Terrorismo de Estado

Balas contra piedras – Paro Nacional Indefinido – 28A

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Por quinto día consecutivo, calles y carreteras a lo largo y ancho de Colombia han sido tomadas por los sectores históricamente explotados, quienes exigen y buscan tumbar la Reforma Tributaria del gobierno latifundista y paramilitar de Iván Duque.

Sobran las razones para la movilización e indignación popular, pues el país sufre una grave crisis en materia de DDHH, siendo asesinado en promedio un activista/líder social diariamente; despojo de tierras a comunidades rurales; abuso policial; aspersión aérea con glifosato y el desconocimiento de la consulta previa; reconfiguración de grupos armados paramilitares; derroche de dinero público y 6402 razones más.

Ahora, en el marco de las manifestaciones por el Paro Nacional Indefinido que inician el 28 de abril, la Policía Nacional en compañía con ESMAD, GOES y Ejército Nacional han disparado sus armas de fuego en escenarios sucios y deplorables como lo es suspender el alumbrado público o encerrar estrategicamente manistantes, dejando un saldo de 21 personas asesinadas según DDHH (fuentes Temblores ONG y Campaña Defender La Libertad).

El uso desmedido de la fuerza es inconcebible, balas contra piedras jamás será proporcional ante comunidades que resisten con alegría y dignidad.

¡Arriba las que luchan!

Holmes Trujillo y su legado de muerte

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El 26 de enero murió Carlos Holmes Trujillo, Ministro de Defensa del Gobierno de Iván Duque en el Hospital Militar Central como consecuencia de la infección del virus SARS-Cov-2. Deja un legado de muerte, sangre y dolor durante su carrera política, especialmente como Ministro de Defensa en el periodo del 16 de noviembre de 2019 al 26 de enero de 2021; el luto nacional por su partida desde el Gobierno Duque no puede ocultar lo que en vida legitimó, ocultó e impulsó con el asesinato de jóvenes, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, así como con las masacres registradas durante la responsabilidad que asumía al frente de la Fuerza Pública.

Carlos Holmes Trujillo García creció y se formó bajo un entorno político de carácter liberal gracias a su padre Carlos Holmes Trujillo Miranda, quien fue congresista y líder político del Partido Liberal en el Valle del Cauca. Trujillo García se incorporó también a la vida política en la década del 80 -en la misma colectividad donde había participado su padre-, para tomar posesión de cargos públicos en diferentes sectores desde entonces, entre esos, alcalde de la ciudad de Cali y constituyente en el 91.

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Persecución y criminalización sistemática a las universidades públicas en Colombia

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Dentro de las universidades públicas en Colombia, hacen presencia diversidad de expresiones organizativas que, a partir de diferentes estrategias encaminan su accionar hacia la transformación social. A través de múltiples mecanismos de talante contrainsurgente, el Estado colombiano ha emprendido una clara y sistemática persecución hacia todo lo que tenga tinte de pensamiento crítico, pues parece ser que su objetivo es preservar el orden establecido que condena a la miseria al pueblo colombiano. Al ser reconocido como un lugar de reflexión, cuestionamiento y constante crítica, las universidades públicas han sido blanco del terrorismo de Estado. 

La persecución a miembros de la universidad pública, ha sido legitimada sirviéndose de ideas que han sido instaladas en el imaginario colectivo por los mismos medios de comunicación masivos que pertenecen a grandes grupos económicos que están en manos de la clase dominante del país como, por ejemplo, Ardila Lule (RCN) y Santodomingo (CARACOL). En correspondencia con ello, se ha apelado a vincular de manera indiscriminada a integrantes de  las universidades públicas  con organizaciones insurgentes, muestra de ello, encontramos a manera de ejemplo una entrevista[1] realizada por Juan Pablo Calvás, periodista de la W Radio de Caracol Radio, a César Barrera, uno de los implicados en el Caso Andino que recientemente fue dejado en libertad. En la entrevista Calvás pregunta de manera incesante a César Barrera por su supuesta relación como estudiante de la Universidad Nacional y los grupos ilegales, se le escucha decir: “César, estando usted en la universidad alguna vez conoció o se le acercó a alguien para invitarlo a formar parte de una célula urbana de un grupo ilegal?” tras la respuesta negativa del entrevistado, insiste “pero usted reconoce que en la Universidad Nacional existen estas personas”, todo esto siguiendo el objetivo de vincular al estudiante con grupos beligerantes y seguir alimentando el sesgo y los estereotipos que recaen sobre la Universidad Nacional y, en general, las universidades públicas como formadoras de terroristas. Otro ejemplo de esto se dio recientemente cuando en un documento leído ante un juez por el fiscal Miguel Olaya que buscaba que Natalia Trujillo -vinculada también con el Caso Andino- sirviera de testigo en este mismo caso, se menciona lo siguiente: “la ciudadana Trujillo Novoa fue estudiante egresada de la Universidad Nacional de Colombia, graduada como abogada, y por esta condición conoce desde su interior la estructura y funcionamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como otras personas que hasta este momento no han sido identificadas, ni individualizadas, ya sea por la Fiscalía o por los Organismos de Seguridad del Estado»[2], frente a esto, la Universidad Nacional solicitó a la Fiscalía rectificar lo dicho, pues claramente es irresponsable y estigmatiza a estudiantes y egresados de la universidad. 

