Coyuntura Nacional
NÉSTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA EL FISCAL “QUE SE NECESITA”
Como parte de la iniciativa del Colectivo Contrainformativo Sub*Versión de hacer de la comunicación una herramienta contrahegemónica, lanzamos una nueva sección titulada «Escriben las que luchan», en la que buscamos publicar los artículos, poemas, ensayos, entre otros materiales, enviados por aquellas personas que deseen apropiarse del espacio abriendo nuevos canales para el aprendizaje y el debate.
Iniciamos de esta manera con la colaboración de David quien nos hace llegar un articulo sobre el fiscal general de la nación Nestor Humberto Martínez. Aclaramos que su contenido es competencia exclusiva de su autor, y por tanto, no expresa la postura del colectivo. En especial, los elementos referidos a la refrendación del Estado y lo que se denomina como «política criminal»
Invitamos a todos y todas a hacernos llegar sus aportes, nutrir los debates y construir en la discusión franca y horizontal.
¡Escriben las que luchan!
Colectivo Contrainformativo Sub*Versión «
NÉSTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA EL FISCAL “QUE SE NECESITA”
Con el potencial post acuerdo, se erige como figura de suma importancia el fiscal general de la nación, no por las facultades extraordinarias y claro ordinarias que de común se suelen atribuir, tampoco por la relevancia de su cargo en aspectos de política criminal, que no política penal, mucho menos por ser, sin duda alguna el funcionario del estado con más poder violento directo, sino por lo que significa este matizado, por no decir obscuro personaje, Néstor Humberto Martinez Neira.
No hay tal vez un mayor expositor del chaqueterismo en este territorio, como el nuevo súper fiscal. Su trayectoria como alfil del sátrapa de turno es verdaderamente conmovedora, Con el señor Virgilio Barco Vargas, con Samper, con Pastrana, Santos y hasta con el amigo Quique Peñaloza. Aunque el fiscal guarde miles de similitudes con el variopinto de las filas politiqueras de este territorio, es justamente ese recorrido perfectamente engranado en el ámbito de derecho público y privado que no derecho penal y su no relación con el tenebroso Uribe Vélez, lo que nos ocupa en esta esquela.
Primero que todo y por mera intuición se habría de inteligir que el encargado de manejar las riendas de la herramienta violenta y opresora del estado, por antonomasia, al menos debería tener cierta idea de lo que enmarca el derecho penal; pero en esta antilógica al orden no es así, tal razón a priori parece un disparate puesto que se deje librado a su suerte la manivela del órgano acusador y quien realmente aplica los lineamientos de la política criminal. Pero si se entiende que el fiscal es un funcionario politiquero que se mueve como peón al servicio del statu quo, la relevancia ebulle cuando se trata de alguien con escasos conocimientos en materia penal que no punitivista.
Hay que ubicarse en el potencial escenario del post acuerdo. Un territorio serio dirigiría su política criminal, sus estrategias de castigo hacía esferas no punitivistas, es decir hacía una aplicación del derecho acorde con las necesidades de justicia transaccional (ojo leer bien), en otras palabras, mandar el timón a orbitas de reflexión, perdón, respeto, tolerancia y verdad; premisas que no tienen una relación directa con la sed de penas dentro de muros.
Entonces en esta escena es bastante útil un elemento que no entienda las cuitas de la sociedad ni mucho menos los hilos conductores de un acuerdo de cese de parte del conflicto. Claro, en su cabeza solamente estará el pensamiento de administrar y penalizar, lo que en términos de los medios de desinformación, hambrientos de populismo punitivo es perfecto puesto que se vende la idea de que no habrá impunidad, hablando de esta en términos de peligrosísmo; el mismo Lombroso debe revolcarse en su puerca tumba al observar tal tontería.
Ahora, un engrane que cabe perfecto en un espíritu colectivo de venganza es una maravilla para las intenciones de gran parte de los sectores sociales de este lugar. Néstor Humberto no solamente es un estandarte del transfuguismo político sino además el gallardete de la no impunidad, o sea de la persecución política disfrazada de persecución penal a sectores de la oposición y a militantes y ex militantes de los grupos parcialmente convergentes en un pacto.
