Memoria

Reflexiones al anuncio del Cese al fuego y de hostilidades Bilateral entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep

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Hoy, 23 de junio del 2016 se vive un momento histórico en toda la nación, la insurgencia de las Farc-Ep y el gobierno nacional llegan a un acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades de manera bilitareal y definitiva. En ese marco, es innegable la importancia que tiene este suceso en lo que concierne a la agenda política de la  organización alzada en armas desde hace 52 años.

Dadas las implicaciones propias de la guerra, se hace necesario  problematizar las repercusiones de la firma del acuerdo. La primera de ellas: el cese de hostilidades no significa el ultimo día de la guerra o el fin del conflicto como algunos han anunciado, y esto habrá que tenerlo presente, pues es innegable la existencia tanto de circunstancias como de actores armados bien sean  fuerzas rebeldes o paraestatales —sin punto de comparación—  que desbordan los alcances de pueda tener la voluntad de las Farc-EP y el gobierno nacional. A partir de lo anterior, no resulta descabellado pronosticar un recrudecimiento de las hostilidades para aquellos sectores que se encuentren fuera del marco del mencionado acuerdo.  Es más, tras este acuerdo las elites políticas y económicas preparan una nueva reacción que podemos avizorar: el nuevo código de policía y la consolidación de la criminalización de la protesta social, la ley Zidres y la contrarreforma agraria que este significa, hacen parte de un larguísimo etc’s de leguleyadas  sectorizadas que apuntan a desarticular al movimiento social y golpear a parte del mismo sobre todo si se trata de procesos independientes o autónomos.

En ese sentido lo que para un sector importante de la izquierda,— incluida  la insurgencia—  junto con grandes segmentos de la población colombiana leen como una victoria, para otras, nos debe implicar un reto que pasa por diferentes cuestiones: Primero, reafirmar en la acción  que  la agenda política de las FARC-EP no  es el derrotero de luchas sociales del país –aunque haga parte de si—y segundo,  el  fortalecimiento de  los procesos autónomos con miras a su articulación  con el fin de que a través del trabajo conjunto podamos garantizar los procesos de movilización social en medio de un conflicto de clases latente y aún vigente como se constata en la consolidación del modelo neoliberal en Colombia asentado en la explotación minero energética, la invasión del capital extranjero, entre otras circunstancias. Es un momento histórico y lo tendremos que afrontar  como tal: Una lucha de clases, apostándole al  trabajo de base y la inserción social.

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Memoria y Lucha de Clases. A propósito de trágicos sucesos del movimiento estudiantil en Colombia.

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El destino se muestra en cuanto observamos una vida
como  algo condenado, en el fondo como algo
que primero fue ya condenado y, a continuación,
se hizo culpable. Walter Benjamin

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Marzo es un mes particularmente trágico para la memoria del movimiento estudiantil  colombiano en su expresión contemporánea. En efecto, son al menos seis las muertes registradas en los últimos 10 años ( Oscar Salas[1] , Andrés Arteaga[2]  ,  Ricardo Molina[3], Lizaida Ruíz, Óscar Arcos y Daniel Garzón[4]) en sucesos que se han visto teñidos por toda clase de polémicas  alrededor de las circunstancias, móviles y personas involucradas. Ello no debe causar extrañeza si tenemos en cuenta que a pesar de las diferencias espaciales y temporales que caracterizan cada uno de los sucesos, igualmente, existen algunos elementos a saber que les hacen vinculantes entre sí: ser jóvenes, provenir de extracción popular, estudiar en Universidades Públicas, y ser poseedores de un pensamiento-acción crítico frente a la decadente situación del país. De manera pendenciera, los medios de (des)información masiva han promovido un discurso tendiente a construir un imaginario colectivo en el que se estigmatiza como enemigo del bienestar social todo aquel sujeto que posea las características anteriormente enunciadas, todo a su vez,  como parte de la táctica  que busca justificar la represión de la que son objeto estas personas, agenciada de igual manera y de forma premeditada, desde las altas esferas del poder.

 

Así pues, queda de manifiesto que el desenvolvimiento de la lucha de clases también se da en el plano de la memoria puesto que la disputa no se limita únicamente a los recuerdos de ciertos eventos y/o personajes, en el fondo, de lo que se trata es de la mutilación de los significados de los proyectos de resistencia forjados en las clases explotadas por parte de la elite dominante, y  a su vez, la férrea defensa que dan  dichas clases por hacer viva acción las connotaciones  de su memoria pues es allí donde reside el sentido de su quehacer.  En otras palabras, la memoria no sólo es recuerdo del pasado, es ante todo, guía para el presente y el futuro de quienes la agencian. Semejante disputa no es una cuestión exclusiva  de nuestro territorio, por el contrario, es la naturaleza del capitalismo que se erige como:

 

“una máquina eficiente de segregación, o podría también decirse, de inutilización de las memorias de las víctimas. Y también, una máquina capaz de obtener un alto grado de perfeccionamiento en la construcción insoslayable de sus nuevas víctimas, es decir, en la creación de unas víctimas que ya no saben que lo son, o que el dolor ya no existe en ellas”.[5]

 

Es a raíz de lo expuesto que se hace comprensible el afán de las clases dominantes en Colombia por apropiarse de la memoria de las víctimas deslegitimándolas mediante la injuria y la calumnia pues la función de tal proceder está ligado a encubrir el status político de las víctimas como parte del proceso de subyugación del que son objeto. De esta forma, la elite del país impone  relatos ficcionales que nublan las representaciones que las víctimas elaboran sobre la memoria, y a partir de allí, buscan minar el camino mediante el cual se construyen los pensamientos, sentidos y reflexiones que posibilitan nuevas conciencias que materialicen los proyectos de sociedad alternativos al imperante despotismo capitalista.  Bastará repasar brevemente la presentación de los casos en los medios masivos de (des)información para constatar lo señalado.

 

El 8 de Marzo de 2006 en medio de unas protestas en la Universidad Nacional de Colombia es asesinado Oscar Salas, estudiante de Lengua Castellana de la Universidad Distrital, producto de una canica que ingresó por uno de sus ojos al estallar una recalzada arrojada por un integrante del E.S.M.A.D (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) como se ha relatado en algunos medios[6]. Desde entonces, es mucho lo que se ha dicho en relación a la brutalidad con la que opera este organismo que lejos de la retórica de controlar el orden público, ha demostrado con nefasta suficiencia, que su función real es la represión cruda y descarnada midiendo resultados en términos de heridos y asesinados en el marco de la legitima protesta. De manera paralela, los grandes emporios de la comunicación han guardado un silencio cómplice que ha terminado por calar en la mayoría de la población, incluida la propia Universidad Distrital en la que estudiantes y docentes por desconocimiento u omisión, han desterrado la memoria de Oscar Salas del discurso colectivo salvo algunas excepciones de esfuerzos minoritarios principalmente de allegados al joven estudiante. No siendo suficiente con ello, la madre de Oscar, Ana Benilda Ángel, ha recibo toda clase de amenazas[7] a raíz de su perseverante trabajo alrededor del esclarecimiento del asesinato de su hijo con lo cual queda de manifiesto el interés de quienes están detrás de la muerte de Salas por acallar cualquier resquicio de memoria sobre la impunidad que ha revestido este suceso.