Lo anterior es sólo una muestra del incesante afán de los medios de comunicación masivos por justificar el accionar y los montajes orquestados por la Fiscalía en conjunto con otras instituciones como la Policía Nacional, pues como se mencionaba anteriormente, es necesario legitimar ante la opinión pública este tipo de acciones. En ese sentido, se instala en el imaginario colectivo que, casi que por lógica, las personas vinculadas con las universidades públicas tienen tendencias terroristas, por consiguiente, se aceptan sin cuestionamiento alguno los montajes judiciales y demás ataques emprendidos contra estas personas. 

En el prólogo realizado por el profesor Renán Vega al libro Universidades Bajo S.O.Specha: represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2009-2019)[3], se enmarcan dentro del terrorismo de Estado la persecución, estigmatización, criminalización y demás ataques de los que son blanco las universidades públicas, pues señala que: “la conversión mercantil de las universidades públicas no ha logrado eliminar la labor independiente y autónoma de sectores de profesores y estudiantes, que reflexionan sobre los problemas del país y no se resignan a consumir mercancías educativas. Por dicha circunstancia, se mantiene el asedio y persecución del Terrorismo de Estado con sus múltiples tentáculos (armado, judicial, mediático…), lo que ha dado como resultado que en los últimos años, al tiempo que se mercantiliza la universidad pública, aumenten las presiones (que cuentan con colaboradores internos en las universidades) para perseguir y criminalizar a los profesores y estudiantes que se niegan a reconocer la falacia de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que ese tipo de universidad es lo mejor que nos podría haber pasado, para nuestro bien y el del país.” En ese sentido, consideramos importante resaltar las modalidades mediante las cuales se ha reprimido a las universidades públicas, que también se mencionan en el libro y son esbozadas por El Espectador.[4]

En primer lugar, se hace mención a la infiltración paramilitar en las universidades públicas, particularmente en la región Caribe. Estudiantes y docentes de la Universidad del Atlántico, del Magdalena, de Córdoba y la Popular del Cesar fueron asesinados por paramilitares. Uno de los casos mencionados es el de la Universidad de Córdoba, que el entonces comandante paramilitar, Salvatore Mancuso dio la orden de tomarse a sangre y fuego; asimismo, usó su poder para poner y quitar rectores a su antojo. Por otra parte, en la Universidad del Magdalena hay un edificio que “pertenece” al comandante paramilitar Jorge 40, pues es sabido que los dineros con los que fue construido venían de los negocios del paramilitarismo. 

En segundo lugar, se hace referencia a las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. El caso mencionado en este apartado refiere a la masacre de Mondoñedo, cometida en 1996 por agentes de la DIJIN de la Policía Nacional, en esta, fueron desaparecidos y posteriormente asesinados cuatro estudiantes de la Universidad Distrital; el mismo día, asesinaron a dos estudiantes más. Estos seis estudiantes habían sido señalados por la DIJIN como integrantes de la Red Urbana Antonio Nariño de las FARC-EP. Por este suceso fueron condenados tanto los agentes responsables del hecho, como la nación. 

Posteriormente se hace alusión a los montajes judiciales, tomando como ejemplo el caso de Mateo Gutiérrez León, un estudiante de sociología de la Universidad Nacional que fue capturado en el año 2017 y presentado como responsable de la explosión de una bomba panfletaria en Bogotá. A pesar de que Mateo logró demostrar su inocencia después de dos años de estar privado de la libertad, el Estado no ha hecho una rectificación de estas acusaciones, aun cuando en su momento hasta el presidente Juan Manuel Santos celebró la captura y le señaló como responsable de hechos de terrorismo en Bogotá. 

Finalmente se habla de la brutalidad policial haciendo mención a casos como el de Jhonny Silva, un estudiante de la Universidad del Valle que fue asesinado en medio de una incursión por parte del ESMAD en el campus universitario. En 2017 el Consejo de Estado condenó al ESMAD por este hecho y les obligó a pagar $700 millones por su responsabilidad en el asesinato de Silva. Recientemente también podemos mencionar el caso de Miguel Ángel Barbosa, estudiante de la Universidad Distrital que fue asesinado por el ESMAD en el año 2016 cuando se adelantaba una jornada de protestas en inmediaciones de la facultad tecnológica de esta misma universidad. 

