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El Estado no quiere la paz

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El presupuesto general de la nación que el gobierno de Juan Manuel Santos acaba de presentar para su aprobación ante el Congreso es otra muestra más de que el Estado no quiere la paz. La posición es clara, en cuanto a la reducción del presupuesto general, el cual busca excusarse en la caída del precio del petróleo.  Esto es una consecuencia de los distintos gobiernos neoliberales que desde hace décadas le han apostado a la economía extractivista, y que, en este caso, Santos ratificó en sus pasados planes de gobierno con la llamada Locomotora minero-Energética. Una crisis causada por el papel que juega Estados Unidos en la economía global, pues tiene la capacidad de presionar por la paz o por la guerra, a todos los países productores de petróleo para que jueguen de acuerdo a las reglas que el imperio proporcione.

Recordemos que el precio del petróleo ha venido bajando estrepitosamente desde que EEUU decidió explorar nuevas técnicas de extracción de hidrocarburos con el Fraking, sobresaturando el mercado de petróleo, haciendo por consecuencia que los precios bajen, por simple ley de oferta y demanda.

Esto pareciera que le funcionó a EEUU en varios frentes, pero uno de los más importantes es el sometimiento de la “Revolución Bolivariana” por coacción económica que además de otras jugadas por fuera de los marcos legales estatales, como la financiación de la oposición, el lock out por parte de los dueños del capital, la manipulación mediática, el acaparamiento de producción, etc.

En Colombia, se hace sufrir la crisis del petróleo como siempre a los más pobres, con esta excusa el gobierno tramitó una reforma tributaria en que tocaba el bolsillo de todos los hijos de vecinos, con el aumento al IVA del 16% al 19%, cifra que en el corto tiempo ha significado una reducción del consumo interno y un daño colateral a los empresarios agremiados en FENALCO, los cuales ya pidieron una tregua frente a esta lesiva reforma[1]. Pero esta reforma obviamente no tocó a los peces grandes de la economía local, ni a las grandes multinacionales que siguen con sus planes de extraer materias primas a bajo costo para aumentar sus ganancias, deteriorando el medio ambiente y su relación con miles de familias adyacentes a los grandes proyectos de extracción.

Ahora el gobierno utiliza la misma carta para justificar el nuevo presupuesto de la nación, esto en el marco del mal llamado “Posconflicto”, que pareciese avanzar tan solo en la voluntad de la FARC-EP, y en el número de vidas de jóvenes pobres que ya no mueren por una bala de un fusil de lado y lado, y no de aquellos que posiblemente morirán en las calles de barrio marginales, en sala de espera de cualquier EPS, intoxicados en alguna fabrica, o como lo vienen haciendo, seguirán muriendo en manos de aquellos que nunca han dejado la confrontación, sin importar si les llamen bandas criminales, o herederos del paramilitarismo, o autodefensas gaitanistas.

Los Ministerios de Cultura, Ambiente, Educación, agricultura y otros, van a sufrir una reducción del presupuesto para la ejecución de políticas y programas, mientras el presupuesto en defensa va aumentar. Esto es a lo que nos tiene acostumbrado el Estado, un incremento en el presupuesto en la militarización de la vida, en la conformación de un estado represivo y garante del capital extranjero para el usufructo de las riquezas de los territorios.

Sabemos que en esta noticia se evidencia el papel del Estado como garante de la inequidad social, no pediremos en estas líneas un incremento en los gastos de los Ministerios, sabemos que gran parte de este dinero que le extraen a la fuerza a verdaderas trabajadoras y campesinos, se va a los bolsillos de una clase parasitaria que en sus oficinas intentan justificar sus millonarios sueldos y abultadas nóminas, afectando la vida de millones de personas, o que paran en las cuentas en paraísos fiscales de multinacionales como Odebretch, sabemos que simplemente la mayoría de esos presupuestos se utilizan para legitimar el accionar de un Estado fallido a costa de 45 millones de personas.

Es clara la intensión del Estado, pues el incremento del presupuesto en Defensa, se verá en dirimir los reclamos de las campesinas, indígenas, estudiantes y ciudadanas en general; es como lo ha estado haciendo, y es como lo seguirá haciendo. También debe incrementar la presencia estratégica en aquellos territorios que disputó por años con las guerrillas y que ahora debe preparar para proyectos estratégicos del región como el proyecto de integración IIRSA[2] en el cual está comprometido  con 39 proyectos financiados con presupuesto propio.

Ante lo que viene debemos insistir en construir alternativas para la resolución de la crisis entre los de abajo, potenciar las iniciativas comunitarias en las cuales no medie el Estado, construir de la mano de los campesinos y trabajadores métodos solidarios de lucha, para enfrentar las problemáticas actuales, y prepararnos para los años venideros en los que seguramente la extrema derecha recuperará el poder ejecutivo, y aplicará un nuevo escenario de confrontación directa con los sectores en resistencia.