Pasarían cinco años para que otro suceso en el mes de Marzo volviese a enlutar el ya trajinado movimiento estudiantil en Colombia, esta vez, el epicentro sería la Universidad de Nariño en la ciudad de Pasto. Cuentan los testigos, que una fuerte explosión conmocionó el centro educativo la noche del 29 de Marzo de 2011 en la que resultaron heridos 8 estudiantes, de los cuales tres fallecieron posteriormente, siendo el primero de ellos Andrés Arteaga a tan sólo dos días después de los trágicos acontecimientos (sus compañeros Vanesa Calvache y Luis Guillermo Hernández lo harían en las semanas siguientes[8]). Un día después, se presentarían fuertes protestas en diversas universidades de Bogotá, Tunja, la Costa Atlántica y Medellín como rechazo a la reforma de la ley 30 que se comenzaba a avizorar; rápidamente,  la maquinaria de (des)información criolla vinculó estos hechos con los acaecidos en la ciudad de Pasto y difundió declaraciones con la clara intención de estigmatizar. Ejemplo de ello  seria  las del aquel entonces Vicepresidente de la república Angelino Garzón cuando afirmó: “una cosa es la protesta y otra la criminalidad(…)todas estas expresiones de violencia, que son contrarias al espíritu crítico estudiantil, conllevan a que las universidades se conviertan en escenarios de guerra”[9]. De la misma manera, el discurso macartista tuvo su expresión local en uno de los decanos de la Universidad que contó con amplia difusión de medios como Caracol Noticias que hacían juego con las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos quien a través de Twitter señaló: “el gobierno no va a permitir que la violencia de unos pocos se apodere de las universidades(…)se actuará con toda la contundencia”[10], sin embargo, a pesar de toda la turba inquisidora que se levantó en este episodio, vale la pena recalcar la actitud de quien auspiciaba como rector de la Universidad de Nariño, el señor Silvio Sánchez Fajardo que de manera decorosa y respetuosa salió a la defensa de los estudiantes involucrados en la explosión.

 

Un año después y con tan sólo pocos días de diferencia, el dolor se trasladaría a las ciudades de Tunja y Bogotá dejando una estela de muerte a su paso. El primer episodio estuvo marcado por la muerte de Ricardo Molina[11] estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el 23 de Marzo de 2012 tras batallar con las fuertes lesiones producidas por una confusa explosión en el marco de una protesta desarrollada algunos días atrás. Señalamos  que  fue una confusa explosión ya que si bien las autoridades adjudicaron los hechos al manejo de explosivos por parte del estudiante, esta versión se encuentra sujeta a crítica, pues posee varias inconsistencias  frente a lo relatado, tales como el acontecer del suceso, el rango de la explosión, la forma  como se comprometió la humanidad de Ricardo, entre otras. Sea como fuere, hasta el día de hoy no existe un dictamen definitivo, ni tampoco, presunción de inocencia  en los grandes medios de  (des)información. Por otra parte, no habría pasado el sinsabor de lo ocurrido en Tunja cuando un nuevo golpe se asestaría contra el movimiento estudiantil, esta vez, en la ciudad de Bogotá específicamente en la localidad de Suba con la muerte de Lizaida Ruíz, Óscar Arcos y Daniel Garzón en la residencia de este último el 25 de Marzo de 2012. Estos hechos merecen particular atención con lo expuesto en este artículo pues es uno de los casos en los que mayor cantidad de falacias y vituperios han arrojado los criminales del periodismo criollo quienes mercadean de manera irresponsable con el dolor ajeno con tal de vender “la chiva” del momento.

 

En efecto, apenas el país conoció la noticia de la explosión en la que murieron los estudiantes y la egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, ya se tenía lista la versión  “oficial” sin ningún tipo de rigor investigativo (la ineptitud periodística abjurada tener claras las circunstancias de la explosión, aunque aún días después, ¡seguían confundiendo los nombres y carreras universitarias de los implicados!) en la que se señalaba que Lizaida, Óscar y Daniel se encontraban manejando la estrambótica cifra de 10 kilos de explosivos[12]. Y además de ello, asegurando en contra de la lógica más elemental, que los fallecidos se encontraban en estado de alicoramiento al momento de la explosión. Esta artificiosidad de versión fue acompañada como es costumbre en los inquisidores medios de (des)información masiva con la aseveración de que los estudiantes estarían vinculados con grupos al margen de la ley según lo demostraría el supuesto hallazgo de panfletos alusivos a la insurgencia, que al igual que el mítico computador de Raúl Reyes, mágicamente no resultaron afectados por la explosión[13].  Para rematar, la versión sobre el objeto de la fabricación de los explosivos cambió conforme fueron avanzando los días producto de la “sagaz” investigación que pasó de afirmar que se utilizarían el 1ro de mayo[14]  ¡para luego salir con la fantochada de que los fallecidos estarían planeando  un atentado en el Festival Iberoamericano de Teatro![15] .

Junto con lo anterior, es necesario manifestar y desenmascarar las posiciones de “grandes” políticos de nuestro ámbito nacional que haciendo un papel acomodado señalando la paja en el ojo ajeno,  ahora que se encuentran desmovilizados de toda lucha social, como el entonces Secretario de Gobierno de Bogotá, Antonio Navarro Wolf[16], el cual de manera pendenciera sigue el libreto de las fuerzas Militares, al acusar a los jóvenes de pertenecer a estructuras de la insurgencia, y pero aún, haciendo hincapié en la responsabilidad de los padres, por acción u omisión, al permitir que jóvenes se reúnan en una casa, vulnerando de lleno la posibilidad de reunión de jóvenes con sueños transformadores.

Como se vio, todos los casos referidos anteriormente han contado con la distorsión y manipulación de manera premeditada de los grandes conglomerados encargados de la difusión de la (des)información masiva en plena sintonía con los intereses de los gobernantes de turno. En ese sentido, contribuyen a la estigmatización de la juventud que se atreve a plantear alternativas de sociedad mediante la difusión de mensajes tendenciosos que buscan en los jóvenes universitarios de extracción humilde un enemigo a temer tal y como acontece en algunas notas “periodísticas”[17].