Lo mencionado anteriormente recopila algunos de los mecanismos más usados en la persecución sistemática contra las universidades públicas y quienes las conforman, evidenciando que uno de los mecanismos más frecuentes en los últimos años han sido los montajes judiciales. Bajo la lógica del enemigo interno, el Estado y los medios de comunicación masivos siguen trabajando en conjunto para perseguir y criminalizar a quienes cuestionen o pongan en peligro los intereses de las clases dominantes del país, sirviéndose de las ideas que han ido formando en la opinión pública para legitimar la estigmatización que recae sobre las universidades públicas y sus miembros. Por lo anterior, puede afirmarse que las ‘cacerías de brujas’ orquestadas por la Fiscalía para mostrar resultados tienen ya un blanco fijado. Según la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano, “entre enero de 2000 y febrero de 2018, en Colombia se abrieron, aproximadamente, 10.471 procesos judiciales a jóvenes entre los 15 y los 25 años de edad, por los delitos de rebelión y terrorismo. Del total de casos, 4.155 (39,6%) no llegó a una investigación. Solo 853 jóvenes (8,1%) tuvieron un juicio y, de ellos, apenas 491 fueron hallados culpables. Es decir, en 17 años, el Estado no ha logrado demostrar la culpabilidad del 95% del total de jóvenes señalados por rebelión y terrorismo, entre los que cuentan casos que ya se cerraron, unos pocos que esperan todavía un fallo, o que fueron declarados inocentes.”[5] A pesar de las cifras alarmantes, no parece haber interés alguno por parte del Estado en esclarecer los hechos, en rectificar las acusaciones realizadas contra las personas afectadas, es decir, el terrorismo de Estado sigue gozando de total impunidad. 

Ante este panorama, resaltamos la importancia de fortalecer y visibilizar los medios alternativos y de contrainformación, pues sabemos que el Estado ha actuado en complicidad con las grandes corporaciones de la comunicación para posicionar imaginarios que legitiman la represión a las expresiones de los movimientos sociales. Resultan más que necesarios medios de comunicación en manos de sectores desposeídos, que cuestionen las ideas y la propaganda de la clase dominante, que visibilicen sus problemáticas y aporten en la construcción y el fortalecimiento de redes de apoyo y solidaridad. Ante el terrorismo de Estado, la resistencia y la solidaridad se presentan como única salida, pero no la resistencia entendida como sinónimo de soportar sino una resistencia cargada de creatividad para hacer frente al aparato estatal y sus diversos mecanismos de persecución y criminalización, que pretenden eliminar o desarticular cualquier proceso que ponga en riesgo los intereses de las clases dominantes.

¡Terrorista el Estado que desaparece, persigue, encarcela y asesina!


[1]  Para ver la entrevista dirigirse al siguiente link: https://www.facebook.com/watch/live/?v=306037693734501&ref=watch_permalink

[2] Dirigirse a: U. Nacional pide rectificación de la Fiscalía por ‘estigmatización’

[3] Recuperado de: https://rebelion.org/docs/259696.pdf

[4] Dirigirse a: Así se ha reprimido a las universidades públicas en Colombia

[5] Dirigirse a: estudiantescolombia

¡HAY TABLA!. EL ABSURDO DEL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA

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ImagenYa vamos por la mitad del mal llamado “año de la paz”, se han dado varios de  los pasos  para llegar a tal fin según el discurso oficial, ya se mencionó con bombos y platillos que “el último día de la guerra” había llegado. Y bueno,  vale la pena reconocer que efectivamente es un hecho histórico, un hito en la realidad del país -eso es una verdad a voces-,  pero decir que vivimos el “último día de la guerra” trae consigo un sesgo político, social, cultural y económico de la realidad bastante fuerte, no es más que lo que podría mencionarse en términos literarios: toda una hipérbole.

Es necesario traer esto a colación porque aunque a más de una le moleste que se cuestione el lugar común en el que se está convirtiendo el “fin de la guerra” a partir  de una que otra verdad olvidada, aparece esta oportunidad de forma perfecta para ahondar en la llaga, y como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, aquí vamos, no sin antes mencionar que más allá de molestar a quienes han expresado una particular amnesia política  y  aquellas que se identifican con las fuerzas represivas del Estado, nuestro verdadero interés es obedece al  llamado que nos hace la historia y la memoria en este complejo momento.