El icono que representa Néstor Humberto es el busto de una convergencia demagógica que gira entorno a una reconciliación con garrotes en la mano, en otras palabras el súper fiscal que todos necesitan se yergue como una solución violenta a las carestías del post acuerdo. Su fácil adecuación al entorno politiquero del país le permite con sus funciones mantener felices a todos, implantando penas, creando y eliminando tipos penales, de esta forma el aparato castigador del estado actuará no siguiendo las directrices de la política criminal y de los acuerdos sino atendiendo las peticiones de cada sátrapa.
Entonces ahora su no relación con Uribe Vélez también es relevante puesto que dicen las voces autorizadas (jumentos de revista) que puede llegar a fungir como mediador entre esa ultraderecha opresora contra paz y la ultra derecha liberal, de todas formas, sea como fuere, Néstor Humberto, es el fiscal que todo el mundo necesita, menos el país.
Continuará.
¡HAY TABLA!. EL ABSURDO DEL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA
Ya vamos por la mitad del mal llamado “año de la paz”, se han dado varios de los pasos para llegar a tal fin según el discurso oficial, ya se mencionó con bombos y platillos que “el último día de la guerra” había llegado. Y bueno, vale la pena reconocer que efectivamente es un hecho histórico, un hito en la realidad del país -eso es una verdad a voces-, pero decir que vivimos el “último día de la guerra” trae consigo un sesgo político, social, cultural y económico de la realidad bastante fuerte, no es más que lo que podría mencionarse en términos literarios: toda una hipérbole.
Es necesario traer esto a colación porque aunque a más de una le moleste que se cuestione el lugar común en el que se está convirtiendo el “fin de la guerra” a partir de una que otra verdad olvidada, aparece esta oportunidad de forma perfecta para ahondar en la llaga, y como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, aquí vamos, no sin antes mencionar que más allá de molestar a quienes han expresado una particular amnesia política y aquellas que se identifican con las fuerzas represivas del Estado, nuestro verdadero interés es obedece al llamado que nos hace la historia y la memoria en este complejo momento.
En primer lugar, hay que hacer el debido llamado a la memoria: Estamos en un país donde hay que mencionar, recordar y repetir lo obvio, estamos en el país donde la gente olvida fácil cuando no le toca, donde la gente vive con miedo, miedo de que la roben, la maten, la violen, la desparezcan, de decir lo que piensa, de luchar por un mundo mejor; estamos en el país donde niños y niñas mueren por desnutrición a diario, en el país en el que lo primero que le descuentan a usted de su suelo ganado con el sudor de su frente es la salud y cuando usted está al borde de la muerte por ser atropellada o por sufrir un infarto en la mitad de la calle, las autoridades lo primero que hacen es llamar a los “antimotines” en lugar de llamar a una ambulancia, estamos en el país donde los congresistas ganan casi treinta millones y usted que es profesional gana sí acaso uno.
Esto es el pan de cada día en Colombia y lo paradójico del asunto es que a la gente se le olvida y lo peor de todo, cree que vive en el país más feliz del mundo. Por esto, queridas lectoras, en este país hay que repetir lo obvio, aunque suene elemental.
Hace algunos días, salió a la luz la polémica noticia acerca de la formulación y trámite del nuevo código de policía en el país. Tan pronto esto sucedió, algunos sectores aplaudieron la iniciativa puesto que el Código de policía no había sido modificado hace más de cuarenta años y lo más plausible era buscar renovarlo; por otro lado, algunas activistas de la socialdemocracia creyeron con gran motivación que este sería el momento en que la policía daría a conocer su nueva doctrina dentro del mal llamado “posconflicto”, en el que mostrarían su inexistente faceta de una policía enfocada en una política de derechos Humanos.
Permítannos reírnos. Solamente fue conocer los primeros apartados del articulado para comprender que muy al contrario de lo que se decía, este sería la profundización primero, de la lucha de clases encarnada en la historia de este país; segundo, del cruento accionar de la policía y por último, de la estigmatización y miedo dentro de la población de a pie. Vamos a explicar poco a poco el porqué de las anteriores afirmaciones para que después no se diga que son simplemente afirmaciones ligeras, producto de las acaloradas discusiones de la paranoia del radicalismo político.
En el artículo No. 1 del mencionado código de policía nos señalan idílicamente que el objeto del mismo no es ni más ni menos sino de carácter preventivo para el cumplimiento de deberes de las personas y determinar el poder, función y actividad de la policía, todo esto de la mano del ejercicio de la libertad de cada persona, su dignidad y de acuerdos pacíficos y de conciliación, respetando la vida, las diferencias y los derechos humanos.