Es evidente entonces la capacidad que han mostrado los poderosos para agenciar discursos sobre la memoria de las víctimas que negativizan sus experiencias instalándose en la vida cotidiana de estas haciéndoles infértiles en la re-creación de sus proyectos de transformación. Esto tiene implicaciones inmediatas en lo que a la izquierda se refiere puesto que implica la desaparición de sus referentes y el contenido ideológico de los mismos[18]. En Colombia esta situación es bastante grave ya que no sólo habría que hablar de la posibilidad de tener memoria como sucede en algunos contextos, sino que además,  es necesario hablar de la posibilidad de poder hacer algo con ella, es decir, vivenciarla en la acción en el marco de un conflicto político, social y armado que ha arreciado con virulencia contra el pensamiento crítico.

Es por esto que cobra vigencia que:

Ante este situación, es muy necesario buscar referentes históricos positivos que ayuden a la izquierda a reconstruirse ideológicamente y sea capaz de luchar contra la cultura dominante, para reconstruirse también organizativamente, con el objetivo de que las clases populares dominadas puedan dotarse de los instrumentos orgánicos de lucha necesarios para combatir la implantación de un régimen político y económico injusto, basado en el “darwinismo” social, impuesto a través de una aparente democracia en unos casos y de la fuerza en otros[19]

A la luz de lo enunciado, encontramos en la memoria no sólo una posibilidad, sino también, una responsabilidad con los esfuerzos y legados de quienes precedieron y dieron lo mejor de sí por una sociedad mucho más fraterna.  En la memoria encontramos una rica fuente de reflexión que dota de sentido nuestro quehacer en el presente que nos muestran que el oprobio no es destino manifiesto, y que por el contrario, en la diversidad del movimiento social podemos encontrar referentes que nos ayuden a afrontar de manera pertinente los desafíos de la decadencia contemporánea.  En últimas :

La construcción de nuestra memoria histórica, entonces, no se limita a la reivindicación de nuestros muertos sino que recobra los sueños y proyectos por los que entregaron sus vidas. Implica ejercicios de investigación que pongan de nuevo a nuestro alcance las diversas formas de organización y de trabajo de los sectores populares en Colombia para oponerse a la opresión del capital. Y esto no solo como una forma de ampliar nuestro conocimiento de la historia desde los sectores populares sino como la manera de no declarar el pasado como clausurado y aceptar nuestra actual realidad como algo natural y definitivo. El pasado de los oprimidos sigue vivo y es la fuerza que alimenta nuestras luchas, la posibilidad de preñar el presente con otros mundos posibles[20]

 

 

[1]          8 de Marzo  de 2006
[2]          31 de Marzo de 2011
[3]          22 de Marzo de 2012
[4]          Aunque Lizaida ya era egresada, fue parte activa en la Universidad Pedagógica Nacional. Murió junto con los estudiantes Óscar Arcos y Daniel Garzón el 25 de Marzo de 2012.
[5]    TASSO,Pablo. Sobre la memoria, la conciencia y el pensamiento en América Latina. Entre la laguna y el pantano.
[6]    Ver en : Oscar Salas y las víctimas del Esmad. En: http://www.elespectador.com/esmad/columna189286-oscar-salas-y-victimas-del-esmad
[7]    Ver en: Ana, madre de Oscar Salas, estudiante universitario asesinado por el Esmad, se encadena a las afueras de la fiscalía. En: http://www.colectivodeabogados.org/Ana-madre-de-Oscar-Salas
[8]    Ver en: A 3 se eleva número de muertos por explosión en la Universidad de Nariño. En: http://www.vanguardia.com/historico/100402-a-3-se-eleva-numero-de-muertos-por-explosion-en-la-universidad-de-narino
[9]    Ver en: Investigan causas de explosión en la Universidad de Nariño. En: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/investigan-causas-de-explosion-universidad-de-narino-articulo-260313
[10]  Ver en: Universitario murió tras una explosión. En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4480113
[11]  Ver en: Murió estudiante tras explosión en la Uptc. En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11411041
[12]  Ver en: Explosión en suba deja tres estudiantes muertos. En: http://noticiasunolaredindependiente.com/2012/03/25/noticias/explosion-en-suba-deja-tres-estudiantes-muertos/
[13]  Ibid
[14]  Ibid
[15]  Ver en: Estudiantes muertos en Suba estarían preparando atentado en festival. En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11658122
[16]   Ver: Explosión en Suba se debió a fabricación de papas bomba En: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/explosion-suba-se-debio-fabricacion-de-papas-bomba-articulo-334399
[17]  Ver por ejemplo: Crece alarma por uso de explosivos mortíferos entre estudiantes. En: http://www.semana.com/nacion/articulo/crece-alarma-uso-explosivos-mortiferos-entre-estudiantes/255596-3
[18]  Por una memoria de lucha. En: http://www.foroporlamemoria.info/2012/09/por-una-memoria-de-lucha/
[19]  Ibid
[20]  La memoria como herramienta en la lucha de clases. En: http://www.es.lapluma.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6973:la-memoria-como-herramienta-en-la-luca-de-clases&catid=58:opinion&Itemid=182

La liberación de la Madre Tierra, una milenaria lucha Anticapitalista

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El tan mentado acuerdo sobre el Cambio Climático en la COP21 nos hace reflexionar sobre el acontecer de la lucha por el respeto hacia la Naturaleza contra las emisiones de Carbono de los países tanto industrializados como los llamados en “vía de Desarrollo”, reflexiones claro está, deben desembocar si realmente se quiere llegar a la medula del asunto, en asumir una postura anticapitalista como lo vienen haciendo comunidades indígenas y campesinas en el Cauca como parte del proceso de lo que han llamado la “liberación de la madre tierra”.

El acuerdo firmado el 12 de diciembre de 2015, entre palabras bonitas y frases rimbombantes se compromete a “realizar esfuerzos” para limitar el aumento de la temperatura global, por debajo de los 1.5°C, pero como es costumbre en estos tratados no se demarcó el camino para allanar esta ambiciosa meta. En consecuencia, el resultado en el cual era necesario lograr un acuerdo que incluyera las principales potencias como los Estados Unidos de América, se construyó un tratado que no tuviera implicaciones jurídicas es decir que no existirán sanciones para los países que incumplan estas metas. Por lo cual, se puede decir que estamos igual que antes que se firmara este “histórico acuerdo”.

Para concretar un pacto de esta magnitud hace falta, por supuesto, entre otras cosas, una voluntad política sobre el uso de energías renovables, además de la revisión sistemática de la emisión de carbono de todas las industrias y el cambio paulatino de energías no renovables a energías renovables. Pero más allá de esto, lo realmente significativo es un cambio sustancial en el modelo de producción, distribución y consumo que actualmente tiene el planeta lo que generaría resquemor y temor pues implica la transformación radical de las condiciones de existencia actuales trastocando los intereses de empresarios, políticos y banqueros, y hasta nuestras propias comodidades.