En primer lugar, hay que hacer el debido llamado a la memoria: Estamos en un país donde hay que mencionar, recordar y repetir lo obvio, estamos en el país donde la gente olvida fácil cuando no le toca, donde la gente vive con miedo, miedo de que la roben, la maten, la violen, la desparezcan, de decir lo que piensa, de luchar por un mundo mejor; estamos en el país donde niños y niñas mueren por desnutrición a diario, en el país en el que lo primero que le descuentan a usted de su suelo ganado con el sudor de su frente es la salud y cuando usted está al borde de la muerte por ser atropellada o por sufrir un infarto en la mitad de la calle, las autoridades lo primero que hacen es llamar a los “antimotines” en lugar de llamar a una ambulancia, estamos en el país donde los congresistas ganan casi treinta millones y usted que es profesional gana sí acaso uno.

Esto es el pan de cada día en Colombia y lo paradójico del asunto es que a la gente se le olvida y lo peor de todo, cree que vive en el país más feliz del mundo. Por esto, queridas lectoras, en este país hay que repetir lo obvio, aunque suene elemental.

Hace algunos días, salió a la luz la polémica noticia acerca de la formulación y trámite del nuevo código de policía en el país. Tan pronto esto sucedió, algunos sectores aplaudieron la iniciativa puesto que el Código de policía no había sido modificado hace más de cuarenta años y lo más plausible era buscar renovarlo; por otro lado, algunas activistas de la socialdemocracia creyeron con gran motivación que este sería el momento en que la policía daría a conocer su nueva doctrina dentro del mal llamado “posconflicto”, en el que mostrarían su inexistente faceta de una policía enfocada en una política de derechos Humanos.

Permítannos reírnos. Solamente fue conocer los primeros apartados del articulado para comprender que muy al contrario de lo que se decía, este sería la profundización primero, de la lucha de clases encarnada en la historia de este país; segundo, del cruento accionar de la policía  y por último, de la estigmatización y miedo dentro de la población de a pie. Vamos a explicar poco a poco el porqué de las anteriores afirmaciones para que después no se diga que son simplemente afirmaciones ligeras, producto de las acaloradas discusiones de la paranoia del radicalismo político.

En el artículo No. 1 del mencionado código de policía nos señalan idílicamente que el objeto del mismo no es ni más ni menos sino de carácter preventivo para el cumplimiento de deberes de las personas y determinar el poder, función y actividad de la policía, todo esto de la mano del ejercicio de la libertad de cada persona, su dignidad y de acuerdos pacíficos y de conciliación, respetando la vida, las diferencias y los derechos humanos.

Frente a esto último, el artículo 10 sobre los deberes de la policía,  en el numeral 11 menciona que la policía debe “Evitar al máximo el uso de la fuerza y de no ser esto posible, limitarla al mínimo necesario”.  De igual forma, el artículo 166 sobre el “Uso de la fuerza” señala: “Es el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública, de conformidad con la ley” , esta afirmación igual que en el párrafo anterior, no sólo es idílica sino que también deja abierta la puerta de la confusión  y poca claridad respecto a la realidad puesto que llega a preguntarse: ¿Cuál es el mínimo de fuerza necesario para un policía?

Esto adquiere notoria relevancia cuando se tiene presente que la policía es uno de los actores más violentos hoy en día en el país.¿Será que un policía pensará esto cuando las marchas universitarias, de indígenas y trabajadoras se manifiesten? Pagamos por ver…

En este sentido, el código en mención nos enlista una serie de comportamientos que no debemos realizar (artículo 35) procurando homogeneizar el comportamiento de las personas, pues afectan la “armónica” convivencia de las calles y campos del país. Así que, queridas lectoras, cuidado con lo siguiente: Si usted se atreve siquiera a desacatar, desconocer e impedir la función de la policía, hay tabla. Si usted impide, obstaculiza o se resiste a permitir su identificación e individualización por parte de la policía, hay tabla; si usted se niega a darles información sobre su lugar de residencia, domicilio y actividad, hay tabla; si se niega a una requisa, hay tabla, si protesta sin pedir permiso, hay tabla…

No contentos con que tengamos que quedarnos calladas con cuanta cosa se le ocurra a la policía en aras de la seguridad ciudadana, han logrado profundizar la estigmatización de la población de a pie, porque es que ¿A quién no le da desconfianza decirle a un policía dónde vive y trabaja? ¡A cualquiera!, ¿A cuántos que tengan el pelo largo, con pintas de hippies, metaleros o punkeros no los han requisado y de paso una que otra vez golpeado “porque si”, porque al policía le pareció “sospechoso”? ¿De qué? Vaya uno a saber.

¿Cuántos no han tenido que ganarse una noche en UPJ por atreverse a desconocer o desacatar alguna desfasada disposición  de la policía? A muchos. Pues con el código esto tendrá respaldo legal, es decir, seguirá su detestable autoritarismo pero bajo el amparo de la ley.

