FARC-EP
¡El Bagre y el Urabá! Testigos presentes del Futuro anunciado.
Los últimos acontecimientos acaecidos en el Urabá y el Bagre Antioquia, donde se vive una arremetida paramilitar denotan un sintomático problema social que tiene que ver con algunos matices a analizar que tejen el complejo panorama para estas comunidades que se encuentran en el centro del huracán del conflicto que azota a nuestro país. Sin mencionar los recientes sucesos de La Uribe, Meta, de claro accionar criminal de la Fuerza Pública. En el caso del Bagre según el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC) se registran: “desaparición forzada (en dos veredas dos, hombres de 84 y 20 años), asesinatos, confinamientos o desplazamiento forzado (de 570 personas que conforman 193 familias de las veredas La Llana, Moqui, La Primavera, El Coral, El Oso y El Castillo, pertenecientes al corregimiento de Puerto Claver)”. Y en el Uraba, en medio del proceso de restitución de tierras al que se opone airadamente la derecha “narcoparatraqueta”: “Desde 2012 los campesinos han venido retornando a sus tierras, algunos de manera voluntaria otros con acompañamiento institucional; sin embargo en estos últimos meses ellos han venido recibiendo amenazas de grupos ilegales que se hacen llamar gaitanistas, quienes los han amenazado de muerte, les han quitado el ganado que ellos cuidan para su subsistencia, también les han quemado sus viviendas y algunos los han agredido físicamente” presiones que se han intensificado en estos últimos días . Según Nora Saldarriaga -subdirectora de la Fundación Forjando Futuros- .
No podemos concebir los problemas sociales al margen del desarrollo histórico pues sería un craso error que nos impediría ver la verdadera dimensión de lo que se está viviendo. Estas zonas del país –que no son las únicas por supuesto- han estado inmersas en un incesante conflicto armado que las ha desangrado permanentemente y que hunde sus causas fundamentales en el despojo de la tierra a mano de fuerzas oscuras sostenedoras del proyecto capitalista criollo, fértiles y hermosas tierras que han tenido que sucumbir ante el avance desproporcionado de la guerra con fines lucrativos y que tiene como principales actores armados a los aparatos represivos del estado, ilegales o no en clara connivencia entre los dos.
Pero este fenómeno paramilitar en proceso de reconfiguración no ha sido fortuito y habrá que entenderlo muy bien como una táctica básica del bloque hegemónico dominante que siempre ha utilizado la sangre y el fuego para legitimar sus nefastos intereses y superar los antagonismos propios de la lucha de clases a la que nos vemos enfrentados, teniendo como respuesta, la acción colectiva de los movimientos sociales, y también, en la fuerza adquirida por las fuerzas insurgentes. Esas mismas que hoy se encuentran en procesos complejos de diálogos de paz con el gobierno nacional: Las FARC-EP en fase definitiva y el ELN en un inicio truncado por diversas tensiones entre las partes.
En ese sentido, dicho contexto político de diálogos de paz es el que enmarca los hechos a mencionar de arremetida paramilitar -que volvemos a recalcar no son los únicos en el país- y que nos lleva a problematizar los mismos a sazón de los acuerdos últimos alcanzados por las FARC-EP y que cambian totalmente la correlación de fuerzas en estos territorios. La paz que el Estado necesita, se debe leer como dispositivo imperialista y de consolidación del neoliberalismo que es a lo que le apuesta la elite cafetera, la cual le conviene la suspensión de hostilidades por parte de la insurgencia para afianzar la entrada sin presión de grandes intereses Multinacionales, resguardadas como desde la época de la United Fruit Company, por parte de ejércitos Paramilitares.
Con esto queremos poner el dedo en la llaga tratando de interpretar a las comunidades en su clamor de paz pues son ellas las que han llevado la peor parte en esta guerra. Pero son ellas mismas y en ejercicio claro de autonomía y autodeterminación, que tienen que fortalecer sus procesos de base y forjar una estrategia que impida que este fenómeno siga existiendo. Por lo que no es posible en estos momentos hacernos los de la vista gorda, para estar alertas a quienes estamos llamados a ocupar un papel fundamental dentro de la lucha de clases desde las propuestas organizativas autónomas, pues el paramilitarismo no da tregua y como nefastas visiones de lo que puede pasar en un futuro se aparecen como ejemplos concretos el Bagre y el Urabá.
Colectivo Contra-informativo Subversión.
Reflexiones al anuncio del Cese al fuego y de hostilidades Bilateral entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep
Hoy, 23 de junio del 2016 se vive un momento histórico en toda la nación, la insurgencia de las Farc-Ep y el gobierno nacional llegan a un acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades de manera bilitareal y definitiva. En ese marco, es innegable la importancia que tiene este suceso en lo que concierne a la agenda política de la organización alzada en armas desde hace 52 años.