Frente a esto último, el artículo 10 sobre los deberes de la policía, en el numeral 11 menciona que la policía debe “Evitar al máximo el uso de la fuerza y de no ser esto posible, limitarla al mínimo necesario”. De igual forma, el artículo 166 sobre el “Uso de la fuerza” señala: “Es el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública, de conformidad con la ley” , esta afirmación igual que en el párrafo anterior, no sólo es idílica sino que también deja abierta la puerta de la confusión y poca claridad respecto a la realidad puesto que llega a preguntarse: ¿Cuál es el mínimo de fuerza necesario para un policía?
Esto adquiere notoria relevancia cuando se tiene presente que la policía es uno de los actores más violentos hoy en día en el país.¿Será que un policía pensará esto cuando las marchas universitarias, de indígenas y trabajadoras se manifiesten? Pagamos por ver…
En este sentido, el código en mención nos enlista una serie de comportamientos que no debemos realizar (artículo 35) procurando homogeneizar el comportamiento de las personas, pues afectan la “armónica” convivencia de las calles y campos del país. Así que, queridas lectoras, cuidado con lo siguiente: Si usted se atreve siquiera a desacatar, desconocer e impedir la función de la policía, hay tabla. Si usted impide, obstaculiza o se resiste a permitir su identificación e individualización por parte de la policía, hay tabla; si usted se niega a darles información sobre su lugar de residencia, domicilio y actividad, hay tabla; si se niega a una requisa, hay tabla, si protesta sin pedir permiso, hay tabla…
No contentos con que tengamos que quedarnos calladas con cuanta cosa se le ocurra a la policía en aras de la seguridad ciudadana, han logrado profundizar la estigmatización de la población de a pie, porque es que ¿A quién no le da desconfianza decirle a un policía dónde vive y trabaja? ¡A cualquiera!, ¿A cuántos que tengan el pelo largo, con pintas de hippies, metaleros o punkeros no los han requisado y de paso una que otra vez golpeado “porque si”, porque al policía le pareció “sospechoso”? ¿De qué? Vaya uno a saber.
¿Cuántos no han tenido que ganarse una noche en UPJ por atreverse a desconocer o desacatar alguna desfasada disposición de la policía? A muchos. Pues con el código esto tendrá respaldo legal, es decir, seguirá su detestable autoritarismo pero bajo el amparo de la ley.
Por su parte, los vendedores ambulantes no podrán ocupar el espacio público. La multa será de 91.928 pesos, unos 4 SMDLV; los grafitis están prohibidos. La policía podrá imponer multas, pero “no emplear la fuerza”, ni decomisar los elementos usados para el grafitis. El infractor deberá reparar los daños y pagar una sanción de 8 SMDLV (183.856 pesos).[1] Esperamos por tanto que no haya más casos como el de Diego Felipe Becerra, un joven asesinado a manos de la policía por realizar un grafiti en una de las calles del país.
Asimismo, quien destruya, manipule, altere o fuerce las puertas o sistemas de acceso en un sistema de transporte masivo (estaciones, buses articulados, metro, tranvía, vehículo férreo, cable aéreo) o vehículos de servicio público o urbano de pasajeros la multa será de $367.709 . Por agredir, irrespetar o desafiar a un policía, por llamadas que se hagan a la línea de emergencia 123 que sean para realizar bromas o por agredir física o verbalmente a miembros de la comunidad LGBT la multa será de $735.418.[2]
Además, con el código lograron llevar a esta instancia la regulación y criminalización de la protesta social. En el Capítulo II de “Expresiones o manifestaciones” nos dicen en pocas palabras que existe constitucionalmente el derecho a la protesta, pero para que esto sea posible usted debe pedir permiso para hacerlo. Algunos dicen: “no es un permiso, simplemente es avisar a las autoridades que la manifestación se va a realizar”. ¿Avisar?, ¿Nos damos cuenta del carácter de esta afirmación? Es como cuando nuestros padres nos han dicho: “Esta bien, no me pida permiso, pero avíseme dónde y con quién va a estar para buscarla en dado caso”. De igual forma, el aviso debe ser de carácter formal, por escrito, en él debe indicarse el día, hora, sitio y recorrido de la manifestación; es decir que el factor sorpresa que mayoritariamente caracteriza a una manifestación queda anulada, ¡Quién dijo que para protestar hay que pedir permiso!