En ese sentido, desarrollar un cambio de estos se hace necesario mediante el análisis desde una perspectiva bastante crítica sobre el sistema capitalista y sus implicaciones en los territorios en los que nos desarrollamos, es decir nuestro contexto especifico latinoamericano, puesto que no hacemos mucho en pro de la lucha por el cambio climático, si nos quedamos parafraseando consignas venidas de contextos diferentes, mostrando videos sobre los grandes campos eólicos en Europa, o fotos que muestran la angustia de los osos polares frente al deshielo de los glaciares, ni mucho menos adoptando practicas con las que perfectamente el capital puede convivir.

Enfrentarse a las injusticias globales implica entonces enfrentarse a las comodidades que el mismo sistema capitalista genera en nuestras vidas, a partir de los beneficios que ha conllevado para el ser humano el desarrollo del actual sistema de producción y consumo desaforado. Por ello, para llevar a cabo una lucha constante frente al modelo extractivista en el cual estamos inmersos, hemos de ver las diferentes luchas que desde nuestros ancestros se han forjado en nuestros territorios. Como lo es el proceso de Liberación de la madre tierra.

Proceso de Liberación de la Madre Tierra

Asociaos, pues, de comuna a comuna; que la más débil disponga de la fuerza de todas. Además, debéis hacer un llamamiento a todos los desheredados de las ciudades, a los que tal vez se os ha enseñado a odiar, pero que es preciso amar por ser ellos los que mejor sabrán ayudaros a guardar la tierra y reconquistar lo que se os ha quitado. Con ellos os podréis lanzar al ataque contra el enemigo que os amenaza, podréis derribar los cercados, y con ellos podréis formar la gran comuna de hombres libres, donde se trabajará en concierto para vivificar y embellecer a nuestra madre tierra, y ella nos recompensará haciéndonos felices a todos”

-Eliseo Reclus-

Invisibilizado por los medios de comunicación hegemónicos, el proceso de liberación de la Madre Tierra que se viene dando en el valle geográfico del río Cauca, especialmente en los municipios de Corinto y Caloto, tiene entre sus antecedentes más importantes cuando por allá a inicios de los años 70 se inician algunas recuperaciones de tierras ancestrales rescatando el legado de Manuel Quintin Lame, hecho que convoca a los cabildos indígenas en la conformación del consejo regional de Cauca que se fundamenta en la premisa de que “indio sin tierra es indio muerto”. Ya para la década del 80 se consolidan los territorios recuperados bajo el liderazgo vital del sacerdote Nasa Álvaro Ulcué Chocué, quien fuera asesinado, por las inclementes balas del establecimiento. Suceso que precede a la incursión narco-paramilitar que se da en noviembre de 1991 con la complacencia estatal donde son asesinados 20 comuneros y comuneras. Posterior a ello y de manera fluctuante la dinámica se mantendrá hasta que en el 2005 ya no solo se habla de recuperaciones de tierra sino que estas mismas se inscriben en un proyecto a largo aliento que se conoce como “la liberación de la madre tierra”. Desde allí hasta hoy en día, se suceden varios hechos significativos entre los cuales el que reviste mayor trascendencia por los intereses que se trastocan es el acontecido el 14 de Diciembre del año 2014, en el que varias indígenas se tomaron 4 fincas productoras de Azúcar que poseen varias hectáreas dedicadas al monocultivo pertenecientes en el papel vía usurpación territorial a la multinacional INCAUCA, la cual hace parte del emporio Ardila Lulle[1]. En palabras de una indígena nasa comunera de un resguardo de Corinto, Cauca:

 “Estamos  repartidos en estas haciendas. Cuando nos asentamos fue por los incumplimientos del gobierno hacia nosotros, como consecuencia y obligación por las masacres que ha cometido. Nuestra presencia allí es para presionar al gobierno. Estuvimos pacíficamente hasta enero con personal del ingenio INCAUCA; actual dueño de las haciendas. Se les dijo que íbamos a trabajar la tierra. Ellos no podían tomar decisiones pero actuaron como puente con los dueños”.

Así pues como ya lo mencionamos, este conflicto no data desde hace un año, por el contrario hace parte de una lucha de siglos por el territorio y la autonomía de los pueblos indígenas. Remitirnos a ella tiene su razón de ser porque nos plantea grandes derroteros para el movimiento social que se enfrenta a los mismos intereses capitalistas, esta vez en forma de monocultivos, que representan los intereses de las multinacionales extractivistas que están destruyendo los territorios de comunidades indígenas, campesinas y afros.

La propuesta de tomarse las tierras que desde tiempos remotos han habitado estas comunidades se ha venido desarrollando en el marco de la colectivización de las tierras, que al igual que la España del 36, propende por un modelo de producción campesina colectiva, donde se produzca de acuerdo a la necesidad de la comunidad que explota la tierra. Estas formas de producción colectiva son la punta de lanza de un nuevo –pero milenario- modelo de sociedad, que instaure en sus habitantes prácticas más solidarias y fraternas, tanto en hombres y mujeres como en la relación con la misma tierra.

Por todo lo anterior estudiar, impulsar y desarrollar estas luchas debe ser una de las tareas para afrontar el año que viene, que pasa por entender en nuestros territorios que el proceso de “liberación de la Madre Tierra” o la colectivización de la tierra es un asunto primordial en la lucha contra el cambio climático; por ende en la lucha contra el Estado y el modelo capitalista imperante. Superar las consignas que se vienen repitiendo sin tierra fértil en nuestro contexto es una tarea a resaltar en el movimiento anarquista que venimos forjando en nuestro territorio.

[1]                     http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/3-newsflash/7442-az%C3%BAcar-manchado-de-sangre-del-norte-del-cauca

Las víctimas más allá de los acuerdos

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Plantilla-ImagenEl tema de la reparación de víctimas, ha sido un tema recurrente no solo en la mesa de negociación de la Habana sino en el grueso de la población colombiana. En el meollo del asunto la interrogante constante es cómo asegurar los mecanismos necesarios para que posterior a la firma de los acuerdos se cumpla con los estándares exigidos por la corte institucional como lo son: Verdad, Justicia, reparación y garantías de no repetición.

Según los estándares internacionales establecidos para la aplicación de justicia transicional en la finalización de un conflicto, se firmó en septiembre del presente año un acuerdo de justicia transicional bajo un tribunal especial para la paz que se encargará de diseñar los mecanismos por medio de los cuales se darán las garantías del cumplimiento del proceso, así como de la aplicación de los estándares establecidos. A partir de ello, se acordó que se establecerían amnistías e indultos lo más amplias posibles, determinando tentativamente penas punitivas que van desde el indulto absoluto hasta 8 años de condena. Todo esto enmarcado en el eje central de la reparación: La verdad. Una de las características a resaltar, no solo desde la firma del acuerdo de justicia sino desde la propuesta de la FARC-EP, es la de instalar una comisión de la verdad, que ha logrado establecer algunos elementos que marcan la pauta en el avance del reconocimiento de las víctimas para su posterior reparación, incluido en ello el “castigo” a sus victimarios de las que serían parte las penas punitivas acordadas.