Por su parte, los vendedores ambulantes no podrán ocupar el espacio público. La multa será de 91.928 pesos, unos 4 SMDLV; los grafitis están prohibidos. La policía podrá imponer multas, pero “no emplear la fuerza”, ni decomisar los elementos usados para el grafitis. El infractor deberá reparar los daños y pagar una sanción de 8 SMDLV (183.856 pesos).[1] Esperamos por tanto que no haya más casos como el de Diego Felipe Becerra, un joven asesinado a manos de la policía por realizar un grafiti en una de las calles del país.

Asimismo, quien destruya, manipule, altere o fuerce las puertas o sistemas de acceso en un sistema de transporte masivo (estaciones, buses articulados, metro, tranvía, vehículo férreo, cable aéreo) o vehículos de servicio público o urbano de pasajeros la multa será de $367.709 . Por agredir, irrespetar o desafiar a un policía, por llamadas que se hagan a la línea de emergencia 123 que sean para realizar bromas o por agredir física o verbalmente a miembros de la comunidad LGBT la multa será de $735.418.[2]

 Además, con el código lograron llevar a esta instancia la regulación y criminalización de la protesta social. En el Capítulo II de “Expresiones o manifestaciones” nos dicen en pocas palabras que existe constitucionalmente el derecho a la protesta, pero para que esto sea posible usted debe pedir permiso para hacerlo. Algunos dicen: “no es un permiso, simplemente es avisar a las autoridades que la manifestación se va a realizar”. ¿Avisar?, ¿Nos damos cuenta del carácter de esta afirmación? Es como cuando nuestros padres nos han dicho: “Esta bien, no me pida permiso, pero avíseme dónde y con quién va a estar para buscarla en dado caso”. De igual forma, el aviso debe ser de carácter formal, por escrito, en él debe indicarse el día, hora, sitio y recorrido de la manifestación; es decir que el factor sorpresa que mayoritariamente caracteriza a una manifestación queda anulada, ¡Quién dijo que para protestar hay que pedir permiso!

Asimismo, este permiso debe estar firmado al menos por tres personas, quienes serán en cierto modo las responsables de la manifestación. ¿Quién se “embalará” con esto? Habrá que ver. ¿Qué pasará con estas personas en dado caso de que la manifestación “se salga de las manos”? Ya lo estamos imaginando. Por último, el código es muy claro al señalar que: “Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta” (artículo 52). Queda en el aire el cómo y el cuándo, aspecto bastante delicado teniendo en cuenta nuevamente los antecedentes de tan repudiable institución como lo es la Policía Nacional.

Algo que parece bastante curioso y hasta risible es el artículo 54 que menciona a modo de premio de consolación sobre la “protección del ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública frente a señalamientos infundados. Con el fin de amparar el ejercicio del derecho a la reunión o movilización pacífica, queda prohibido divulgar mensajes engañosos en torno a quienes convocan o participan en las manifestaciones, así como hacer públicamente señalamientos falsos de la relación de los manifestantes con grupos armados al margen de la ley o deslegitimar por cualquier medio el ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación pública y pacífica”. Ajá y ahora nos preguntamos ¿Acaso se van a autoseñalar, autocastigar, autocriminalizar? ¿Cómo van a impedir que esto suceda si son ellos quienes lo hacen?, este artículo fue a todas luces una palmadita en la espalda para la gente que lucha y se manifiesta.

A modo de información o notificación, el código menciona que la fuerza disponible (como ya fueron “avisados”) estará siempre presente en una movilización supuestamente teniendo en cuenta todo el protocolo de seguridad y derechos humanos.Por su parte, los antimotines “sólo serán enviados cuando no sea posible por otro medio controlar graves  e inminentes amenazas a los derechos”, es decir que cuando lleguen los escuadrones de la muerte, arribarán a cumplir su función en esencia: “Tirar a matar” con el fin de “salvaguardad la seguridad y los derechos de la ciudadanía”¿Quién se los va a impedir?… ¡Vaya perlas las de este código de policía!

Finalmente, en cuanto a las medidas correctivas, el código nuevamente nos enlista algunas categorías y procedimientos que procederán para llevar a cabo sus funciones, las cuales debemos prestarles también mucha atención a algunas de ellas:

 1) Las órdenes de policía: Las órdenes podrán ser verbales o escritas y  serán de obligatorio cumplimiento, ya le han advertido en artículos anteriores que usted no puede negarse ni desobedecer las órdenes de un policía o hay tabla;

 2) Traslado por protección: Cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá trasladarla para su protección o la de terceros (artículo 155), es decir que cuando una persona en estado de indefensión o de alteración de la conciencia por consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, cuando esté involucrada en riñas o situaciones similares será conducido a un CAI para “protegerla de cualquier peligro de la calle”. Cualquiera diría que la policía tiene corazón con este artículo. Pero, querida lectora, si usted es de las que le gusta tomarse sus traguitos, recuerde que primero, no puede consumirlos en un espacio público, pues también habrá tabla, y además si es de las que deambula por ahí con su “parche”, y si se encuentra a algún policía será conducida de inmediato al CAI más cercano, y por último recuerde, si se resiste, hay tabla.