Asimismo, este permiso debe estar firmado al menos por tres personas, quienes serán en cierto modo las responsables de la manifestación. ¿Quién se “embalará” con esto? Habrá que ver. ¿Qué pasará con estas personas en dado caso de que la manifestación “se salga de las manos”? Ya lo estamos imaginando. Por último, el código es muy claro al señalar que: “Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta” (artículo 52). Queda en el aire el cómo y el cuándo, aspecto bastante delicado teniendo en cuenta nuevamente los antecedentes de tan repudiable institución como lo es la Policía Nacional.
Algo que parece bastante curioso y hasta risible es el artículo 54 que menciona a modo de premio de consolación sobre la “protección del ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública frente a señalamientos infundados. Con el fin de amparar el ejercicio del derecho a la reunión o movilización pacífica, queda prohibido divulgar mensajes engañosos en torno a quienes convocan o participan en las manifestaciones, así como hacer públicamente señalamientos falsos de la relación de los manifestantes con grupos armados al margen de la ley o deslegitimar por cualquier medio el ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación pública y pacífica”. Ajá y ahora nos preguntamos ¿Acaso se van a autoseñalar, autocastigar, autocriminalizar? ¿Cómo van a impedir que esto suceda si son ellos quienes lo hacen?, este artículo fue a todas luces una palmadita en la espalda para la gente que lucha y se manifiesta.
A modo de información o notificación, el código menciona que la fuerza disponible (como ya fueron “avisados”) estará siempre presente en una movilización supuestamente teniendo en cuenta todo el protocolo de seguridad y derechos humanos.Por su parte, los antimotines “sólo serán enviados cuando no sea posible por otro medio controlar graves e inminentes amenazas a los derechos”, es decir que cuando lleguen los escuadrones de la muerte, arribarán a cumplir su función en esencia: “Tirar a matar” con el fin de “salvaguardad la seguridad y los derechos de la ciudadanía”¿Quién se los va a impedir?… ¡Vaya perlas las de este código de policía!
Finalmente, en cuanto a las medidas correctivas, el código nuevamente nos enlista algunas categorías y procedimientos que procederán para llevar a cabo sus funciones, las cuales debemos prestarles también mucha atención a algunas de ellas:
1) Las órdenes de policía: Las órdenes podrán ser verbales o escritas y serán de obligatorio cumplimiento, ya le han advertido en artículos anteriores que usted no puede negarse ni desobedecer las órdenes de un policía o hay tabla;
2) Traslado por protección: Cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá trasladarla para su protección o la de terceros (artículo 155), es decir que cuando una persona en estado de indefensión o de alteración de la conciencia por consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, cuando esté involucrada en riñas o situaciones similares será conducido a un CAI para “protegerla de cualquier peligro de la calle”. Cualquiera diría que la policía tiene corazón con este artículo. Pero, querida lectora, si usted es de las que le gusta tomarse sus traguitos, recuerde que primero, no puede consumirlos en un espacio público, pues también habrá tabla, y además si es de las que deambula por ahí con su “parche”, y si se encuentra a algún policía será conducida de inmediato al CAI más cercano, y por último recuerde, si se resiste, hay tabla.
3) Medios de apoyo: “El personal uniformado de la Policía Nacional podrá utilizar medios de apoyo de carácter técnico, tecnológico o de otra naturaleza, que estén a su alcance, para prevenir y superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia y la seguridad pública”. Con esto queda claro que cuánta cosa se le ocurra lanzar a la policía y al ESMAD a la población frente a un reclamo, queja, o movilización está permitido por este código con el fin de superar algo que esté en contra de la “seguridad ciudadana”.
Es decir que si no hacemos algo pronto al respecto seguirán existiendo víctimas por el brutal accionar de la policía y el ESMAD, se profundizará gracias a este permiso que el escuadrón de la muerte recibe con el código. Basta con recordar la muerte del estudiante de la universidad Distrital Miguel Ángel Barbosa en los últimos meses, quien fue asesinado por el ESMAD en una manifestación, pues se confirmó hace un par de días por el dictamen de medicina legal que Miguel Ángel fue asesinado[3]. Asimismo, el desarrollo del actual paro camionero, el cual ha sido reprimido fuertemente por el escuadrón de la muerte, que haciéndole “honor” a su nombre la semana pasada asesinó a uno de sus manifestantes en Duitama, Boyacá, uno de los epicentros de la protesta camionera. Tan pronto se conoció la apenada noticia, los medios de comunicación salieron a decir que este había muerto a causa de manipulación de explosivos, sin embargo, medicina legal señaló que la muerte había sido causada por impacto de gas lacrimógeno en su rostro, ocasionándole la muerte. Las evidencias son claras, el ESMAD en lo que lleva de transcurrido el año ha asesinado (de forma comprobada) a dos personas en medio de manifestaciones en pro de mejores condiciones de existencia.
