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Un nuevo Falso Positivo en el Gobierno del Nobel de Paz

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Lo que ellos nunca supieron fue que vendándome los ojos por tanto tiempo terminaría por fin aprendiendo a ver. De lo que tampoco se enteraron fue que por entre las heridas de las cadenas me retoñaron las ansias de libertad como malezas florecidas”

Antonio Camacho Rugeles

Común se ha convertido en este país, ver cómo los medios corporativos de comunicación, – mejor, de desinformación-, se configuran como jueces y jurados de las vidas de jóvenes involucrados en las luchas sociales por una vida digna. No es nuevo, levantarse con noticias de personas asesinadas o detenidas por ser señaladas de ser “terroristas”, “guerrilleras”, “agitadoras” y un largo de etiquetas que intentan exponer a estudiantes, campesinas, indígenas, trabajadoras y/o toda aquella persona que cuestione el sistema político y económico o al mismo Estado a un escarnio público desgarrador con el fin de exterminar sus vidas, sus familias, sus carreras profesionales, su dignidad, ante un país que lamentablemente, todavía traga entero.

Los medios de des-información lo hicieron con el profesor Miguel Ángel Beltrán, crítico y académico importante para la historia de este país señalado con pruebas risibles de pertenecer a las FARC; hace dos años, la historia se repitió con las 13 compañeras estudiantes -en su mayoría- de la Universidad Pedagógica Nacional, condenadas por los medios de pertenecer a una célula urbana del Ejército de Liberación Nacional (ELN)1. No bastándoles con esto, y aun fracasando en su intento por acabarlos política y judicialmente como soñaban, pues en ambos casos tuvieron que ser dejados en libertad, repetimos, por las risibles pruebas que se mostraron en su contra y por el absurdo procedimiento llevado a cabo en su momento, lo volvieron a hacer también con el caso de Mateo Gutiérrez2; el cual fue señalado de pertenecer al ELN, posteriormente vinculándolo a una célula de la organización Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP).

El domingo pasado, 25 de Junio, los medios inician sus emisiones con la detención de 9 compañeras acusadas de participar en la detonación del artefacto explosivo del pasado 17 de Junio, en el Centro Comercial Andino que dejó el saldo de tres personas muertas. Por un lado el ELN condenó el ataque y negó algún vínculo con la acción3 y por otro, el MRP a través de un video y un comunicado escrito, condenaron la acción y señalaron la conveniencia que estos hechos le producen a la extrema derecha del país.4 No hay que olvidar cómo desde el mismo Estado y desde grupos paramilitares se han ejecutado actos terroristas para crear un clima de inseguridad, y culpar, como lo ha venido haciendo, a organizaciones sociales y populares. Para la muestra, cabe mencionar los atentados que produjeron las Fuerzas Militares días antes de la posesión del segundo mandato de Álvaro Uribe, el cual venia posicionando en la opinión pública un ambiente de guerra total.5

Las historias parecieran ser escritas por el mismo autor, una acción militar importante que sacude la inmaculada capital, posterior a ello, un circo mediático en cabeza de las principales autoridades distritales, que incluyen una declaración en el lugar de la escena, posterior a ello declaraciones muy sentidas del Gobierno Nacional, predicando “la tenacidad de todo un pueblo que no se doblega al terrorismo, que confía en sus instituciones y que no descansará para poder dar con el paradero de aquellos que osan irrumpir la tranquilidad de la capital”. Acto seguido, las autoridades con todo un despliegue al mejor estilo de Hollywood, capturan a los “culpables”. Sin duda hay que apostar por “culpables” que sirvan de carne de cañón para dar un mensaje a toda la sociedad, el manual dice que hay que revisar los pasillos y aulas de las principales Universidades públicas del país, como bien lo anuncio el periódico El Tiempo6.

Así pues, en medio de la tan evidente artificiosidad del relato de los entes investigadores respecto a las responsabilidades de la explosión en el Centro Comercial Andino, resaltan algunos elementos que desde ya ponen en sospecha las “decenas” de pruebas7 que corroborarían su versión de los hechos. En primera medida se podría hacer mención a las inconsistencias presentes sobres los imputados tales como los relatos hablados8 que no coinciden en lo más mínimo con los presuntos implicados, situación que recuerda las injurias9 sobre Mateo Gutiérrez a las que nos hemos referido en párrafos anteriores. Por otra parte, la línea de incongruencias continua respecto a los procesos de captura como se evidencia en el caso de Iván Ramírez, quien fuese retenido en supuesta flagrancia y posteriormente tendría que ser puesto en libertad por irregularidades en el proceso10, lo cual permite inferir, que la tan mentada “contundencia” de los hallazgos que se ciernen alrededor del caso se encuentra en entredicho.11 No es de extrañar entonces la poca creatividad manifiesta por los entes investigativos quienes se han referido a los supuestos “alías” de los detenidos según alguna de sus características físicas, en ese sentido, se designaron motes12 entre los que se destacan por su obviedad: “El calvo”, “la japonesa”y “el barbas”, los cuales permiten corroborar la “lucidez” de quienes emiten los señalamientos.

