Persecución y criminalización sistemática a las universidades públicas en Colombia

Minientrada Posted on noviembre 19, 2020 Actualizado enn noviembre 19, 2020

Dentro de las universidades públicas en Colombia, hacen presencia diversidad de expresiones organizativas que, a partir de diferentes estrategias encaminan su accionar hacia la transformación social. A través de múltiples mecanismos de talante contrainsurgente, el Estado colombiano ha emprendido una clara y sistemática persecución hacia todo lo que tenga tinte de pensamiento crítico, pues parece ser que su objetivo es preservar el orden establecido que condena a la miseria al pueblo colombiano. Al ser reconocido como un lugar de reflexión, cuestionamiento y constante crítica, las universidades públicas han sido blanco del terrorismo de Estado. 

La persecución a miembros de la universidad pública, ha sido legitimada sirviéndose de ideas que han sido instaladas en el imaginario colectivo por los mismos medios de comunicación masivos que pertenecen a grandes grupos económicos que están en manos de la clase dominante del país como, por ejemplo, Ardila Lule (RCN) y Santodomingo (CARACOL). En correspondencia con ello, se ha apelado a vincular de manera indiscriminada a integrantes de  las universidades públicas  con organizaciones insurgentes, muestra de ello, encontramos a manera de ejemplo una entrevista[1] realizada por Juan Pablo Calvás, periodista de la W Radio de Caracol Radio, a César Barrera, uno de los implicados en el Caso Andino que recientemente fue dejado en libertad. En la entrevista Calvás pregunta de manera incesante a César Barrera por su supuesta relación como estudiante de la Universidad Nacional y los grupos ilegales, se le escucha decir: “César, estando usted en la universidad alguna vez conoció o se le acercó a alguien para invitarlo a formar parte de una célula urbana de un grupo ilegal?” tras la respuesta negativa del entrevistado, insiste “pero usted reconoce que en la Universidad Nacional existen estas personas”, todo esto siguiendo el objetivo de vincular al estudiante con grupos beligerantes y seguir alimentando el sesgo y los estereotipos que recaen sobre la Universidad Nacional y, en general, las universidades públicas como formadoras de terroristas. Otro ejemplo de esto se dio recientemente cuando en un documento leído ante un juez por el fiscal Miguel Olaya que buscaba que Natalia Trujillo -vinculada también con el Caso Andino- sirviera de testigo en este mismo caso, se menciona lo siguiente: “la ciudadana Trujillo Novoa fue estudiante egresada de la Universidad Nacional de Colombia, graduada como abogada, y por esta condición conoce desde su interior la estructura y funcionamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como otras personas que hasta este momento no han sido identificadas, ni individualizadas, ya sea por la Fiscalía o por los Organismos de Seguridad del Estado»[2], frente a esto, la Universidad Nacional solicitó a la Fiscalía rectificar lo dicho, pues claramente es irresponsable y estigmatiza a estudiantes y egresados de la universidad. 

Lo anterior es sólo una muestra del incesante afán de los medios de comunicación masivos por justificar el accionar y los montajes orquestados por la Fiscalía en conjunto con otras instituciones como la Policía Nacional, pues como se mencionaba anteriormente, es necesario legitimar ante la opinión pública este tipo de acciones. En ese sentido, se instala en el imaginario colectivo que, casi que por lógica, las personas vinculadas con las universidades públicas tienen tendencias terroristas, por consiguiente, se aceptan sin cuestionamiento alguno los montajes judiciales y demás ataques emprendidos contra estas personas. 

En el prólogo realizado por el profesor Renán Vega al libro Universidades Bajo S.O.Specha: represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2009-2019)[3], se enmarcan dentro del terrorismo de Estado la persecución, estigmatización, criminalización y demás ataques de los que son blanco las universidades públicas, pues señala que: “la conversión mercantil de las universidades públicas no ha logrado eliminar la labor independiente y autónoma de sectores de profesores y estudiantes, que reflexionan sobre los problemas del país y no se resignan a consumir mercancías educativas. Por dicha circunstancia, se mantiene el asedio y persecución del Terrorismo de Estado con sus múltiples tentáculos (armado, judicial, mediático…), lo que ha dado como resultado que en los últimos años, al tiempo que se mercantiliza la universidad pública, aumenten las presiones (que cuentan con colaboradores internos en las universidades) para perseguir y criminalizar a los profesores y estudiantes que se niegan a reconocer la falacia de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que ese tipo de universidad es lo mejor que nos podría haber pasado, para nuestro bien y el del país.” En ese sentido, consideramos importante resaltar las modalidades mediante las cuales se ha reprimido a las universidades públicas, que también se mencionan en el libro y son esbozadas por El Espectador.[4]

En primer lugar, se hace mención a la infiltración paramilitar en las universidades públicas, particularmente en la región Caribe. Estudiantes y docentes de la Universidad del Atlántico, del Magdalena, de Córdoba y la Popular del Cesar fueron asesinados por paramilitares. Uno de los casos mencionados es el de la Universidad de Córdoba, que el entonces comandante paramilitar, Salvatore Mancuso dio la orden de tomarse a sangre y fuego; asimismo, usó su poder para poner y quitar rectores a su antojo. Por otra parte, en la Universidad del Magdalena hay un edificio que “pertenece” al comandante paramilitar Jorge 40, pues es sabido que los dineros con los que fue construido venían de los negocios del paramilitarismo. 