4) La asistencia militar (Artículo 170) el cual legaliza lo siguiente: “Es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar”.
Es en particular en este último artículo en el que se profundiza la doctrina y complicidad existente entre las Fuerzas Militares y de policía del país, las cuales apuntan a un mismo lugar en el que buscan controlar el orden y salvaguardar la seguridad ciudadana y nacional a como dé lugar, utilizando los medios que sean necesarios para tal fin manipulando el discurso de la convivencia y resolución pacífica de conflictos en medio de un momento histórico de “posconflicto”. En este sentido, es evidente que las instituciones armadas ya no se fortalecerán en primera medida para atacar a ese enemigo interno llamado “guerrilla” sino a todo aquellos que desobedezcan a la autoridad y se posicionen en contra de su doctrina por los medios pacíficos o no pacíficos.
Es cierto cuando algunos expertos mencionan que «Vamos a tener problemas por el criterio vago con el que se redactaron algunas disposiciones del nuevo código de policía y la paridad del elemento para que el policía determine cuándo una actividad es temeraria. Se han dejado conductas muy abiertas para que la Policía las interprete a su criterio. Eso va a traer problemas porque se interpretarán de varias maneras (…) Un código ambiguo no es lo único (…) con la nueva ley se pretende homogenizar a la sociedad y crear un solo patrón de conducta, lo que es imposible por aquello de las libertades individuales”[4].
De igual forma, se vislumbran algunos de los matices de la lucha de clases pues, es evidente que quienes son señalados, perseguidos, requisados, maltratados y asesinados por la policía son personas pertenecientes a las clases explotadas, asimismo, los policías generalmente provienen de familias pertenecientes a esta misma clase social, sin embargo, son quienes defienden los intereses de las clases explotadoras a costa de innumerables vejámenes en contra de la población vulnerada.
Así que, una persona de la clase explotada que se manifieste en contra de las políticas de las clases que la mantienen en esa condición, deberá seguir pagando, profundizándose los abusos sociales, políticos y económicos de un sistema que las oprime cada día más y en el que ahora también deberán pagar innumerables multas, que si no son saldadas en el plazo de un mes, generarán unos intereses al respecto y así, el circulo vicioso de la pobreza continuará reforzándose.
Cabe resaltar que nuestra crítica a diferencia de algunos sectores, no va encaminada únicamente a la reforma del estatuto policial, pues desde que las desigualdades del sistema mundo se perpetúen, habrá gente rica que le pagará a gente pobre para que controlen, persigan y reprendan a la otra gente pobre que se plantee una solución para esta realidad. Sabemos que la policía y las fuerzas militares están ahí para perpetuar el (Des)orden. Por esto, la invitación queda abierta a que sigamos movilizándonos, sigamos protestando ante cada situación de injusticia, sigamos cuestionando el status quo, sigamos incomodando el sistema y sus fuerzas represivas, sigamos apoyando las justas causas de quienes son reprimidas a diario, sigamos buscando alternativas al capitalismo y a la represión, sigamos buscando mejores condiciones de existencia abriendo paso a nuevos proyectos de transformación y lucha, pues esto es lo único y más valioso que nos queda en un mundo como este y en un país donde hay que repetir lo obvio.
[1]http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-nuevo-codigo-de-policia-la-gran-solucion-o-el-camino-la-arbitrariedad-229134
[2]http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/sigue-polemica-por-nuevo-codigo-policia-aprobado-camara
[3] http://www.contagioradio.com/dictamen-de-medicina-legal-confirmaria-que-miguel-angel-barbosa-fue-asesinado-articulo-26185/
[4]http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-nuevo-codigo-de-policia-la-gran-solucion-o-el-camino-la-arbitrariedad-229134
¡El Bagre y el Urabá! Testigos presentes del Futuro anunciado.