Sin embargo, la oleada de incoherencias no termina allí ya que existen otros elementos que igualmente invitan a cuestionar la versión oficial de los hechos. Ejemplo de ello es el vaivén ideológico bajo el cual se ha tratado de etiquetar al MRP a quienes inicialmente señalaron de ser una célula urbana del ELN13, posteriormente, se dijo que estarían compuestos principalmente por “extremistas y anárquicos”14, y hasta se ha dicho que tendrían un origen Maoista15. En otras palabras el MRP sería según la astucia policial, un sancocho de diversas expresiones políticas que logró poner deacuerdo al Che Guevara, Bakunin y Mao Tse Tung en una misma organización. ¡Logro nunca antes visto en la izquierda criolla!. Semejante despropósito sólo es posible en un país en el que la demencia es pan de cada día, y para la muestra, las declaraciones del Senador del Centro “Democrático” Daniel Cabrales ante la tragedia en Mocoa , según él, producto de dinamita de las FARC-EP16 , o , la especulaciones sobre la participación de la Francesa Julie Huynh en la explosión del Centro Comercial Andino17.

Otro de los elementos que causa sospecha sobre este caso tiene que ver con la hipótesis manejada por las autoridades según la cual el artefacto explosivo habría detonado por error en un día y hora no previstos18 ya que no se estaría buscando la afectación a civiles. Contemplando por un sólo momento que esto pudiese ser posible, surge a manera de pregunta ¿por qué no se encontraron panfletos que reivindicarían la acción como ha característico de parte del MRP?. Estos y otros elementos se unen en una larga cadena de incongruencias en lo que respecta a la versión de los hechos difundida por las autoridades y a partir de la cual se imputan cargos a los detenidos.

El resto viene siendo historia contemporánea, el enemigo ya no está en el monte, ahora el Estado, se ha encargado de crear un nuevo enemigo, – como lo hizo hace más de 60 años con la creación de un enemigo interno que sirviera para justificar sus atrocidades incluida la corrupción que acompaña sin cesar al Estado-, este enemigo ya no es mayoritariamente campesino, ahora es urbano, joven, crítico, pero sobretodo, lo que no puede faltar es que sea estudiante o egresado de una universidad pública, eso, según los terroristas de Estado, es un dato clave ante este nuevo panorama. Sin embargo, los/as estudiantes siguen luchando por la libertad, pero esta vez tras las rejas, otras, en cambio salen a solidarizarse con aquellas con las que alguna vez compartieron un café, un cigarro, una marcha o una clase. Una vez más la calle de Paloquemao -y todas, en general-, nos convoca a hacer de la solidaridad un acto.

Sabemos muy bien que estos casos se multiplican por todo el territorio, jóvenes luchadoras son condenadas a callar tras las rejas, inculpados de diversos delitos o enviados al exilio. Desafortunadamente algunos de estos casos no son tan mediáticos, pero por ellos también levantamos nuestra rabia. El plan de desmoralizar, callar y atemorizar a la juventud, las indígenas, campesinas, trabajadoras y mujeres es sistemático. Los medios se constituyen en la punta de lanza, para contrarrestar a una generación, que sabe muy bien que el conflicto continúa.

Basta ya de Falsos Positivos Judiciales para mostrar resultados ante una opinión pública desinformada, basta ya de acabar con los sueños de tantas jóvenes que quieren un mundo mejor, basta ya del terrorismo de un Estado que NO quiere la paz. La historia nos demuestra que, aunque se cierre un conflicto armado, el conflicto social se perpetúa y se profundiza, sabemos que los que siempre han estado en el Poder van a hacer hasta lo imposible por perpetuarse, es por ello que las palabras y actos solidarios transgredan el orden jurídico, y político de este Estado inviable.

¡No estamos todas, faltan las presas! ¡Libres las queremos!

SubVersión- Colectivo contrainformativo.

4 Declaración Movimiento Revolucionario del Pueblo MRP https://www.youtube.com/watch?v=9L2MfxV_H-E

Desalojos Nunca Más!