3) Medios de apoyo: “El personal uniformado de la Policía Nacional podrá utilizar medios de apoyo de carácter técnico, tecnológico o de otra naturaleza, que estén a su alcance, para prevenir y superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia y la seguridad pública”. Con esto queda claro que cuánta cosa se le ocurra lanzar a la policía y al ESMAD a la población frente a un reclamo, queja, o movilización está permitido por este código con el fin de superar algo que esté en contra de la “seguridad ciudadana”.

Es decir que si no hacemos algo pronto al respecto seguirán existiendo víctimas por el brutal accionar de la policía y el ESMAD, se profundizará gracias a este permiso que el escuadrón de la muerte recibe con el código. Basta con  recordar la muerte del estudiante de la universidad Distrital Miguel Ángel Barbosa en los últimos meses, quien fue asesinado por el ESMAD en una manifestación, pues se confirmó hace un par de días por el dictamen de medicina legal que Miguel Ángel fue asesinado[3]. Asimismo, el desarrollo del actual paro camionero, el cual ha sido reprimido fuertemente por el escuadrón de la muerte, que  haciéndole “honor” a su nombre la semana pasada asesinó a uno de sus manifestantes en Duitama, Boyacá, uno de los epicentros de la protesta camionera. Tan pronto se conoció la apenada noticia, los medios de comunicación salieron a decir que este había muerto a causa de manipulación de explosivos, sin embargo, medicina legal señaló que la muerte había sido causada por impacto de gas lacrimógeno en su rostro, ocasionándole la muerte. Las evidencias son claras, el ESMAD en lo que lleva de transcurrido el año ha asesinado (de forma comprobada) a dos personas en medio de manifestaciones en pro de mejores condiciones de existencia.

4) La asistencia militar (Artículo 170) el cual legaliza lo siguiente: “Es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar”.

Es en particular en este último  artículo en el que se profundiza la doctrina y complicidad existente entre las Fuerzas Militares y de policía del país, las cuales apuntan a un mismo lugar en el que buscan controlar el orden y salvaguardar la seguridad ciudadana y nacional a como dé lugar, utilizando los medios que sean necesarios para tal fin manipulando el discurso de la convivencia y resolución pacífica de conflictos en medio de un momento histórico de “posconflicto”. En este sentido, es evidente que las instituciones armadas ya no se fortalecerán en primera medida para atacar a ese enemigo interno llamado “guerrilla” sino a todo aquellos que desobedezcan a la autoridad y se posicionen en contra de su doctrina por los medios pacíficos o no pacíficos.

Es cierto cuando algunos expertos mencionan que «Vamos a tener problemas por el criterio vago con el que se redactaron algunas disposiciones del nuevo código de policía y la paridad del elemento para que el policía determine cuándo una actividad es temeraria. Se han dejado conductas muy abiertas para que la Policía las interprete a su criterio. Eso va a traer problemas porque se interpretarán de varias maneras (…) Un código ambiguo no es lo único (…) con la nueva ley se pretende homogenizar a la sociedad y crear un solo patrón de conducta, lo que es imposible por aquello de las libertades individuales”[4].

De igual forma, se vislumbran algunos de los matices de la lucha de clases pues, es evidente que quienes son señalados, perseguidos, requisados, maltratados y asesinados por la policía son personas pertenecientes a las clases explotadas, asimismo, los policías generalmente provienen de familias pertenecientes a esta misma clase social, sin embargo, son quienes defienden los intereses de las clases explotadoras a costa de innumerables vejámenes en contra de la población vulnerada.

Así que, una persona de la clase explotada que se manifieste en contra de las políticas de las clases que la mantienen en esa condición, deberá seguir pagando, profundizándose los abusos sociales, políticos y económicos de un sistema que las oprime cada día más y en el que ahora también deberán pagar innumerables multas, que si no son saldadas en el plazo de un mes, generarán unos intereses al respecto y así, el circulo vicioso de la pobreza continuará reforzándose.