Con estos anuncios, los pronunciamientos de diferentes sectores políticos y sociales no se hicieron esperar, uno de los más controversiales ha sido del ex presidente y senador de la república Álvaro Uribe Vélez, quien a partir de una comunicado público el mismo día de la firma de estos acuerdos manifestó su descontento. Su pronunciamiento se enmarco en la indignación por la equiparación de las fuerzas armadas y la población civil con “los terroristas de las farc”, así como su rechazo, como lo ha manifestado desde el inicio de los diálogos, sobre la presencia de la “Dictadura de Venezuela” entro otros temas. Por otra parte el grueso del movimiento social y la izquierda colombiana así como los aliados del gobierno celebraron esta firma, evidentemente enmarcados en diferentes intereses y desde diferentes puntos de vista.

Y entre tanto pronunciamiento ¿En dónde están realmente las víctimas?

La justicia consensuada en estos acuerdos es de carácter restaurativo, es decir, que busca restablecer las relaciones entre las víctimas y los victimarios a través de una reparación integral que pase por la reconciliación de toda la sociedad. Dentro de este punto, es importante resaltar que cuando se habla de reparación de víctimas a partir de sus victimarios, se habla también de cómo el gobierno reparará a la población que ha sido víctima de sus intentos de combatir la insurgencia, bien sea estatal o paraestatalmente.desplazados

En ese marco, el gobierno nacional crea en el año 2012 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cual bajo la firma de estos acuerdos y la próxima firma (en caso de que así sea) de los acuerdos en general, será afianzado como mecanismo de registro y control de reparación de víctimas en el país. Estableciendo su misión, visión, enfoques y objetivos tanto estratégicos como tácticos, podemos leer en estos últimos, planteamientos como: “Retornar y/o reubicar a las víctimas del conflicto en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad.” Y “Adelantar acciones de pedagogía social encaminadas al reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos y al ejercicio pleno de su ciudadanía.”, así como toda una estrategia de reparación enfocada en la restitución de tierras y construcción de vida digna – al menos en el discurso – para las víctimas y la población en general, buscando la reconstrucción social, política y económica de la nación.

En datos concretos esta unidad de reparación tiene en el registro único de víctimas 7´758.935 personas afectadas, de las cuales según esta misma plataforma han sido sujeto de asistencia y reparación 5´932.213 de ellas. A primera vista, estas cifras nos hacen preguntarnos ¿cómo ha sido el proceso de registro de las más de 7 millones de personas mencionadas teniendo en cuenta la dificultad en términos de acceso qué tendrían ellas a estas plataformas virtuales reconocimiento las condiciones de la ruralidad colombiana de donde mayoritariamente provienen estas personas? , y por lo tanto, sin atrevernos a especular sobre cifras ¿Qué cantidad de víctimas hay realmente en el país? Y ¿Cuáles han sido los parámetros en esta supuesta reparación a más de 5 millones de ellas? Para esto hemos querido contrastar con pequeños ejemplos la situación del reconocimiento de víctimas en estas apuestas gubernamentales en prácticas concretas.

El 21 de septiembre de 2015 el periódico El Tiempo titulaba: “Con gases lacrimógenos ESMAD se toma edificio con desplazados”, así pues en casos como este, observamos cual es la verdadera atención que se le ofrece a la víctimas, en ese sentido tratando de dilucidar una respuesta un poco más clara a nuestra segunda pregunta, nos remitimos al mencionado articulo en donde Ruby Teresa Mosquera, desplazada de Caucasia, Antioquia afirma: “Llevo doce años con dos subsidios aprobados, con tutelas y ni así cumplen”. De esta manera, casos como el suyo abundan en el país como muestra de las condiciones de “reparación” con que cuentan las mas de 5 millones de personas atendidas por las medidas estatales según sus propias cifras.

En los datos de la plataforma de víctimas, en el departamento del Caquetá, municipio de Albania, se registran para el año 2015 un total de 24 personas expulsadas y 25 personas recibidas en la unidad. No obstante, en la actualidad, se encuentran asentadas en una de las tantas zonas periféricas de Bogotá más de 75 personas, la mayoría de la vereda de Aguas Claras, perteneciente al mencionado municipio. Estas 75 personas pertenecientes solo a una vereda, que se encuentran en la ciudad hace casi 2 meses, manifiestan haber asistido a reuniones realizando peticiones al Estado en busca de ayuda sin respuesta alguna. Lo anterior es contrastable con las 24 personas que dice el gobierno han sido expulsadas en el presente año del municipio completo, siendo el 1 de Noviembre la fecha de la última actualización de la base de datos de la unidad.

Igualmente, el 11 de noviembre de 2015 Agencia Prensa Rural titulaba: “Casas campesinas ocupadas ilegalmente por Ejército en Cauca” denunciando como desde el 23 de octubre se han venido haciendo saqueos a predios campesinos en diferentes municipios de dicho departamento en donde se han registrado gran cantidad de víctimas del conflicto armado y social en Colombia. Con estos tres ejemplos, que aunque se quedan muy cortos, es posible evidenciar las verdaderas intenciones de reparación de las que se mofa el gobierno. Preguntamos entonces nosotros: ¿Esta es la reparación de Santos?

Con el intento de ilustrar algunos casos que reflejan la situación actual de las víctimas, parece bastante paradójico que sean personas que desde la comodidad de sus computadores generen oposición o apoyo férreo teniendo en cuenta que nunca han sido objeto ni conocen de primera mano las condiciones que millones de víctimas del conflicto social en Colombia han padecido en el desenvolvimiento de la guerra. Y aún peor, el cinismo de las personas que al ser actores claves con profunda responsabilidad en la situación que posibilita la existencia de víctimas, pretendan establecer condiciones de reparación que mas allá de generar reconstrucción de tejido social, ahondan en el conflicto. Bastante clara es ya la postura del gobierno frente a las víctimas, a quienes solo pretende atender en el marco de la negociación de unos acuerdos de la Habana, que por cierto, pueden llegar a favorecer sus políticas neoliberales en otros puntos que se encuentran en calidad de negociación – este escenario si bien no es inexorable si es posible- y es en ese contexto en el que juega la clase dominante en el marco de las relaciones costo/beneficio, en otras palabras, estamos ante un tira y afloje en la coyuntura generada durante la firma de los acuerdos y la que se pueda generar posterior a ellos, se firmen o no. Así pues es necesario preguntarnos ¿Está dentro de las intenciones del gobierno la reparación de las víctimas más allá de lo que dentro de sus intereses pueda llegar a negociar con los acuerdos?, bastaría mirar su proceder para sacar sus propias conclusiones.