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Solidaridad con la comunidad desplazada del barrio Bilbao por el Gobierno Distrital de la ciudad de Bogotá el pasado 24 de abril.
Antes de ver los primeros rayos del sol, los habitantes de Bilbao verían los escudos de la fuerza policial entrar a su barrio, en una marcha no muy amable, acompañados de la Personería Distrital, brillando por su ausencia Derechos Humanos.
Un mes antes de la presencia policial, funcionarios de la alcaldía mayor de Bogotá, visitaron la comunidad para un supuesto censo de familias del sector, engañándolas para recoger sus firmas, en lo que posteriormente sería la “notificación/aprobación” para un desalojo voluntario; en el cual, se daba un plazo de cinco días, de lo contrario, el uso de la fuerza estaría presente.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios, inauguró la actividad lanzando gases lacrimógenos, disparando bolas de goma y golpeando con sus bolillos a niñas y niños, personas en condición de discapacidad y de la tercera edad. Simultáneamente, otros agentes, se encargarían de prender fuego a las casas, según relata la comunidad. Dejando sin oportunidad de salvar utensilios personales o familiares.
Más de mil personas desalojarían sus casas, quedando en la intemperie sin rumbo alguno. Mientras tanto, el Distrito sin planes de reubicación o soluciones efectivas.
Cinco días después del suceso, cientos de personas siguen pasando la noche a la deriva, esperando una solución real y efectiva, organizándose para conquistar el derecho a una vivienda digna.
Así pues, denunciamos al alcalde Enrique Peñalosa, al Esmad y las instituciones del distrito por lo que pueda pasar en un posible segundo desalojo.

¡Por el derecho a la ciudad, lucha y organización!

Palabras de Irving Abrahams

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A continuación compartimos unas breves, pero lucidas palabras de Irving Abrahams, Militante del sindicato IWW -Industrial Workers of the World”, uno de los sindicatos con tradición libertaria más importante de Estados Unidos y Canada, a pesar de que tiene seccionales en varias partes del mundo anglosajón, como Irlanda, Australia, Reino Unido, entre otros. Demostrando que el Anarquismo siempre ha estado presente en la lucha de las trabajadoras organizadas.

Resistencias Multicolores

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*El siguiente artículo hace un esbozo básico de las resistencias de los pueblos en Colombia. Es una pincelada histórica general. Se centra en buena medida al proceso indígena, pero sin entrar a fondo. La segunda y quizás tercera parte se irá construyendo a partir de este texto.

Una mirada al caminar de las comunidades, en el cual cada paso, se dirige por el andar de la comunidad, la identidad, la cultura y el territorio.

“Cuentan nuestras gentes más ancianas, nuestros jefes, que los dioses hicieron al mundo, hicieron a los hombres y a las mujeres de maíz primero. Y que les pusieron precisamente el corazón de maíz.
Pero que el maíz se acabó y que algunos hombres y mujeres no alcanzaron corazón.
Pero también se acabó el color de la tierra, y empezaron a buscar otros colores y entonces les tocó corazón de maíz a gente que es blanca, roja o amarilla. Por eso hay aquí gente que no tiene el color moreno de los indígenas, pero tienen el corazón de maíz, y por eso están con nosotros.
Dicen nuestros más antiguos que la gente que no agarró corazón luego lo ocupó, ocupó el espacio vacío con el dinero, y que esa gente no importa qué color tenga, tiene el corazón de color verde dólar.
Y dicen nuestros antiguos que, cada tanto, la tierra busca proteger a sus hijos, a los hombres y mujeres de maíz. Y que llega un momento -que es cuando la noche es más difícil- donde la tierra se cansa y necesita que esos hombres y mujeres le ayuden a vivir”.

Los otros cuentos, Volumen 2

Según la historia oficial, hace un poco más de 500 años, una oleada de “conquistadores” (invasores) europeos comenzaron a usurpar tierras americanas. Podremos decir que al sol de hoy no se han regresado por donde vinieron. Digamos entonces que los que están ahora, -unos cuantos siglos después-, se encuentran con más poder, más dinero y más tierras; con aquella violencia; física y simbólica, compañera de aquellos. Invasores que se han “transformado” en empresas contribuyentes para la economía mundial (transnacionales). Por acá, andan rodando más de 700 de éstas1, europeas, asiáticas y norteamericanas.

Por allá, en los siglos XVI-XVII-XVIII saquearon oro, plata y metales preciosos; hoy, siglo XXI, quieren llevar nuestras aguas, el olor de nuestras plantas, los colores de los bosques, los saberes de las abuelas y la cultura material e inmaterial de nuestros pueblos, y por demás seguir pretendiendo que hagamos todo a lo que ellos no están dispuestos. Leer el resto de esta entrada »

NÉSTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA EL FISCAL “QUE SE NECESITA”