Los últimos acontecimientos acaecidos en el Urabá y el Bagre Antioquia, donde se vive una arremetida paramilitar denotan un sintomático problema social que tiene que ver con algunos matices a analizar que tejen el complejo panorama para estas comunidades que se encuentran en el centro del huracán del conflicto que azota a nuestro país. Sin mencionar los recientes sucesos de La Uribe, Meta, de claro accionar criminal de la Fuerza Pública. En el caso del Bagre según el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC) se registran: “desaparición forzada (en dos veredas dos, hombres de 84 y 20 años), asesinatos, confinamientos o desplazamiento forzado (de 570 personas que conforman 193 familias de las veredas La Llana, Moqui, La Primavera, El Coral, El Oso y El Castillo, pertenecientes al corregimiento de Puerto Claver)”. Y en el Uraba, en medio del proceso de restitución de tierras al que se opone airadamente la derecha “narcoparatraqueta”: “Desde 2012 los campesinos han venido retornando a sus tierras, algunos de manera voluntaria otros con acompañamiento institucional; sin embargo en estos últimos meses ellos han venido recibiendo amenazas de grupos ilegales que se hacen llamar gaitanistas, quienes los han amenazado de muerte, les han quitado el ganado que ellos cuidan para su subsistencia, también les han quemado sus viviendas y algunos los han agredido físicamente” presiones que se han intensificado en estos últimos días . Según Nora Saldarriaga -subdirectora de la Fundación Forjando Futuros- .
No podemos concebir los problemas sociales al margen del desarrollo histórico pues sería un craso error que nos impediría ver la verdadera dimensión de lo que se está viviendo. Estas zonas del país –que no son las únicas por supuesto- han estado inmersas en un incesante conflicto armado que las ha desangrado permanentemente y que hunde sus causas fundamentales en el despojo de la tierra a mano de fuerzas oscuras sostenedoras del proyecto capitalista criollo, fértiles y hermosas tierras que han tenido que sucumbir ante el avance desproporcionado de la guerra con fines lucrativos y que tiene como principales actores armados a los aparatos represivos del estado, ilegales o no en clara connivencia entre los dos.
Pero este fenómeno paramilitar en proceso de reconfiguración no ha sido fortuito y habrá que entenderlo muy bien como una táctica básica del bloque hegemónico dominante que siempre ha utilizado la sangre y el fuego para legitimar sus nefastos intereses y superar los antagonismos propios de la lucha de clases a la que nos vemos enfrentados, teniendo como respuesta, la acción colectiva de los movimientos sociales, y también, en la fuerza adquirida por las fuerzas insurgentes. Esas mismas que hoy se encuentran en procesos complejos de diálogos de paz con el gobierno nacional: Las FARC-EP en fase definitiva y el ELN en un inicio truncado por diversas tensiones entre las partes.
En ese sentido, dicho contexto político de diálogos de paz es el que enmarca los hechos a mencionar de arremetida paramilitar -que volvemos a recalcar no son los únicos en el país- y que nos lleva a problematizar los mismos a sazón de los acuerdos últimos alcanzados por las FARC-EP y que cambian totalmente la correlación de fuerzas en estos territorios. La paz que el Estado necesita, se debe leer como dispositivo imperialista y de consolidación del neoliberalismo que es a lo que le apuesta la elite cafetera, la cual le conviene la suspensión de hostilidades por parte de la insurgencia para afianzar la entrada sin presión de grandes intereses Multinacionales, resguardadas como desde la época de la United Fruit Company, por parte de ejércitos Paramilitares.
Con esto queremos poner el dedo en la llaga tratando de interpretar a las comunidades en su clamor de paz pues son ellas las que han llevado la peor parte en esta guerra. Pero son ellas mismas y en ejercicio claro de autonomía y autodeterminación, que tienen que fortalecer sus procesos de base y forjar una estrategia que impida que este fenómeno siga existiendo. Por lo que no es posible en estos momentos hacernos los de la vista gorda, para estar alertas a quienes estamos llamados a ocupar un papel fundamental dentro de la lucha de clases desde las propuestas organizativas autónomas, pues el paramilitarismo no da tregua y como nefastas visiones de lo que puede pasar en un futuro se aparecen como ejemplos concretos el Bagre y el Urabá.
Colectivo Contra-informativo Subversión.
Reflexiones al anuncio del Cese al fuego y de hostilidades Bilateral entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep
Hoy, 23 de junio del 2016 se vive un momento histórico en toda la nación, la insurgencia de las Farc-Ep y el gobierno nacional llegan a un acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades de manera bilitareal y definitiva. En ese marco, es innegable la importancia que tiene este suceso en lo que concierne a la agenda política de la organización alzada en armas desde hace 52 años.