Visto de esta forma, afirmamos vehementemente que la reparación de las víctimas así como la construcción de una vida digna de todas las personas, no debe estar sujeta a una negociación a conveniencia del alcance que pueda tener uno u otro actor. Esta posibilidad de vida digna debe ser una lucha desde las víctimas mismas, aquellas quienes conocen más que nadie cual ha sido su proceso y como se deben reparar. Es por esto que nosotras como anarquistas debemos estar en las calles, de la mano con aquellas a quienes no les han permitido que su voz resuene hasta La Habana. Ellas,   quienes conocen más que nadie el conflicto sin haber leído o escrito sobre él y en quienes debe estar la decisión de pactar, o no, la forma de reparación y las políticas que, respondiendo a la necesidad de construcción de paz, beneficien a todas las que históricamente han sido vilipendiadas.

ALCA. 10 años de lucha “Antiimperialista”

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Hace 10 años veíamos como en la calles de Buenos Aires los movimientos sociales y sindicales comenzaban a ver el fruto de las luchas de la década anterior, en las calles se escuchaba un fuerte y claro “No al ALCA”, de donde posteriormente gobiernos –progresistas o populistas- se tomaron la imagen de rigor para quitarle protagonismo a sus principales actores. En la foto no quedaron los hombres y mujeres que se enfrentaron años atrás en Bolivia por la privatización del Agua y del Gas, o los múltiples levantamientos indígenas en México y Ecuador, o la fortaleza de los movimientos sindicales en Argentina en el Corralito o miles y miles de personas que en su día a día luchan por recuperar su vida del modelo Neoliberal que los condena a la miseria y el hambre.

Ahora bien, es necesario contextualizar que el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas) no se desarrolló gracias a un cabezazo de iluminación del entonces presidente de EEUU: George W. Bush hijo. En realidad, fue producto del empeño de las grandes corporaciones dueñas de este Hemisferio para lograr competir de tú a tú en la nueva pugna del capitalismo mundial que conformaría una triada con el posicionamiento en el panorama político de la Unión Europea y Japón. En ese sentido, el ALCA se planteó desde 1990, con la firma del NAFTA – Tratado de Libre Comercio de América del Norte- como un proyecto de control imperialista por parte de EEUU para competir junto a sus nuevos oponentes tanto económica como políticamente.

Las apuestas de los EEUU, como se caracterizaron en el periodo de Bush hijo, fueron cínicas y sinvergüenzas. La ilusión del gobierno norteamericano era crear un tratado de libre comercio en bloque con todos los países del continente afianzando su control frente a los mismos, exceptuando obviamente a Cuba, ya que para aquel entonces no se tenían relaciones comerciales debido al bloqueo impuesto a la pequeña isla.

En ese marco, la cita de resistencia fue esta vez en los días calurosos del verano bonaerense, donde miles de militantes sindicalistas y movimientos sociales se vieron en la cumbre de los pueblos, paralela a la IV Cumbre de las Américas, donde ratificaron el trabajo antiimperialista que habían acumulado en los años anteriores desde sus distintos campos de acción. Vale la pena recordar que las apuestas anarquistas a diferencia de la actualidad, estuvieron presentes en estas campañas y conferencias haciendo estudios sobre las implicaciones del ALCA y los tratados de Libre Comercio, pero también, dejaron de manifiesto su oposición accionando en las calles y haciendo un enérgico llamado a resistir desde todos los campos posibles.

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Después de las notorias luchas antiglobalización que marcaron el final del siglo XX y comienzos del Siglo XXI, las contrapropuestas de integración de América no se hicieron esperar, y como podría suponerse, fueron concebidas una vez más por una política “desde arriba” en las cuales los gobiernos progresistas o populistas que comenzaban su ciclo por aquella época impulsaron una alternativa de integración en donde, al menos a nivel discursivo,   los pueblos fueran protagonistas. Entonces se hicieron comunes las banderas que prometían superar un estado en el que la competencia y la avaricia no fueran los valores que determinaran las conveniencias en las prácticas comerciales. En contraposición, se invitó a encarnar los más grandes valores exaltados por los pueblos que conformaban el naciente Bloque contra hegemónico y antiimperialista.

Allí nació la “Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América” que marcó un punto más de esperanza de los pueblos de América Latina y el Caribe contra el Imperialismo yankee. Esta propuesta fue perdiendo legitimidad cada vez que se veía que los mismos gobiernos que se oponían a la injerencia económica y comercial de EEUU, ratificaban lazos comerciales con multinacionales de distintos sectores económicos fuertemente ligados a las grandes corporaciones como lo es Chevron[1] por tan sólo citar un ejemplo.

En este nuevo panorama, 10 años después deberían ser suficientes para ver los frutos de la supuesta formación de militantes en países con gobiernos progresistas durante la última década, cuestión que queda bastante entre dicho al evaluar los réditos de lo que algunos han llamado el “Socialismo del siglo XXI”. Actualmente en ese panorama las cosas están cambiando en estos países, como lo es el caso de Argentina, donde el nuevo gobierno de derecha se posiciona para redireccionar las estrategias comerciales que venían dándose con el Bloque “contra hegemónico”, por ello, no es de extrañar que el nuevo presidente proponga la desvinculación del país de la MERCOSUR como primer acto de posesión. A su vez, en Venezuela si se llegase a posicionar un gobierno de derecha -no resulta descabellado contemplarlo-, su función tenderá a desmovilizar y reprimir a los movimientos sociales que en estos tiempos ha tenido un cuestionable repunte bien sea por conveniencia con el gobierno, o por una verdadera formación militante.

Esta situación nos permite reflexionar una vez más que la verdadera unión de los pueblos debe darse desde abajo, con las oprimidas y en vistas de crear alternativas al capitalismo mundial, desplazando desde nuestro actuar la lógica cotidiana de mercado en la que los gobiernos, progresistas o no, nos tienen inmersos desde hace marras. Es hora de que los principios anarquistas se posicionen en el movimiento social como verdadera alternativa al poder, para ello, la tarea es ardua y requiere inexorablemente retomar el vector social para que estas propuestas marquen un nuevo rumbo en los movimientos sociales. No podemos permitirnos más quedarnos en el guetto, convenciéndonos de manera estéril entre nosotras si una reivindicación es o no verdaderamente revolucionaria y si podríamos apoyarla o no. Es con la gente, con la vecina, el trabajador, el estudiante, finalmente con todas las nuestras, que tenemos que empezar a materializar la solidaridad, la acción directa y la autogestión. Entre todas tenemos que leer la historia, ¡nuestra historia!, recalcando nuestros pequeños triunfos como la derrota del ALCA, pero sin perder de ruta también nuestras fallas. No podemos seguir delegando en otras nuestra búsqueda por la libertad, Solo las que luchan serán libres!!

 

[1] http://issuu.com/ellibertario/docs/chevron_vzla

Cortina de humo. Perspectivas sobre la toma y retoma del palacio de Justicia.