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Como parte de la iniciativa del Colectivo Contrainformativo Sub*Versión de hacer de la comunicación una herramienta contrahegemónica, lanzamos una nueva sección titulada “Escriben las que luchan”, en la que buscamos publicar los artículos, poemas, ensayos, entre otros materiales, enviados por aquellas personas que deseen apropiarse del espacio abriendo nuevos canales para el aprendizaje y el debate.
Iniciamos de esta manera con la colaboración de David quien nos hace llegar un articulo sobre el fiscal general de la nación Nestor Humberto Martínez. Aclaramos que su contenido es competencia exclusiva de su autor, y por tanto, no expresa la postura del colectivo. En especial, los elementos referidos a la refrendación del Estado y lo que se denomina como “política criminal”
Invitamos a todos y todas a hacernos llegar sus aportes, nutrir los debates y construir en la discusión franca y horizontal.
¡Escriben las que luchan!
Colectivo Contrainformativo Sub*Versión “

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NÉSTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA EL FISCAL “QUE SE NECESITA”

Con el potencial post acuerdo, se erige como figura de suma importancia el fiscal general de la nación, no por las facultades extraordinarias y claro ordinarias que de común se suelen atribuir, tampoco por la relevancia de su cargo en aspectos de política criminal, que no política penal, mucho menos por ser, sin duda alguna el funcionario del estado con más poder violento directo, sino por lo que significa este matizado, por no decir obscuro personaje, Néstor Humberto Martinez Neira.

No hay tal vez un mayor expositor del chaqueterismo en este territorio, como el nuevo súper fiscal. Su trayectoria como alfil del sátrapa de turno es verdaderamente conmovedora, Con el señor Virgilio Barco Vargas, con Samper, con Pastrana, Santos y hasta con el amigo Quique Peñaloza. Aunque el fiscal guarde miles de similitudes con el variopinto de las filas politiqueras de este territorio, es justamente ese recorrido perfectamente engranado en el ámbito de derecho público y privado que no derecho penal y su no relación con el tenebroso Uribe Vélez, lo que nos ocupa en esta esquela.

Primero que todo y por mera intuición se habría de inteligir que el encargado de manejar las riendas de la herramienta violenta y opresora del estado, por antonomasia, al menos debería tener cierta idea de lo que enmarca el derecho penal; pero en esta antilógica al orden no es así, tal razón a priori parece un disparate puesto que se deje librado a su suerte la manivela del órgano acusador y quien realmente aplica los lineamientos de la política criminal. Pero si se entiende que el fiscal es un funcionario politiquero que se mueve como peón al servicio del statu quo, la relevancia ebulle cuando se trata de alguien con escasos conocimientos en materia penal que no punitivista.

Hay que ubicarse en el potencial escenario del post acuerdo. Un territorio serio dirigiría su política criminal, sus estrategias de castigo hacía esferas no punitivistas, es decir hacía una aplicación del derecho acorde con las necesidades de justicia transaccional (ojo leer bien), en otras palabras, mandar el timón a orbitas de reflexión, perdón, respeto, tolerancia y verdad; premisas que no tienen una relación directa con la sed de penas dentro de muros.

Entonces en esta escena es bastante útil un elemento que no entienda las cuitas de la sociedad ni mucho menos los hilos conductores de un acuerdo de cese de parte del conflicto. Claro, en su cabeza solamente estará el pensamiento de administrar y penalizar, lo que en términos de los medios de desinformación, hambrientos de populismo punitivo es perfecto puesto que se vende la idea de que no habrá impunidad, hablando de esta en términos de peligrosísmo; el mismo Lombroso debe revolcarse en su puerca tumba al observar tal tontería.

Ahora, un engrane que cabe perfecto en un espíritu colectivo de venganza es una maravilla para las intenciones de gran parte de los sectores sociales de este lugar. Néstor Humberto no solamente es un estandarte del transfuguismo político sino además el gallardete de la no impunidad, o sea de la persecución política disfrazada de persecución penal a sectores de la oposición y a militantes y ex militantes de los grupos parcialmente convergentes en un pacto.

El icono que representa Néstor Humberto es el busto de una convergencia demagógica que gira entorno a una reconciliación con garrotes en la mano, en otras palabras el súper fiscal que todos necesitan se yergue como una solución violenta a las carestías del post acuerdo. Su fácil adecuación al entorno politiquero del país le permite con sus funciones mantener felices a todos, implantando penas, creando y eliminando tipos penales, de esta forma el aparato castigador del estado actuará no siguiendo las directrices de la política criminal y de los acuerdos sino atendiendo las peticiones de cada sátrapa.

Entonces ahora su no relación con Uribe Vélez  también es relevante puesto que dicen las voces autorizadas (jumentos de revista) que puede llegar a fungir como mediador entre esa ultraderecha opresora contra paz y la ultra derecha liberal, de todas formas, sea como fuere, Néstor Humberto, es el fiscal que todo el mundo necesita, menos el país.

Continuará.