Dadas las implicaciones propias de la guerra, se hace necesario problematizar las repercusiones de la firma del acuerdo. La primera de ellas: el cese de hostilidades no significa el ultimo día de la guerra o el fin del conflicto como algunos han anunciado, y esto habrá que tenerlo presente, pues es innegable la existencia tanto de circunstancias como de actores armados bien sean fuerzas rebeldes o paraestatales —sin punto de comparación— que desbordan los alcances de pueda tener la voluntad de las Farc-EP y el gobierno nacional. A partir de lo anterior, no resulta descabellado pronosticar un recrudecimiento de las hostilidades para aquellos sectores que se encuentren fuera del marco del mencionado acuerdo. Es más, tras este acuerdo las elites políticas y económicas preparan una nueva reacción que podemos avizorar: el nuevo código de policía y la consolidación de la criminalización de la protesta social, la ley Zidres y la contrarreforma agraria que este significa, hacen parte de un larguísimo etc’s de leguleyadas sectorizadas que apuntan a desarticular al movimiento social y golpear a parte del mismo sobre todo si se trata de procesos independientes o autónomos.
En ese sentido lo que para un sector importante de la izquierda,— incluida la insurgencia— junto con grandes segmentos de la población colombiana leen como una victoria, para otras, nos debe implicar un reto que pasa por diferentes cuestiones: Primero, reafirmar en la acción que la agenda política de las FARC-EP no es el derrotero de luchas sociales del país –aunque haga parte de si—y segundo, el fortalecimiento de los procesos autónomos con miras a su articulación con el fin de que a través del trabajo conjunto podamos garantizar los procesos de movilización social en medio de un conflicto de clases latente y aún vigente como se constata en la consolidación del modelo neoliberal en Colombia asentado en la explotación minero energética, la invasión del capital extranjero, entre otras circunstancias. Es un momento histórico y lo tendremos que afrontar como tal: Una lucha de clases, apostándole al trabajo de base y la inserción social.
¿Quién la tiene Clara?
“Porque el proceso de paz de La Habana está llegando a su punto culminante y el Presidente ha decidido conformar un gabinete para hacer el tránsito del conflicto armado al posconflicto, a la construcción de paz y de reconciliación. Hace dos años tomé la decisión, al lado de muchos sectores del Polo y de la izquierda, de dar el paso y de votar por el presidente Santos para proteger el mandato de paz, y pienso que en este momento ese mandato está llegando al punto en el que todos los que pensamos que la paz es lo más estratégico que tiene Colombia tenemos que entrar a colaborar.”
-Clara López Obregón
Quizás resulta extraño iniciar un escrito de nuestra autoría citando a la actual Ministra de Trabajo del Gobierno Santos, sin embargo, lejos de un viraje a la socialdemocracia, nuestra intención radica en desglosar algunos de los elementos analíticos que permitan comprender el porqué de la decisión de aceptar el cargo, de la hasta entonces Presidenta del “único” partido de oposición de “Izquierda” en nuestro país. Suspicacia debe producir el comportamiento de este personaje que desde su discurso ha enunciado tener como bien supremo el punto común de la Paz, y para ello, decide apoyar el plan de gobierno de Juan Manuel Santos haciéndose parte del mismo.
El panorama desde un principio nos llena de dudas, si tenemos en cuenta que el empalme entre el anterior Ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, otrora, sindicalista Burocrático consagrado, será muy fácil ya que los dos han estado en contertulio desde la Administración que “Lucho” lideró en la Capital entre los años 2004 y 2007. En consecuencia, antes que un cambio en la orientación del Ministerio, lo que factiblemente encontremos es la continuación del proyecto vigente robustecido con la ralea burocrática de “izquierda”.
En contraposición a lo que se podría llegar a afirmar, somos conscientes del momento que estamos viviendo en Colombia y las implicaciones que derivan de la decisión de las insurgencias de negociar con el Estado la dejación de armas, entre otras acciones, como parte necesaria para generar las condiciones para que les permitan hacer política dentro de los marcos del establecimiento. Por ello creemos pertinente remitirnos a lo que la nueva ministra de trabajo cree en que está en juego en el actual proceso de Paz con las FARC-EP en La Habana.