 Cabe resaltar que nuestra crítica a diferencia de algunos sectores, no va encaminada únicamente a la reforma del estatuto policial, pues desde que las desigualdades del sistema mundo se perpetúen, habrá gente rica que le pagará a gente pobre para que controlen, persigan y reprendan a la otra gente pobre que se plantee una solución para esta realidad. Sabemos que la policía y las fuerzas militares están ahí para perpetuar el (Des)orden. Por esto, la invitación queda abierta a que sigamos movilizándonos, sigamos protestando ante cada situación de injusticia, sigamos cuestionando el status quo, sigamos incomodando el sistema y sus fuerzas represivas, sigamos apoyando las justas causas de quienes son reprimidas a diario, sigamos buscando alternativas al capitalismo y a la represión, sigamos buscando mejores condiciones de existencia abriendo paso a nuevos proyectos de transformación y lucha, pues esto es lo único y más valioso que nos queda en un mundo como este y en un país donde hay que repetir lo obvio.

[1]http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-nuevo-codigo-de-policia-la-gran-solucion-o-el-camino-la-arbitrariedad-229134
  [2]http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/sigue-polemica-por-nuevo-codigo-policia-aprobado-camara
[3] http://www.contagioradio.com/dictamen-de-medicina-legal-confirmaria-que-miguel-angel-barbosa-fue-asesinado-articulo-26185/
[4]http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-nuevo-codigo-de-policia-la-gran-solucion-o-el-camino-la-arbitrariedad-229134

La paz más cerca del capital, más lejos de los pueblos

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La desarmonización en los territorios ancestrales y sagrados de las comunidades étnicas no ha cesado; ahora, en plenos diálogos-acuerdos entre las insurgencias y el Gobierno Nacional sobre un eventual fin del conflicto armado, la bota militar y paramilitar se ha asentado con un gran poder de sangre y muerte en aquellas tierras.

En los últimos meses, en el Cauca, y en general en municipios y ciudades del país, la ofensiva paramilitar –ojo, no BACRIM o bandas delincuenciales- ha hecho resurgir un dominio de terror entre los habitantes rurales y urbanos de estos territorios. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Águilas Negras y otros grupos no identificados han retomado fuerza y capacidad militar en territorios estratégicos para sus acciones cobardes y terroristas. El paramilitarismo está atacando, igual que el Uribismo, cabe preguntar: ¿Casualidad? o ¿Combinación de todas las formas de lucha?

De este modo el movimiento social, la población en general (estudiantes, trabajadoras/es, afrodescendientes, campesinas/os, indígenas, personas de a pie) estamos resistiendo a la ofensiva que se está llevando a cabo con amenazas, hostigamientos, paros armados y atentados. Paros armados en donde la ultraderecha tiene dominio militar: El Urabá Antioqueño, zonas del Magdalena Medio, y que además de ello, allí están asentados grandes emporios económicos,  multinacionales o terratenientes, de nuevo cabe preguntarnos: ¿Casualidad?

¿Es casualidad que en tiempos de una posible desmovilización de las insurgencias del país aparezca como un monstruo el brazo armado de la ultraderecha?

En lo que va corrido del año 2016 han asesinado –preocupantemente- decenas de militantes de Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y líderes comunales así como de organizaciones sociales indígenas, campesinas y afros.

En el Norte del Cauca, departamento aguerrido con presencia de las insurgencias gracias a sus condiciones geográficas y su configuración social, también han tomado posiciones los paramilitares –o eso parece- donde las comunidades indígenas  y en este caso la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) en repetidas ocasiones han venido denunciando amenazas en su contra: El día 6 de Abril, seis personas armadas interceptaron a un líder indígena para notificarle su exilio obligado del pueblo, de lo contrario, lo asesinarán[1]. Así como también el coordinador de la guardia indígena está amenazado desde hace varios días.

En estos cuatro meses del presente año se ha incrementado en un 38%  -a comparación del año 2015- la violación de los Derechos Humanos a comuneros indígenas, por parte de la policía, ejército, ESMAD y grupos armados paramilitares. La violación a la jurisdicción especial indígena ha sido negada por la justicia ordinaria del Estado; irrespetando, discriminando e imponiendo la autoridad estatal; tal es el caso del líder indígena Feliciano Valencia en el 2014: En la minga social del 2008 en movilizaciones y protestas adelantadas por la comunidad indígena, el cabo del ejército Jairo Chaparral se infiltraría con el objetivo de montar un falso positivo judicial, donde señalarían que las protestas estaban apoyadas por la guerrilla. En su morral, se encontraría un radioteléfono, así como prendas de las fuerzas armadas colombianas. La justicia indígena y comunitaria declararía contra el militar 20 azotes y un baño con plantas medicinales para armonizarlo. Valiéndose de lo anterior, el Estado colombiano sentenció a 18 de años de cárcel a Feliciano por tan duro castigo al militar[2]. O el caso de los siete comuneros indígenas capturados por transportar palos de guadua en una camioneta, que según la policía el delito era destruir el medio ambiente[3]. No hay que saber más para darse cuenta del descaro y el racismo.