¡HAY TABLA!. EL ABSURDO DEL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA

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ImagenYa vamos por la mitad del mal llamado “año de la paz”, se han dado varios de  los pasos  para llegar a tal fin según el discurso oficial, ya se mencionó con bombos y platillos que “el último día de la guerra” había llegado. Y bueno,  vale la pena reconocer que efectivamente es un hecho histórico, un hito en la realidad del país -eso es una verdad a voces-,  pero decir que vivimos el “último día de la guerra” trae consigo un sesgo político, social, cultural y económico de la realidad bastante fuerte, no es más que lo que podría mencionarse en términos literarios: toda una hipérbole.

Es necesario traer esto a colación porque aunque a más de una le moleste que se cuestione el lugar común en el que se está convirtiendo el “fin de la guerra” a partir  de una que otra verdad olvidada, aparece esta oportunidad de forma perfecta para ahondar en la llaga, y como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, aquí vamos, no sin antes mencionar que más allá de molestar a quienes han expresado una particular amnesia política  y  aquellas que se identifican con las fuerzas represivas del Estado, nuestro verdadero interés es obedece al  llamado que nos hace la historia y la memoria en este complejo momento.

En primer lugar, hay que hacer el debido llamado a la memoria: Estamos en un país donde hay que mencionar, recordar y repetir lo obvio, estamos en el país donde la gente olvida fácil cuando no le toca, donde la gente vive con miedo, miedo de que la roben, la maten, la violen, la desparezcan, de decir lo que piensa, de luchar por un mundo mejor; estamos en el país donde niños y niñas mueren por desnutrición a diario, en el país en el que lo primero que le descuentan a usted de su suelo ganado con el sudor de su frente es la salud y cuando usted está al borde de la muerte por ser atropellada o por sufrir un infarto en la mitad de la calle, las autoridades lo primero que hacen es llamar a los “antimotines” en lugar de llamar a una ambulancia, estamos en el país donde los congresistas ganan casi treinta millones y usted que es profesional gana sí acaso uno.

Esto es el pan de cada día en Colombia y lo paradójico del asunto es que a la gente se le olvida y lo peor de todo, cree que vive en el país más feliz del mundo. Por esto, queridas lectoras, en este país hay que repetir lo obvio, aunque suene elemental.

Hace algunos días, salió a la luz la polémica noticia acerca de la formulación y trámite del nuevo código de policía en el país. Tan pronto esto sucedió, algunos sectores aplaudieron la iniciativa puesto que el Código de policía no había sido modificado hace más de cuarenta años y lo más plausible era buscar renovarlo; por otro lado, algunas activistas de la socialdemocracia creyeron con gran motivación que este sería el momento en que la policía daría a conocer su nueva doctrina dentro del mal llamado “posconflicto”, en el que mostrarían su inexistente faceta de una policía enfocada en una política de derechos Humanos.

Permítannos reírnos. Solamente fue conocer los primeros apartados del articulado para comprender que muy al contrario de lo que se decía, este sería la profundización primero, de la lucha de clases encarnada en la historia de este país; segundo, del cruento accionar de la policía  y por último, de la estigmatización y miedo dentro de la población de a pie. Vamos a explicar poco a poco el porqué de las anteriores afirmaciones para que después no se diga que son simplemente afirmaciones ligeras, producto de las acaloradas discusiones de la paranoia del radicalismo político.

En el artículo No. 1 del mencionado código de policía nos señalan idílicamente que el objeto del mismo no es ni más ni menos sino de carácter preventivo para el cumplimiento de deberes de las personas y determinar el poder, función y actividad de la policía, todo esto de la mano del ejercicio de la libertad de cada persona, su dignidad y de acuerdos pacíficos y de conciliación, respetando la vida, las diferencias y los derechos humanos.

Frente a esto último, el artículo 10 sobre los deberes de la policía,  en el numeral 11 menciona que la policía debe “Evitar al máximo el uso de la fuerza y de no ser esto posible, limitarla al mínimo necesario”.  De igual forma, el artículo 166 sobre el “Uso de la fuerza” señala: “Es el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública, de conformidad con la ley” , esta afirmación igual que en el párrafo anterior, no sólo es idílica sino que también deja abierta la puerta de la confusión  y poca claridad respecto a la realidad puesto que llega a preguntarse: ¿Cuál es el mínimo de fuerza necesario para un policía?