En estos momentos, tres de los seis puntos establecidos en las conversaciones previas, tienen un acuerdo parcial entre las dos partes, puntos de relativa importancia si se mira lo que falta, estos son: Política de desarrollo agrario integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas. En conversaciones están el resto de puntos que se consideran los más espinosos y por tanto más importantes para el desarrollo efectivo de un pacto de no agresión entre las dos partes; víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de lo pactado. Es decir, el punto crucial al que hace referencia Clara López, es el de una intencionalidad de las dos partes por concretar un cese de hostilidades y una posibilidad para ingresar a la lucha parlamentaria sin prejuicios. Tema de más complicado, pero que no logra discutir el avance de las políticas Neoliberales en el modelo de país que impulsa un gobierno como el de Juan Manuel Santos, que si se lee un poco de historia económica, va totalmente encaminado a lo que la otra “oposición”, la de derecha en cabeza del Centro Democrático, le ha apostado desde sus inicios, es decir entregar las tierras y la fuerza productiva del país a las multinacionales.
Este gabinete que bien lo dice la Ministra se ha conformado para el Posconflicto (Posacuerdo para nosotras), motivo por el cual a ella se le encomendó seguir con las políticas de gobierno, en el sector laboral, que dejo implementadas Lucho Garzón. Se adecua con los lagartos y estrategas de siempre, como el nuevo ministro de ambiente, Luis Gilberto Murillo, experto en Minería a Cielo Abierto, que tiene la tarea de ajustar el sector agroindustrial y minero-energético a los nuevos territorios que van a ser explotados donde antiguamente hacia presencia la insurgencia.
Esta táctica de los dueños del país no es nueva, siempre ha posicionado esquiroles en los ministerios de trabajo, en nuestro pasado reciente esta senda se inaugura con Angelino Garzón, otro de los viejos sindicalistas rendidos al patrón, continuando con Luis Eduardo Garzón, y ahora una ficha que siempre ha considerado la derecha para lavar su imagen como lo es Clara López. Nada extraño recordando su procedencia de las mismas cunas que el presidente y la burguesía criolla, a sabiendas que el pellejo político en un ruedo como el colombiano no se desgasta con estos virajes ideológicos.
Y como dicen por ahí: “Recordar es vivir”. Recordamos entonces que nuestra vida nacional está plagada de personajes que se decían estar férreamente en la oposición del gobierno, y que tristemente para sus convicciones, al ver dinero en puesticos y una vida mejor acomodada se olvidaron de ser rojos para convertirse en verdecitos, azulitos, amarillitos y toda la paleta de colores de la que saltan de uno a otro frecuentemente.
Pasados los acuerdos que se dieron con insurgencias desde 1988 como la Corriente de Renovación Socialista, (CRS, sector en las filas del Ejército de Liberación Nacional, ELN) parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), sus dirigentes entraron a ocupar puestos de gran calibre en la burocracia izquierdista, olvidando la lucha de clases y las legítimas convicciones donde los pueblos y las comunidades debían ser sus protagonistas. Los partidos democráticos de izquierdas, las fundaciones y ONG fueron punto de escape para las personas desmovilizadas, aunque hay que nombrar también aquellas que han despreciado este camino de traición a los sectores expoliados que decían representar, y siguen intentando de una u otra forma transformar la realidad de los suyos.
Como se ha visto, después del 2000 el ministerio de trabajo ha estado en manos de supuestos personajes de “izquierda”, pero los resultados han sido lo contrario a lo que los partidistas de la izquierda parlamentaria balbucean, en cuanto a que se han profundizado las políticas de explotación del sector trabajador en Colombia haciendo que cada vez más tengamos el vergonzoso galardón por ser uno de los países más inequitativos del mundo, esto, gracias a su imagen de progresistas, como lo dicta el manual de la tercera vía, para luego implementar políticas que van en contra de los intereses de las trabajadoras.
Es por ello que nos preguntamos: ¿Cómo estas personas pueden seguir argumentando que la vía electoral es una herramienta de disputa para la transformación social? Es igual que como el verdugo que nos deja elegir con cual hacha quisiéramos que cortaran nuestras cabezas.
La lucha de clases debe ser el vector por el cual deben trascender todos nuestros esfuerzos, desde abajo y con la gente, y no desde arriba con la élite. Por ello seguimos denunciando las burocracias y pseudoizquierdas burguesas anteponiendo la acción directa desde las bases.
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