En segundo lugar, se hace referencia a las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. El caso mencionado en este apartado refiere a la masacre de Mondoñedo, cometida en 1996 por agentes de la DIJIN de la Policía Nacional, en esta, fueron desaparecidos y posteriormente asesinados cuatro estudiantes de la Universidad Distrital; el mismo día, asesinaron a dos estudiantes más. Estos seis estudiantes habían sido señalados por la DIJIN como integrantes de la Red Urbana Antonio Nariño de las FARC-EP. Por este suceso fueron condenados tanto los agentes responsables del hecho, como la nación. 

Posteriormente se hace alusión a los montajes judiciales, tomando como ejemplo el caso de Mateo Gutiérrez León, un estudiante de sociología de la Universidad Nacional que fue capturado en el año 2017 y presentado como responsable de la explosión de una bomba panfletaria en Bogotá. A pesar de que Mateo logró demostrar su inocencia después de dos años de estar privado de la libertad, el Estado no ha hecho una rectificación de estas acusaciones, aun cuando en su momento hasta el presidente Juan Manuel Santos celebró la captura y le señaló como responsable de hechos de terrorismo en Bogotá. 

Finalmente se habla de la brutalidad policial haciendo mención a casos como el de Jhonny Silva, un estudiante de la Universidad del Valle que fue asesinado en medio de una incursión por parte del ESMAD en el campus universitario. En 2017 el Consejo de Estado condenó al ESMAD por este hecho y les obligó a pagar $700 millones por su responsabilidad en el asesinato de Silva. Recientemente también podemos mencionar el caso de Miguel Ángel Barbosa, estudiante de la Universidad Distrital que fue asesinado por el ESMAD en el año 2016 cuando se adelantaba una jornada de protestas en inmediaciones de la facultad tecnológica de esta misma universidad. 

Lo mencionado anteriormente recopila algunos de los mecanismos más usados en la persecución sistemática contra las universidades públicas y quienes las conforman, evidenciando que uno de los mecanismos más frecuentes en los últimos años han sido los montajes judiciales. Bajo la lógica del enemigo interno, el Estado y los medios de comunicación masivos siguen trabajando en conjunto para perseguir y criminalizar a quienes cuestionen o pongan en peligro los intereses de las clases dominantes del país, sirviéndose de las ideas que han ido formando en la opinión pública para legitimar la estigmatización que recae sobre las universidades públicas y sus miembros. Por lo anterior, puede afirmarse que las ‘cacerías de brujas’ orquestadas por la Fiscalía para mostrar resultados tienen ya un blanco fijado. Según la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano, “entre enero de 2000 y febrero de 2018, en Colombia se abrieron, aproximadamente, 10.471 procesos judiciales a jóvenes entre los 15 y los 25 años de edad, por los delitos de rebelión y terrorismo. Del total de casos, 4.155 (39,6%) no llegó a una investigación. Solo 853 jóvenes (8,1%) tuvieron un juicio y, de ellos, apenas 491 fueron hallados culpables. Es decir, en 17 años, el Estado no ha logrado demostrar la culpabilidad del 95% del total de jóvenes señalados por rebelión y terrorismo, entre los que cuentan casos que ya se cerraron, unos pocos que esperan todavía un fallo, o que fueron declarados inocentes.”[5] A pesar de las cifras alarmantes, no parece haber interés alguno por parte del Estado en esclarecer los hechos, en rectificar las acusaciones realizadas contra las personas afectadas, es decir, el terrorismo de Estado sigue gozando de total impunidad. 

Ante este panorama, resaltamos la importancia de fortalecer y visibilizar los medios alternativos y de contrainformación, pues sabemos que el Estado ha actuado en complicidad con las grandes corporaciones de la comunicación para posicionar imaginarios que legitiman la represión a las expresiones de los movimientos sociales. Resultan más que necesarios medios de comunicación en manos de sectores desposeídos, que cuestionen las ideas y la propaganda de la clase dominante, que visibilicen sus problemáticas y aporten en la construcción y el fortalecimiento de redes de apoyo y solidaridad. Ante el terrorismo de Estado, la resistencia y la solidaridad se presentan como única salida, pero no la resistencia entendida como sinónimo de soportar sino una resistencia cargada de creatividad para hacer frente al aparato estatal y sus diversos mecanismos de persecución y criminalización, que pretenden eliminar o desarticular cualquier proceso que ponga en riesgo los intereses de las clases dominantes.

¡Terrorista el Estado que desaparece, persigue, encarcela y asesina!

[1]  Para ver la entrevista dirigirse al siguiente link: https://www.facebook.com/watch/live/?v=306037693734501&ref=watch_permalink

[2] Dirigirse a: U. Nacional pide rectificación de la Fiscalía por ‘estigmatización’

[3] Recuperado de: https://rebelion.org/docs/259696.pdf

[4] Dirigirse a: Así se ha reprimido a las universidades públicas en Colombia

[5] Dirigirse a: estudiantescolombia