Esto adquiere notoria relevancia cuando se tiene presente que la policía es uno de los actores más violentos hoy en día en el país.¿Será que un policía pensará esto cuando las marchas universitarias, de indígenas y trabajadoras se manifiesten? Pagamos por ver…

En este sentido, el código en mención nos enlista una serie de comportamientos que no debemos realizar (artículo 35) procurando homogeneizar el comportamiento de las personas, pues afectan la “armónica” convivencia de las calles y campos del país. Así que, queridas lectoras, cuidado con lo siguiente: Si usted se atreve siquiera a desacatar, desconocer e impedir la función de la policía, hay tabla. Si usted impide, obstaculiza o se resiste a permitir su identificación e individualización por parte de la policía, hay tabla; si usted se niega a darles información sobre su lugar de residencia, domicilio y actividad, hay tabla; si se niega a una requisa, hay tabla, si protesta sin pedir permiso, hay tabla…

No contentos con que tengamos que quedarnos calladas con cuanta cosa se le ocurra a la policía en aras de la seguridad ciudadana, han logrado profundizar la estigmatización de la población de a pie, porque es que ¿A quién no le da desconfianza decirle a un policía dónde vive y trabaja? ¡A cualquiera!, ¿A cuántos que tengan el pelo largo, con pintas de hippies, metaleros o punkeros no los han requisado y de paso una que otra vez golpeado “porque si”, porque al policía le pareció “sospechoso”? ¿De qué? Vaya uno a saber.

¿Cuántos no han tenido que ganarse una noche en UPJ por atreverse a desconocer o desacatar alguna desfasada disposición  de la policía? A muchos. Pues con el código esto tendrá respaldo legal, es decir, seguirá su detestable autoritarismo pero bajo el amparo de la ley.

Por su parte, los vendedores ambulantes no podrán ocupar el espacio público. La multa será de 91.928 pesos, unos 4 SMDLV; los grafitis están prohibidos. La policía podrá imponer multas, pero “no emplear la fuerza”, ni decomisar los elementos usados para el grafitis. El infractor deberá reparar los daños y pagar una sanción de 8 SMDLV (183.856 pesos).[1] Esperamos por tanto que no haya más casos como el de Diego Felipe Becerra, un joven asesinado a manos de la policía por realizar un grafiti en una de las calles del país.

Asimismo, quien destruya, manipule, altere o fuerce las puertas o sistemas de acceso en un sistema de transporte masivo (estaciones, buses articulados, metro, tranvía, vehículo férreo, cable aéreo) o vehículos de servicio público o urbano de pasajeros la multa será de $367.709 . Por agredir, irrespetar o desafiar a un policía, por llamadas que se hagan a la línea de emergencia 123 que sean para realizar bromas o por agredir física o verbalmente a miembros de la comunidad LGBT la multa será de $735.418.[2]

 Además, con el código lograron llevar a esta instancia la regulación y criminalización de la protesta social. En el Capítulo II de “Expresiones o manifestaciones” nos dicen en pocas palabras que existe constitucionalmente el derecho a la protesta, pero para que esto sea posible usted debe pedir permiso para hacerlo. Algunos dicen: “no es un permiso, simplemente es avisar a las autoridades que la manifestación se va a realizar”. ¿Avisar?, ¿Nos damos cuenta del carácter de esta afirmación? Es como cuando nuestros padres nos han dicho: “Esta bien, no me pida permiso, pero avíseme dónde y con quién va a estar para buscarla en dado caso”. De igual forma, el aviso debe ser de carácter formal, por escrito, en él debe indicarse el día, hora, sitio y recorrido de la manifestación; es decir que el factor sorpresa que mayoritariamente caracteriza a una manifestación queda anulada, ¡Quién dijo que para protestar hay que pedir permiso!

Asimismo, este permiso debe estar firmado al menos por tres personas, quienes serán en cierto modo las responsables de la manifestación. ¿Quién se “embalará” con esto? Habrá que ver. ¿Qué pasará con estas personas en dado caso de que la manifestación “se salga de las manos”? Ya lo estamos imaginando. Por último, el código es muy claro al señalar que: “Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta” (artículo 52). Queda en el aire el cómo y el cuándo, aspecto bastante delicado teniendo en cuenta nuevamente los antecedentes de tan repudiable institución como lo es la Policía Nacional.

Algo que parece bastante curioso y hasta risible es el artículo 54 que menciona a modo de premio de consolación sobre la “protección del ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública frente a señalamientos infundados. Con el fin de amparar el ejercicio del derecho a la reunión o movilización pacífica, queda prohibido divulgar mensajes engañosos en torno a quienes convocan o participan en las manifestaciones, así como hacer públicamente señalamientos falsos de la relación de los manifestantes con grupos armados al margen de la ley o deslegitimar por cualquier medio el ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación pública y pacífica”. Ajá y ahora nos preguntamos ¿Acaso se van a autoseñalar, autocastigar, autocriminalizar? ¿Cómo van a impedir que esto suceda si son ellos quienes lo hacen?, este artículo fue a todas luces una palmadita en la espalda para la gente que lucha y se manifiesta.