Pero la desarmonización no es solamente eso. La minería en sus territorios ha incrementado fuertemente, desangrando y perforando la Madre Tierra para la extracción de oro, lo que conlleva a un desequilibrio ambiental, social y cultural de grandes proporciones. Los cultivos ilícitos también han aumentado, con otra gran casualidad: Luego del posicionamiento de una base militar en las montañas cercanas a estos cultivos, la producción de coca y marihuana aumentó[4].

Lo anterior, expresado y denunciado frecuentemente en distintos espacios de confluencia política, social y cultural ha logrado llegar a muchos oídos, pero hace falta llegar a muchos más. Oídos dispuestos a escuchar para gritar, a ojos dispuestos a mirar para ver, a manos dispuestas a construir. Lo anterior, parece que para la insurgencia sentada en La Habana, no le ha quedado muy claro, en cuanto a la participación del movimiento indígena, campesino o afro. No se trata de cooptar, se trata de escuchar y llegar a la anhelada Unidad.

El 23 de febrero pasado, las comunidades del Cauca se encontraron para analizar el encuentro de los actores del conflicto que lleva más de 4 años. A partir de cuatro preguntas se analizó la situación. Una de estas preguntas fue:

¿Cómo incidir para que la mesa de negociaciones de paz en la Habana – Cuba, garantice el diálogo con los pueblos indígenas? La respuesta que dieron los participantes fue muy  concreta, señalaron  que la propuesta que dieron algunos líderes de incidir en la mesas de negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC sonaba de forma interesada, porque no es posible  participar en estos diálogos sin tener propuestas que sean construidas de forma consulta y por las bases, en este sentido es mejor exigir a los actores armados y el capital transnacional  que respeten los  territorios en vez de incidir en la mesa que no aborda la crisis del sistema capitalista[5].

La propuesta de paz que desde el Norte del Cauca y en general las comunidades étnicas siempre han demandado para su pervivencia y armonía se construyen a partir de demandas ancestrales y comunitarias bajo lógicas de democracia directa en asambleas amplias: Los derechos territoriales de los pueblos indígenas, el fortalecimiento del gobierno propio, garantías para desarrollar la autonomía. Demandas que el propio Manuel Quintín Lame las iba tejiendo en las insurrecciones de principios del siglo XX para que en 1971 se conformara el Congreso Regional Indígena del Cauca, donde su lucha ha sido por la pervivencia y la paz; la unidad, tierra, cultura y autonomía.

Para la última semana de Mayo, se está organizando una gran movilización desde los territorios ancestrales, en la que pedirán al Gobierno Nacional el cumplimiento del 97% de lo pactado en el último paro nacional agrario. En esa medida de reivindicaciones y demandas, también se observará con ojos críticos el tema de la minería, la tenencia de la tierra, el paramilitarismo y la participación en la mesa de negociaciones.

Hay que recordar, que en Cuba con las FARC-EP, o en varios países del continente con el ELN, no se está ni se va a negociar el modelo económico ni el problema agrario en profundidad. Las insurgencias están condicionadas bajo sus banderas políticas, dejando a un lado las propuestas del grueso de los movimientos sociales de talante autónomo. Por todo lo anterior, hay que impulsar los principios de autonomía que se pueden encontrar en luchas sociales y étnicas, que más allá de lo que se pacte entre dos actores del conflicto, puedan llegar a dilucidar un horizonte de lucha donde los pueblos salgan del olvido y la muerte.

[1] Denuncia hecha el día 7 de Abril por la consejera de la ONIC en rueda de prensa con medios alternativos de comunicación.
[2] Ver al respecto:http://www.las2orillas.co/caso-feliciano-valencia-justicia-indigena-si-pero-cuando-conviene/
[3] http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/nuestra-palabra-kueta-susuza-2013/8094-la-detenci%C3%B3n-de-siete-comuneros-del-resguardo-ind%C3%ADgena-de-sanfrancisco-es-otro-golpe-para-la-justicia-propia

[4] Denuncia hecha el día 7 de Abril por el gobernador de la ACIN, en rueda de prensa con medios alternativos de comunicación.
[5] Vera al respecto: http://www.nasaacin.org/nuestra-palabra/8078-%E2%80%9Cuna-cosa-es-lo-que-piensa-el-burro-y-otra-cosa-el-que-lo-arrea%E2%80%9D-comuneros-hablando-de-%E2%80%9Cincidir%E2%80%9D-en-la-mesa-de-negociaciones-de-paz-en-la-habana-cuba