra. Y aún peor, el cinismo de las personas que al ser actores claves con profunda responsabilidad en la situación que posibilita la existencia de víctimas, pretendan establecer condiciones de reparación que mas allá de generar reconstrucción de tejido social, ahondan en el conflicto. Bastante clara es ya la postura del gobierno frente a las víctimas, a quienes solo pretende atender en el marco de la negociación de unos acuerdos de la Habana, que por cierto, pueden llegar a favorecer sus políticas neoliberales en otros puntos que se encuentran en calidad de negociación – este escenario si bien no es inexorable si es posible- y es en ese contexto en el que juega la clase dominante en el marco de las relaciones costo/beneficio, en otras palabras, estamos ante un tira y afloje en la coyuntura generada durante la firma de los acuerdos y la que se pueda generar posterior a ellos, se firmen o no. Así pues es necesario preguntarnos ¿Está dentro de las intenciones del gobierno la reparación de las víctimas más allá de lo que dentro de sus intereses pueda llegar a negociar con los acuerdos?, bastaría mirar su proceder para sacar sus propias conclusiones.

Visto de esta forma, afirmamos vehementemente que la reparación de las víctimas así como la construcción de una vida digna de todas las personas, no debe estar sujeta a una negociación a conveniencia del alcance que pueda tener uno u otro actor. Esta posibilidad de vida digna debe ser una lucha desde las víctimas mismas, aquellas quienes conocen más que nadie cual ha sido su proceso y como se deben reparar. Es por esto que nosotras como anarquistas debemos estar en las calles, de la mano con aquellas a quienes no les han permitido que su voz resuene hasta La Habana. Ellas,   quienes conocen más que nadie el conflicto sin haber leído o escrito sobre él y en quienes debe estar la decisión de pactar, o no, la forma de reparación y las políticas que, respondiendo a la necesidad de construcción de paz, beneficien a todas las que históricamente han sido vilipendiadas.