A modo de información o notificación, el código menciona que la fuerza disponible (como ya fueron “avisados”) estará siempre presente en una movilización supuestamente teniendo en cuenta todo el protocolo de seguridad y derechos humanos.Por su parte, los antimotines “sólo serán enviados cuando no sea posible por otro medio controlar graves  e inminentes amenazas a los derechos”, es decir que cuando lleguen los escuadrones de la muerte, arribarán a cumplir su función en esencia: “Tirar a matar” con el fin de “salvaguardad la seguridad y los derechos de la ciudadanía”¿Quién se los va a impedir?… ¡Vaya perlas las de este código de policía!

Finalmente, en cuanto a las medidas correctivas, el código nuevamente nos enlista algunas categorías y procedimientos que procederán para llevar a cabo sus funciones, las cuales debemos prestarles también mucha atención a algunas de ellas:

 1) Las órdenes de policía: Las órdenes podrán ser verbales o escritas y  serán de obligatorio cumplimiento, ya le han advertido en artículos anteriores que usted no puede negarse ni desobedecer las órdenes de un policía o hay tabla;

 2) Traslado por protección: Cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá trasladarla para su protección o la de terceros (artículo 155), es decir que cuando una persona en estado de indefensión o de alteración de la conciencia por consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, cuando esté involucrada en riñas o situaciones similares será conducido a un CAI para “protegerla de cualquier peligro de la calle”. Cualquiera diría que la policía tiene corazón con este artículo. Pero, querida lectora, si usted es de las que le gusta tomarse sus traguitos, recuerde que primero, no puede consumirlos en un espacio público, pues también habrá tabla, y además si es de las que deambula por ahí con su “parche”, y si se encuentra a algún policía será conducida de inmediato al CAI más cercano, y por último recuerde, si se resiste, hay tabla.

3) Medios de apoyo: “El personal uniformado de la Policía Nacional podrá utilizar medios de apoyo de carácter técnico, tecnológico o de otra naturaleza, que estén a su alcance, para prevenir y superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia y la seguridad pública”. Con esto queda claro que cuánta cosa se le ocurra lanzar a la policía y al ESMAD a la población frente a un reclamo, queja, o movilización está permitido por este código con el fin de superar algo que esté en contra de la “seguridad ciudadana”.

Es decir que si no hacemos algo pronto al respecto seguirán existiendo víctimas por el brutal accionar de la policía y el ESMAD, se profundizará gracias a este permiso que el escuadrón de la muerte recibe con el código. Basta con  recordar la muerte del estudiante de la universidad Distrital Miguel Ángel Barbosa en los últimos meses, quien fue asesinado por el ESMAD en una manifestación, pues se confirmó hace un par de días por el dictamen de medicina legal que Miguel Ángel fue asesinado[3]. Asimismo, el desarrollo del actual paro camionero, el cual ha sido reprimido fuertemente por el escuadrón de la muerte, que  haciéndole “honor” a su nombre la semana pasada asesinó a uno de sus manifestantes en Duitama, Boyacá, uno de los epicentros de la protesta camionera. Tan pronto se conoció la apenada noticia, los medios de comunicación salieron a decir que este había muerto a causa de manipulación de explosivos, sin embargo, medicina legal señaló que la muerte había sido causada por impacto de gas lacrimógeno en su rostro, ocasionándole la muerte. Las evidencias son claras, el ESMAD en lo que lleva de transcurrido el año ha asesinado (de forma comprobada) a dos personas en medio de manifestaciones en pro de mejores condiciones de existencia.

4) La asistencia militar (Artículo 170) el cual legaliza lo siguiente: “Es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar”.

Es en particular en este último  artículo en el que se profundiza la doctrina y complicidad existente entre las Fuerzas Militares y de policía del país, las cuales apuntan a un mismo lugar en el que buscan controlar el orden y salvaguardar la seguridad ciudadana y nacional a como dé lugar, utilizando los medios que sean necesarios para tal fin manipulando el discurso de la convivencia y resolución pacífica de conflictos en medio de un momento histórico de “posconflicto”. En este sentido, es evidente que las instituciones armadas ya no se fortalecerán en primera medida para atacar a ese enemigo interno llamado “guerrilla” sino a todo aquellos que desobedezcan a la autoridad y se posicionen en contra de su doctrina por los medios pacíficos o no pacíficos.

Es cierto cuando algunos expertos mencionan que “Vamos a tener problemas por el criterio vago con el que se redactaron algunas disposiciones del nuevo código de policía y la paridad del elemento para que el policía determine cuándo una actividad es temeraria. Se han dejado conductas muy abiertas para que la Policía las interprete a su criterio. Eso va a traer problemas porque se interpretarán de varias maneras (…) Un código ambiguo no es lo único (…) con la nueva ley se pretende homogenizar a la sociedad y crear un solo patrón de conducta, lo que es imposible por aquello de las libertades individuales”[4].