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cabezaMuy seguramente en el momento que salga esta editorial la noticia del momento habrá dejado de ser las lágrimas de cocodrilo de algunas representantes de la oligarquía criolla frente a los hechos acontecidos algunas décadas atrás con la toma del Palacio por parte del M-19 y la retoma del mismo por parte de las Fuerzas Militares en aquel momento.

Ahora llenarán los titulares de los noticieros y la prensa, el concurso nacional de “Belleza”, El partido de la Selección Colombia en Chile, el morbo explotado con la tragedia de Armero, entre otras. Y no podía ser de otra manera ya que en nuestro país todo se diluye en el sagrado manto de la banalidad mediática.

No es de extrañar entonces que atrás hayan quedado los titulares sobre el Holocausto del Palacio, las razones del M-19, la “financiación” del Cartel de Medellín a la Toma, o la “injusta” pena que recae sobre personajes como los Generales Plazas Vega y Arias Cabrales.

El Anuncio de la entonces Ministra de Comunicación, Noemí Sanín, en el cual ratificaba su soberbia al no pedir perdón por los hechos ocurridos el 5 y 6 de Noviembre de 1985, destacándose en su papel de censura por parte del Estado a los medios de Comunicación que estaban transmitiendo los hechos en la Plaza de Bolívar y sus alrededores, nos demostró una vez más como el Estado a través de los medios de comunicación pueden llegar a tergiversar la historia de los sectores en resistencia convirtiendo en enemigos del pueblo a los sectores más beligerantes, que en mayor o menor medida, buscan un cambio en la situación Social, Política y Económica de las millones que sufren la violencia capitalista a través de la pobreza y la miseria a la que han sido sometidas.

No es papel de nosotras criticar “La operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, Ni el accionar del M-19 en dicha oportunidad. No obstante, cabe hacer un pequeña reflexión del contexto en el que esta operación se produjo y la respuesta que tuvo por parte del Estado: la retoma acaecida por parte de las Fuerzas Militares, en cabeza del Ejercito Nacional, el F2 y el DAS.

Para aquel entonces, Colombia enfrentaba 20 años de Conflicto social y armado, en donde varios actores tomaban un rol preponderante en la lucha por el poder, entre ellos se encontraba el M-19, una guerrilla Nacionalista surgida desde la pugna electoral, en la cual, la socialdemocracia representada por la Alianza Nacional Popular –ANAPO- reclamaba el fraude ante unas elecciones “irregulares” en la década de los 70’s, que como en todas las colombianas, fue el circo ideado para legitimar a la oligarquía de siempre en Cabeza de Misael Pastrana quien se desempeñaba como dirigente del Partido Conservador.

En su momento, el país se encontraba afrontando unas conversaciones de paz con varios actores insurgentes en los cuales se destacaban varias de las guerrillas que actualmente se encuentran desmovilizadas, propendiendo por un cambio dentro del sistema político en el marco de la democracia burguesa. Todo esto en el escenario que siempre hemos conocido, millones de pobres desplazadas por el conflicto enraizado en las disputas por el capital engordando los cinturones de miseria en campos y ciudades. Lo anterior, rubricado en un estado de sitio que restringía derechos ciudadanos básicos, al mismo tiempo que aumentaban las deudas adquiridas por el gobierno con la Banca internacional para cumplir estándares impuestos por entidades multilaterales. Igualmente importante, la consolidación de la oligarquía criolla que disfrutaba a sus anchas de los beneficios que representaba tener el respaldo del imperialismo Norteamericano en su lucha contrainsurgente, razón que lleva a comprender porque el gasto militar era de los más altos de la región con uno de los ejecitos más gruesos del continente, entre otras medidas.

A nivel continental, es importante no perder de vista que a ello se le sumaba los primeros indicios del proyecto neoliberal que en Chile estaba surtiendo sus últimos experimentos para replicarlo con la directriz de los Chicago Boys por toda Latinoamérica con su nefasto referente de dictadura militar.

Referencias a estos hechos los podemos encontrar en cualquiera de los análisis que las grandes empresas de formación –especulación- de opinión hicieron la semana pasada. El registro de 40 hombres y mujeres, que osadamente se tomaron el tercer símbolo en importancia de los poderes estatales: el Palacio de Justicia. La intención era lograr desde allí expresar en la palestra pública sus demandas frente a la “traición” por parte del Gobierno de Belisario Betancourt-que curiosamente en su candidatura de 1982, fue apoyado ampliamente por el sector de la ANAPO, partido político de los principales fundadores del M-19.- en el incumplimiento de los pactos de Paz firmados en Corinto, El Hobo y Medellín el 24 de agosto de 1984.

Versiones por parte de los medios de comunicación de esa época, si ningún atisbo de investigación o de ética, comenzaron a crear y difundir la versión oficial en la cual se culpaba de las muertes y desapariciones a la célula guerrillera encargada de la acción, donde se decía, que el Comandante del Operativo se había amarrado junto a varios Magistrados para inmolarse con varios explosivos atados a su cuerpo. Asimismo, de forma irresponsable se dijo que los guerrilleros habían ejecutado a sangre fría a los rehenes que quedaban en la mañana del 7 de Noviembre, entre otras tonterías típicas del arrodillado periodismo criollo que tenían por finalidad eximir al Estado de cualquier responsabilidad de los asesinatos a manos del ejército nacional, el DAS y el F2 en el proceso de retoma, buscando por carambola, nublar cualquier razón política de la guerrilla del M19 frente a su proceder en miras de forzar su futura desmovilización.

En ese marco, el papel de censura asumido por la Ministra Sanín fue fundamental para que este hecho no desencadenara una reacción por parte de sectores afines a la forma de hacer política del M-19, aprendiendo de la experiencia del Bogotazo en la que los medios fueron un factor fundamental en el desencadenamiento de la insurrección popular. El ministerio de Comunicaciones, en cabeza de Noemí fue uno de los primeros en tomar decisiones dentro de la Casa de Nariño, tomando la posición de no negociar con los “terroristas”, justificando su accionar bajo el sofisma de que unas cuantas jóvenes pusieran en Jaque a las instituciones democráticas y Republicanas.

Contado esto, es evidente la labor de los medios de comunicación junto con las políticas estatales de censura frente a unos acontecimientos que de manera parcializada pudieron llegar a representar un riesgo para su legitimidad. Paradójicamente, la censura de este suceso fue asumida de forma solapada por varios sectores de la sociedad, mientras otros tantos fueron desviados y diezmados con un partido de fútbol acompañado de la posterior versión oficial replicada y amplificada por las fabulas de los medios de desinformación.