Dadas las implicaciones propias de la guerra, se hace necesario problematizar las repercusiones de la firma del acuerdo. La primera de ellas: el cese de hostilidades no significa el ultimo día de la guerra o el fin del conflicto como algunos han anunciado, y esto habrá que tenerlo presente, pues es innegable la existencia tanto de circunstancias como de actores armados bien sean fuerzas rebeldes o paraestatales —sin punto de comparación— que desbordan los alcances de pueda tener la voluntad de las Farc-EP y el gobierno nacional. A partir de lo anterior, no resulta descabellado pronosticar un recrudecimiento de las hostilidades para aquellos sectores que se encuentren fuera del marco del mencionado acuerdo. Es más, tras este acuerdo las elites políticas y económicas preparan una nueva reacción que podemos avizorar: el nuevo código de policía y la consolidación de la criminalización de la protesta social, la ley Zidres y la contrarreforma agraria que este significa, hacen parte de un larguísimo etc’s de leguleyadas sectorizadas que apuntan a desarticular al movimiento social y golpear a parte del mismo sobre todo si se trata de procesos independientes o autónomos.
En ese sentido lo que para un sector importante de la izquierda,— incluida la insurgencia— junto con grandes segmentos de la población colombiana leen como una victoria, para otras, nos debe implicar un reto que pasa por diferentes cuestiones: Primero, reafirmar en la acción que la agenda política de las FARC-EP no es el derrotero de luchas sociales del país –aunque haga parte de si—y segundo, el fortalecimiento de los procesos autónomos con miras a su articulación con el fin de que a través del trabajo conjunto podamos garantizar los procesos de movilización social en medio de un conflicto de clases latente y aún vigente como se constata en la consolidación del modelo neoliberal en Colombia asentado en la explotación minero energética, la invasión del capital extranjero, entre otras circunstancias. Es un momento histórico y lo tendremos que afrontar como tal: Una lucha de clases, apostándole al trabajo de base y la inserción social.
La paz más cerca del capital, más lejos de los pueblos
La desarmonización en los territorios ancestrales y sagrados de las comunidades étnicas no ha cesado; ahora, en plenos diálogos-acuerdos entre las insurgencias y el Gobierno Nacional sobre un eventual fin del conflicto armado, la bota militar y paramilitar se ha asentado con un gran poder de sangre y muerte en aquellas tierras.
En los últimos meses, en el Cauca, y en general en municipios y ciudades del país, la ofensiva paramilitar –ojo, no BACRIM o bandas delincuenciales- ha hecho resurgir un dominio de terror entre los habitantes rurales y urbanos de estos territorios. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Águilas Negras y otros grupos no identificados han retomado fuerza y capacidad militar en territorios estratégicos para sus acciones cobardes y terroristas. El paramilitarismo está atacando, igual que el Uribismo, cabe preguntar: ¿Casualidad? o ¿Combinación de todas las formas de lucha?
De este modo el movimiento social, la población en general (estudiantes, trabajadoras/es, afrodescendientes, campesinas/os, indígenas, personas de a pie) estamos resistiendo a la ofensiva que se está llevando a cabo con amenazas, hostigamientos, paros armados y atentados. Paros armados en donde la ultraderecha tiene dominio militar: El Urabá Antioqueño, zonas del Magdalena Medio, y que además de ello, allí están asentados grandes emporios económicos, multinacionales o terratenientes, de nuevo cabe preguntarnos: ¿Casualidad?
¿Es casualidad que en tiempos de una posible desmovilización de las insurgencias del país aparezca como un monstruo el brazo armado de la ultraderecha?
En lo que va corrido del año 2016 han asesinado –preocupantemente- decenas de militantes de Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y líderes comunales así como de organizaciones sociales indígenas, campesinas y afros.
En el Norte del Cauca, departamento aguerrido con presencia de las insurgencias gracias a sus condiciones geográficas y su configuración social, también han tomado posiciones los paramilitares –o eso parece- donde las comunidades indígenas y en este caso la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) en repetidas ocasiones han venido denunciando amenazas en su contra: El día 6 de Abril, seis personas armadas interceptaron a un líder indígena para notificarle su exilio obligado del pueblo, de lo contrario, lo asesinarán[1]. Así como también el coordinador de la guardia indígena está amenazado desde hace varios días.
En estos cuatro meses del presente año se ha incrementado en un 38% -a comparación del año 2015- la violación de los Derechos Humanos a comuneros indígenas, por parte de la policía, ejército, ESMAD y grupos armados paramilitares. La violación a la jurisdicción especial indígena ha sido negada por la justicia ordinaria del Estado; irrespetando, discriminando e imponiendo la autoridad estatal; tal es el caso del líder indígena Feliciano Valencia en el 2014: En la minga social del 2008 en movilizaciones y protestas adelantadas por la comunidad indígena, el cabo del ejército Jairo Chaparral se infiltraría con el objetivo de montar un falso positivo judicial, donde señalarían que las protestas estaban apoyadas por la guerrilla. En su morral, se encontraría un radioteléfono, así como prendas de las fuerzas armadas colombianas. La justicia indígena y comunitaria declararía contra el militar 20 azotes y un baño con plantas medicinales para armonizarlo. Valiéndose de lo anterior, el Estado colombiano sentenció a 18 de años de cárcel a Feliciano por tan duro castigo al militar[2]. O el caso de los siete comuneros indígenas capturados por transportar palos de guadua en una camioneta, que según la policía el delito era destruir el medio ambiente[3]. No hay que saber más para darse cuenta del descaro y el racismo.