De igual forma, se vislumbran algunos de los matices de la lucha de clases pues, es evidente que quienes son señalados, perseguidos, requisados, maltratados y asesinados por la policía son personas pertenecientes a las clases explotadas, asimismo, los policías generalmente provienen de familias pertenecientes a esta misma clase social, sin embargo, son quienes defienden los intereses de las clases explotadoras a costa de innumerables vejámenes en contra de la población vulnerada.

Así que, una persona de la clase explotada que se manifieste en contra de las políticas de las clases que la mantienen en esa condición, deberá seguir pagando, profundizándose los abusos sociales, políticos y económicos de un sistema que las oprime cada día más y en el que ahora también deberán pagar innumerables multas, que si no son saldadas en el plazo de un mes, generarán unos intereses al respecto y así, el circulo vicioso de la pobreza continuará reforzándose.

 Cabe resaltar que nuestra crítica a diferencia de algunos sectores, no va encaminada únicamente a la reforma del estatuto policial, pues desde que las desigualdades del sistema mundo se perpetúen, habrá gente rica que le pagará a gente pobre para que controlen, persigan y reprendan a la otra gente pobre que se plantee una solución para esta realidad. Sabemos que la policía y las fuerzas militares están ahí para perpetuar el (Des)orden. Por esto, la invitación queda abierta a que sigamos movilizándonos, sigamos protestando ante cada situación de injusticia, sigamos cuestionando el status quo, sigamos incomodando el sistema y sus fuerzas represivas, sigamos apoyando las justas causas de quienes son reprimidas a diario, sigamos buscando alternativas al capitalismo y a la represión, sigamos buscando mejores condiciones de existencia abriendo paso a nuevos proyectos de transformación y lucha, pues esto es lo único y más valioso que nos queda en un mundo como este y en un país donde hay que repetir lo obvio.

[1]http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-nuevo-codigo-de-policia-la-gran-solucion-o-el-camino-la-arbitrariedad-229134
  [2]http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/sigue-polemica-por-nuevo-codigo-policia-aprobado-camara
[3] http://www.contagioradio.com/dictamen-de-medicina-legal-confirmaria-que-miguel-angel-barbosa-fue-asesinado-articulo-26185/
[4]http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-nuevo-codigo-de-policia-la-gran-solucion-o-el-camino-la-arbitrariedad-229134

Reflexiones al anuncio del Cese al fuego y de hostilidades Bilateral entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep

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Hoy, 23 de junio del 2016 se vive un momento histórico en toda la nación, la insurgencia de las Farc-Ep y el gobierno nacional llegan a un acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades de manera bilitareal y definitiva. En ese marco, es innegable la importancia que tiene este suceso en lo que concierne a la agenda política de la  organización alzada en armas desde hace 52 años.

Dadas las implicaciones propias de la guerra, se hace necesario  problematizar las repercusiones de la firma del acuerdo. La primera de ellas: el cese de hostilidades no significa el ultimo día de la guerra o el fin del conflicto como algunos han anunciado, y esto habrá que tenerlo presente, pues es innegable la existencia tanto de circunstancias como de actores armados bien sean  fuerzas rebeldes o paraestatales —sin punto de comparación—  que desbordan los alcances de pueda tener la voluntad de las Farc-EP y el gobierno nacional. A partir de lo anterior, no resulta descabellado pronosticar un recrudecimiento de las hostilidades para aquellos sectores que se encuentren fuera del marco del mencionado acuerdo.  Es más, tras este acuerdo las elites políticas y económicas preparan una nueva reacción que podemos avizorar: el nuevo código de policía y la consolidación de la criminalización de la protesta social, la ley Zidres y la contrarreforma agraria que este significa, hacen parte de un larguísimo etc’s de leguleyadas  sectorizadas que apuntan a desarticular al movimiento social y golpear a parte del mismo sobre todo si se trata de procesos independientes o autónomos.

En ese sentido lo que para un sector importante de la izquierda,— incluida  la insurgencia—  junto con grandes segmentos de la población colombiana leen como una victoria, para otras, nos debe implicar un reto que pasa por diferentes cuestiones: Primero, reafirmar en la acción  que  la agenda política de las FARC-EP no  es el derrotero de luchas sociales del país –aunque haga parte de si—y segundo,  el  fortalecimiento de  los procesos autónomos con miras a su articulación  con el fin de que a través del trabajo conjunto podamos garantizar los procesos de movilización social en medio de un conflicto de clases latente y aún vigente como se constata en la consolidación del modelo neoliberal en Colombia asentado en la explotación minero energética, la invasión del capital extranjero, entre otras circunstancias. Es un momento histórico y lo tendremos que afrontar  como tal: Una lucha de clases, apostándole al  trabajo de base y la inserción social.