Valdría la pena reflexionar que si el mecanismo que se pretende como reparación a la victimas es la verdad y la Justicia, es impajaritable encontrar a las culpables y responsables en las más altas esferas del Estado de por aquel entonces, que casualmente, son las mismas castas políticas que nos gobiernan hoy en día. Es una responsabilidad ética e histórica encontrar en el funcionamiento mismo del Estado a los culpables de esta tragedia que no es más desesperanzadora que la muerte de niñas por desnutrición en la Guajira o el Chocó, las ocho millones de pobres que sufren día a día la miseria y la explotación de un Estado que siempre ha servido a los intereses de los mismos Betancourt, Pastranas, Santos, y toda la ralea reaccionaria que detenta el poder en el país.

De la misma forma, debemos reconocer el aporte de una generación que logró asumir su época y condiciones de lucha con acciones marcadas por la creatividad y su cercanía a las demandas de las explotadas. Es por esto que las generaciones presentes deben continuar con una actitud más avezada y astuta frente a un Estado que tiene en sí mismo la capacidad de atropellar la dignidad de cualquier ser humano que se le interponga. El momento actual exige una generación que sea capaz de analizar las condiciones en las que el poder se afianza por medio del autoritarismo y las prácticas violentas. Tenemos que promover una actitud capaz de anticiparse a la reacción por parte de los aparatos represivos que no mediaran en la defensa de la institucionalidad y las condiciones de opresiones que el estado inherentemente conlleva.

Visto así, no resulta descabellado afirmar que estas fechas nos sirven para recordar, pero también, nos ayudan a darle cara a los problemas que persisten en un nuestro entorno y las razones que han permitido su permanencia. Son a su vez, una invitación a la reflexión en cuanto al poder y su persistencia en nuestras vidas ratificando que este sistema no va a ser destruido tan fácilmente. La tarea de construir una conciencia colectiva capaz de desterrar de nuestros corazones cualquier atisbo de autoritarismo y opresión, es la ocupación que debe fundamentar nuestro accionar en todas nuestras relaciones y territorios.

Una Triste Víctima

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Bty…Hace 24 años, los bogotanos se despertaron con este relato:

Una Triste Víctima[1]

“Que un estudiante, más si es mujer, muera bajo las balas de la autoridad en incidentes bien conocidos, es grave. Duele a los colombianos. Pero que caiga víctima de su propio invento, herida por una bomba terrorista, posiblemente fabricada por ella misma en unión de sus compañeros, es monstruoso. Si hubiera lógica, los estudiantes, inclusive aquellos que tomaban parte en la absurda protesta, se deberían autocensurar y organizar un movimiento de repudio similar a los que montan cuando la Policía, en defensa del orden, los frena en sus peligrosas manifestaciones. Ser víctima del estallido de una bomba destinada y nadie puede negarlo a destrozar a la fuerza pública, en un régimen democrático que ha concedido a la oposición los máximos derechos, es absurdo. Aun en estas demostraciones nos estamos quedando atrás. Se protesta en las universidades de otros países por hechos concretos. En Colombia todavía la batalla es contra el sistema.”

Es así como el Periódico El Tiempo hacía el análisis de la muerte de “La Negra”, como sus compañeros la llamaban, joven estudiante de 22 años que cursaba último semestre de Trabajo Social, en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Ella, joven anarquista, se encontraba junto con otra compañera realizando su tesis de grado titulada “Descripción y análisis de los grupos políticos que han hecho presencia en la Universidad Nacional en el periodo 1985-1991”, y por ello estaba esa tarde del 16 de Mayo, protestando en conmemoración de la masacre y desaparición de estudiantes que se produjo en ese mismo campus, 7 años antes, ese campus que ella y sus compañeras transitaban cada día.

Esa mañana ella y un centenar de estudiantes salieron a romper con la rutina, a enfrentar el olvido y a señalar el terrorismo de Estado engendrado en sus asesinos más visibles: la policía. Fue allí cuando un disparo y posterior explosión desconcertaron a las manifestantes, entre las cuales estaba ella. Su cuerpo cayó en la entrada de la calle 45 y fue trasladado a un centro de Urgencias donde falleció. Su Alma y su espíritu quedaron grabados en las memorias de los estudiantes que durante décadas han participado en ese mismo punto de manifestaciones y que como ella, y bien El Tiempo lo señala, “En Colombia todavía la batalla es contra el sistema

Sigue el análisis de este medio estigmatizando la figura de Beatriz, tildándola de “niña terrorista”:

“La niña terrorista, Beatriz Sandoval, muchacha joven, agraciada, de una clase media muy común en Colombia, se enfrenta a la injusticia social. Otra, Liliana Santamaría, de condiciones similares, también cumple una tarea con el mismo fin, pero completamente contraria en su procedimiento. Mientras Beatriz Sandoval se enervaba frente a la injusticia, buscando con su protesta sangrienta un nuevo orden, su compañera en la conquista de una posible igualdad curaba a los gamines, los llevaba a su casa, les despojaba de comunes e inmundos piojos, mientras vertía desinfectantes en olorosas heridas. Una recorría el camino de la muerte; la otra el de la vida. La motivación igual. El fin diverso.”

Beatriz, estamos seguros, se enfrentaba a la injusticia social, con la academia (era reconocida por sus compañeras como una buen estudiante, no por tener un promedio alto, sino por tener una devoción al conocimiento[2]), con la palabra, con los sueños, las esperanzas. Y una muestra de ello es que precisamente estaba allí recordando a las compañeras desaparecidas y masacradas y señalando como debe ser al culpable: el sistema, que irrisoriamente el mismo medio pretende desfigurar y restarle responsabilidad, guiando a la juventud a confrontarle de manera tímida, eso sí, dejando en claro que la injusticia Social se puede “curar en forma parcial, porque totalmente es imposible…”.

Termina la noticia recitando “Para Beatriz, solo existe la oscuridad. Para Liliana, la luz esplendorosa de la bondad y la esperanza. Cabe una pregunta: Cuál camino debe seguir la juventud?”. Y es claro que para Beatriz solo existe la oscuridad, la oscuridad de la Impunidad, del asesinato extrajudicial, del crimen de Estado que con la desinformación se confabulan para olvidar.

Pero es allí donde la memoria ilumina el camino, y nos hace reflexionar ¿Cuál camino debe seguir la Juventud?, ¿Aquél ilustrado por un medio de comunicación al servicio del sistema el cuál es el portavoz de una estructura criminal y autoritaria?

Cabe reflexionar el camino que creemos debemos asumir los jóvenes, el camino constante de construcción de otro mundo, donde la competencia, el individualismo y la sed de ganancia serán cosa del pasado. Creemos que los jóvenes debemos asumir un papel crítico y revolucionario en la destrucción de este mundo de mentiras, y sus principales formuladores –los medios masivos de comunicación- por ello creemos que el movimiento social debe ser su propio constructor de medios de difusión y de forjadores de opinión, haciendo un trabajo crítico, difundiendo la voz de las oprimidas y desposeídas, construyendo Comunicación para la confrontación.

[1]                Nota publicada el 19 de Mayo de 1991 en El Tiempo. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-85766

[2]        http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-85134