Pero la desarmonización no es solamente eso. La minería en sus territorios ha incrementado fuertemente, desangrando y perforando la Madre Tierra para la extracción de oro, lo que conlleva a un desequilibrio ambiental, social y cultural de grandes proporciones. Los cultivos ilícitos también han aumentado, con otra gran casualidad: Luego del posicionamiento de una base militar en las montañas cercanas a estos cultivos, la producción de coca y marihuana aumentó[4].
Lo anterior, expresado y denunciado frecuentemente en distintos espacios de confluencia política, social y cultural ha logrado llegar a muchos oídos, pero hace falta llegar a muchos más. Oídos dispuestos a escuchar para gritar, a ojos dispuestos a mirar para ver, a manos dispuestas a construir. Lo anterior, parece que para la insurgencia sentada en La Habana, no le ha quedado muy claro, en cuanto a la participación del movimiento indígena, campesino o afro. No se trata de cooptar, se trata de escuchar y llegar a la anhelada Unidad.
El 23 de febrero pasado, las comunidades del Cauca se encontraron para analizar el encuentro de los actores del conflicto que lleva más de 4 años. A partir de cuatro preguntas se analizó la situación. Una de estas preguntas fue:
¿Cómo incidir para que la mesa de negociaciones de paz en la Habana – Cuba, garantice el diálogo con los pueblos indígenas? La respuesta que dieron los participantes fue muy concreta, señalaron que la propuesta que dieron algunos líderes de incidir en la mesas de negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC sonaba de forma interesada, porque no es posible participar en estos diálogos sin tener propuestas que sean construidas de forma consulta y por las bases, en este sentido es mejor exigir a los actores armados y el capital transnacional que respeten los territorios en vez de incidir en la mesa que no aborda la crisis del sistema capitalista[5].
La propuesta de paz que desde el Norte del Cauca y en general las comunidades étnicas siempre han demandado para su pervivencia y armonía se construyen a partir de demandas ancestrales y comunitarias bajo lógicas de democracia directa en asambleas amplias: Los derechos territoriales de los pueblos indígenas, el fortalecimiento del gobierno propio, garantías para desarrollar la autonomía. Demandas que el propio Manuel Quintín Lame las iba tejiendo en las insurrecciones de principios del siglo XX para que en 1971 se conformara el Congreso Regional Indígena del Cauca, donde su lucha ha sido por la pervivencia y la paz; la unidad, tierra, cultura y autonomía.
Para la última semana de Mayo, se está organizando una gran movilización desde los territorios ancestrales, en la que pedirán al Gobierno Nacional el cumplimiento del 97% de lo pactado en el último paro nacional agrario. En esa medida de reivindicaciones y demandas, también se observará con ojos críticos el tema de la minería, la tenencia de la tierra, el paramilitarismo y la participación en la mesa de negociaciones.
Hay que recordar, que en Cuba con las FARC-EP, o en varios países del continente con el ELN, no se está ni se va a negociar el modelo económico ni el problema agrario en profundidad. Las insurgencias están condicionadas bajo sus banderas políticas, dejando a un lado las propuestas del grueso de los movimientos sociales de talante autónomo. Por todo lo anterior, hay que impulsar los principios de autonomía que se pueden encontrar en luchas sociales y étnicas, que más allá de lo que se pacte entre dos actores del conflicto, puedan llegar a dilucidar un horizonte de lucha donde los pueblos salgan del olvido y la muerte.
[1] Denuncia hecha el día 7 de Abril por la consejera de la ONIC en rueda de prensa con medios alternativos de comunicación.
[2] Ver al respecto:http://www.las2orillas.co/caso-feliciano-valencia-justicia-indigena-si-pero-cuando-conviene/
[3] http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/nuestra-palabra-kueta-susuza-2013/8094-la-detenci%C3%B3n-de-siete-comuneros-del-resguardo-ind%C3%ADgena-de-sanfrancisco-es-otro-golpe-para-la-justicia-propia
[4] Denuncia hecha el día 7 de Abril por el gobernador de la ACIN, en rueda de prensa con medios alternativos de comunicación.
[5] Vera al respecto: http://www.nasaacin.org/nuestra-palabra/8078-%E2%80%9Cuna-cosa-es-lo-que-piensa-el-burro-y-otra-cosa-el-que-lo-arrea%E2%80%9D-comuneros-hablando-de-%E2%80%9Cincidir%E2%80%9D-en-la-mesa-de-negociaciones-de-paz-en-la-habana-cuba
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