[1]http://www.eltiempo.com/economia/sectores/bajar-el-iva-en-diciembre-y-otras-propuestas-de-fenalco-para-reactivar-la-economia-120056

[2]https://www.flipsnack.com/IIRSA/fichas-de-la-cartera-del-cosiplan-y-de-la-api-por-eje-y-por-pais.html

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¡El Bagre y el Urabá! Testigos presentes del Futuro anunciado.

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Los últimos acontecimientos acaecidos en el Urabá y  el Bagre Antioquia,  donde se vive una arremetida paramilitar denotan un sintomático problema social que tiene que ver con algunos matices a analizar que tejen el complejo panorama para estas comunidades que se encuentran en el centro del huracán del conflicto que azota a nuestro país. Sin mencionar los recientes sucesos de La Uribe, Meta, de claro accionar criminal de la Fuerza Pública. En el caso del Bagre según el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC) se registran: “desaparición forzada (en dos veredas dos, hombres de 84 y 20 años), asesinatos, confinamientos o desplazamiento forzado (de 570 personas que conforman 193 familias de las veredas La Llana, Moqui, La Primavera, El Coral, El Oso y El Castillo, pertenecientes al corregimiento de Puerto Claver)”. Y en el Uraba, en medio del proceso de restitución de tierras al que se opone airadamente la derecha “narcoparatraqueta”: “Desde 2012 los campesinos han venido retornando a sus tierras, algunos de manera voluntaria otros con acompañamiento institucional; sin embargo en estos últimos meses ellos han venido recibiendo amenazas de grupos ilegales que se hacen llamar gaitanistas, quienes los han amenazado de muerte, les han quitado el ganado que ellos cuidan para su subsistencia, también les han quemado sus viviendas y algunos los han agredido físicamente” presiones que se han intensificado en estos últimos días . Según Nora Saldarriaga -subdirectora de la Fundación Forjando Futuros- .

No podemos concebir los problemas sociales al margen del desarrollo histórico pues sería un craso error que nos impediría ver la verdadera dimensión de lo que se está viviendo. Estas zonas del país –que no son las únicas por supuesto- han estado inmersas en un incesante conflicto armado que las ha desangrado permanentemente y que hunde sus causas fundamentales en el despojo de la tierra a mano de fuerzas oscuras sostenedoras del proyecto capitalista criollo, fértiles y hermosas tierras que han  tenido que sucumbir ante el avance desproporcionado de la guerra  con fines lucrativos y que tiene como principales actores armados a los aparatos represivos del estado, ilegales o no en clara connivencia entre los dos.

Pero este fenómeno paramilitar en proceso de reconfiguración no ha sido fortuito y habrá que entenderlo muy bien como una táctica básica del bloque hegemónico dominante que siempre ha utilizado la sangre y el fuego para legitimar sus nefastos intereses y superar los antagonismos propios de la lucha de clases a la que nos vemos enfrentados,  teniendo como respuesta,   la acción colectiva de los movimientos sociales, y también,  en la fuerza adquirida por las fuerzas insurgentes. Esas mismas que hoy se encuentran en procesos complejos de diálogos de paz con el gobierno nacional: Las FARC-EP en fase definitiva y el ELN en un inicio truncado por diversas tensiones entre las partes.

En ese sentido, dicho contexto político de diálogos de paz es el que enmarca los hechos a mencionar  de arremetida paramilitar -que volvemos a recalcar no son los únicos en el país- y que nos lleva a problematizar los mismos a sazón de los acuerdos últimos alcanzados por las FARC-EP y que cambian totalmente la correlación de fuerzas en estos territorios. La paz que el Estado necesita, se debe leer como dispositivo imperialista y de consolidación del neoliberalismo que es a lo que le apuesta la elite cafetera, la cual le conviene la suspensión de hostilidades por parte de la insurgencia para afianzar la entrada sin presión de grandes intereses Multinacionales, resguardadas como desde la época de la United Fruit Company, por parte de ejércitos Paramilitares.

Con esto queremos poner el dedo en la llaga tratando de interpretar a las comunidades en su clamor de paz pues son ellas las que han llevado la peor parte en esta guerra. Pero son ellas mismas y en ejercicio claro de autonomía y autodeterminación, que tienen que fortalecer sus procesos de base y forjar una estrategia que impida que este fenómeno siga existiendo. Por lo que no es posible en estos momentos hacernos los de la vista gorda, para estar alertas a quienes estamos llamados a ocupar un papel fundamental dentro de la lucha de clases desde las propuestas organizativas autónomas, pues el paramilitarismo no da tregua y como nefastas visiones de lo que puede pasar en un futuro se aparecen como ejemplos concretos el Bagre y el Urabá.

Colectivo Contra-informativo Subversión.